
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió ante una audiencia en Madrid la permanencia del estado de excepción en su país, argumentando que el 96 % de la población respalda la medida, según una encuesta citada por el propio funcionario.
La declaración se produjo el martes durante una conferencia organizada por la World Law Foundation, donde defendió la medida. Según información reportada por EFE, Ulloa sostuvo que “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” bajo el régimen de excepción. Añadió que comparte el principio de que las medidas excepcionales “deben ser excepcionales, no permanentes”, aunque recalcó su necesidad actual y reiteró que la continuidad responde a la voluntad ciudadana, no a exigencias externas.
El estado de excepción fue aprobado a petición del presidente Nayib Bukele por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022. Inicialmente previsto para 30 días, el régimen ha sido prorrogado mensualmente y ha resultado en la detención de 91,000 personas, según cifras proporcionadas por el vicepresidente y recogidas por EFE.

Durante su intervención, Ulloa planteó: “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”. El vicepresidente citó una encuesta reciente que otorga un respaldo del 96 % a la continuidad del estado de excepción.
El gobierno de Bukele sostiene que las acciones bajo el régimen han permitido alcanzar lo que denominan “el milagro de la seguridad”, aunque el propio Ulloa reconoció la existencia de errores: “No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”. Según sus cifras, 8,000 personas han sido liberadas tras comprobarse su inocencia.
EFE detalló que el vicepresidente defendió la legalidad de todas las acciones emprendidas: “Absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas implementadas en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal. No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”.

No obstante, organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han solicitado el levantamiento del régimen. La CIDH ha documentado 7,000 denuncias de violaciones a derechos humanos en El Salvador que incluyen detenciones ilegales, torturas, la muerte de más de 400 personas privadas de libertad bajo custodia estatal y obstáculos en el acceso a la justicia.
En respuesta a estas acusaciones, Ulloa afirmó que los organismos críticos “reciben los reportes de organizaciones sin comprobarlos sobre el terreno y hacen las denuncias para recibir fondos”, negando la veracidad de las denuncias recogidas por la CIDH.
Durante la conferencia, el vicepresidente también respaldó las políticas migratorias de Estados Unidos, defendiendo la soberanía estatal para legislar en materia migratoria y desmintiendo reportes sobre malos tratos a migrantes deportados desde ese país a El Salvador.
EFE subrayó que el debate sobre la permanencia del estado de excepción continúa tanto en la opinión pública salvadoreña como la de la comunidad internacional.
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