La Organización Internacional del Trabajo (OIT) encendió las alertas sobre Panamá en su informe 2026 por las reiteradas violaciones a la libertad sindical y el crecimiento del empleo informal, dos factores que, según el organismo, debilitan la democracia laboral y aumentan la vulnerabilidad social. La institución solicitó al país que en 2027 presente una memoria detallada de progresos y aconsejó solicitar asistencia técnica internacional para ajustar la legislación y las políticas laborales a los estándares globales de trabajo decente.
La OIT documentó el retroceso del diálogo social institucionalizado en Panamá, agudizado tras el rechazo parlamentario, en 2024, del proyecto para crear el Consejo Superior del Trabajo. Conforme al informe, este estancamiento mantuvo inoperantes desde 2020 a comisiones tripartitas claves, situación que ha provocado que “las decisiones sobre política económica y laboral se tomen de manera unilateral, ignorando las experiencias y aportes de los interlocutores sociales, quienes denuncian que sus voces son escuchadas solo de forma proforma, sin impacto real en la legislación”.
Libertad sindical bajo presión sostenida
Las observaciones del organismo internacional centran su preocupación en la aplicación del Convenio núm. 87 y recopilan múltiples denuncias sobre criminalización y persecución al sindicalismo. Un caso destacado es el del Sindicato único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), sometido a una estrategia de “asfixia económica” impulsada por la Resolución Ministerial núm. DM-063-2025. Esta resolución transfiere el control de las cuotas sindicales a instancias gubernamentales y, de acuerdo con la OIT, atenta contra la autonomía financiera de la organización. El informe además resalta detenciones de dirigentes y represión sistemática durante las huelgas docentes de 2025, con reemplazo masivo de educadores y arrestos arbitrarios, debilitando el derecho a la protesta.
Estas políticas, advierte la OIT, no solo dañan el derecho de asociación, sino que representan una erosión grave de los fundamentos democráticos en el ámbito laboral panameño.
El deterioro del diálogo social aparece como un problema estructural ante la OIT. Mientras el Gobierno atribuye la parálisis de los espacios tripartitos a disputas sobre la representatividad sindical, el organismo puntualiza que el Estado “no ha impulsado acciones contundentes para restablecer estos espacios”. La ausencia de foros operativos de interlocución laboral evita consensos efectivos y priva a las decisiones del aporte de los trabajadores.
Panamá sostiene restricciones legales consideradas obsoletas por la OIT, tales como la obligación constitucional de ser nacional para integrar juntas directivas sindicales y la prohibición de más de una asociación sindical por cada institución pública. El retraso deliberado en los trámites de personerías jurídicas, en ocasiones superior a un año, configura además una barrera administrativa que debilita el derecho de organización y consolida la fragilidad sindical en la función pública.
Empleo informal y brechas de género
El mercado laboral panameño presenta una dualidad alarmante: mientras el Plan Estratégico de Gobierno prevé más de USD 30.000 millones en inversiones para proyectos e infraestructuras, la economía real registra un 58,7% de informalidad en 2024, fenómeno que afecta con fuerza a mujeres y jóvenes. La OIT informa que el 78% de los contratos laborales registrados son temporales o por obra, y apenas el 22% responde a empleo indefinido, lo que conlleva que la mayoría de los trabajadores quede condenada a “la incertidumbre, limitando su acceso a la seguridad social, al crédito y a una estabilidad profesional que permita elevar el nivel de vida nacional”.
Respecto a la juventud, el informe detalla una tasa de desempleo juvenil cercana al 20% y del 26% entre mujeres jóvenes. El organismo internacional criticó la baja cobertura y el enfoque asistencialista de programas estatales como “Mi Primer Empleo” y “Aprender Haciendo”: solo 624 jóvenes accedieron recientemente a inserciones efectivas vía pasantías, además de persistir denuncias sobre la utilización de estos planes para cubrir vacantes regulares con salarios inferiores al mínimo y sin garantía de estabilidad.
La ausencia de un observatorio laboral independiente y de sistemas de monitoreo sólidos figura entre los obstáculos que, según la OIT, perpetúan medidas coyunturales y frenan el desarrollo de una política nacional de empleo alineada con la educación y con las reales necesidades productivas.
La segregación de género continúa como deuda histórica: la tasa de participación laboral femenina, de 51,8%, y el acceso a empleo formal se mantienen por debajo de la tasa masculina, que es de 74,4%. La OIT sostiene que la única vía para revertir este rezago es la inversión en infraestructura de cuidados y la redistribución de responsabilidades familiares, imprescindibles para que las mujeres transiten de la informalidad a la formalidad. Subraya la necesidad de consultas plenas y efectivas que permitan convertir la igualdad de oportunidades en indicadores tangibles de progreso.
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