Teherán anunció la creación de un comité para investigar la violencia registrada durante las protestas de enero, pero la decisión generó escepticismo en sectores políticos y sociales que reclaman una pesquisa independiente.
El Jefe de Estado Masoud Pezeshkian informó la semana pasada la conformación de un órgano destinado a examinar las causas y consecuencias de los disturbios. La portavoz de su administración, Fatemeh Mohajerani, precisó que el comité reúne documentos y testimonios vinculados con los hechos de violencia.
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La iniciativa despertó cuestionamientos en distintos sectores del espectro político iraní. Dirigentes, analistas y medios reformistas pusieron en duda que un panel designado por el propio régimen pueda investigar con imparcialidad episodios en los que instituciones estatales enfrentan acusaciones de responsabilidad.
En paralelo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó una misión internacional independiente para investigar presuntas violaciones graves de derechos humanos relacionadas con las protestas. Esa misión se estableció tras el levantamiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022 y su mandato se extendió en enero de 2026. Hasta el momento, las autoridades iraníes no autorizaron su ingreso al país y rechazaron cooperar con la investigación, a la que calificaron de políticamente motivada.
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Incluso voces moderadas, que suelen respaldar cambios graduales dentro del sistema, expresaron reservas sobre la credibilidad de la iniciativa oficial. El diario reformista Tose’e Irani sostuvo que la reconstrucción de la confianza pública exige la participación de figuras ajenas al Estado.
“Para que el informe del comité que investiga los acontecimientos de enero sea creíble”, señaló el periódico, debe incluir “abogados independientes, activistas de derechos humanos e incluso académicos iraníes destacados que viven en el extranjero”.
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El periodista Ahmad Zeidabadi, citado por el medio local Iran Internacional, advirtió que cualquier pesquisa interna enfrentará una profunda sospecha social. “¿Cuál es el problema de invitar al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a enviar un equipo profesional para investigar?”, escribió, y agregó que “solo un informe internacional creíble puede poner fin al conflicto de narrativas”.
El abogado y activista político Hassan Younesi instó al presidente a promover una investigación genuinamente independiente. El periodista Hossein Yazdi afirmó que un comité solo generará confianza si lo integran personas “que no estén ellas mismas acusadas”.
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La desconfianza pública se inscribe en una historia más amplia de investigaciones oficiales controvertidas. Numerosos iraníes mencionan antecedentes como el ataque a residencias estudiantiles en Teherán en 1999, el derribo en 2020 de un avión de pasajeros ucraniano que causó 176 muertes y la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la llamada policía de la moralidad, casos en los que las explicaciones oficiales recibieron fuertes cuestionamientos.
La oficina presidencial informó que 3.117 personas murieron durante los disturbios de enero, entre ellas más de 2.400 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad que, según las autoridades, fallecieron a manos de “agentes enemigos extranjeros”.
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Esa cifra enfrenta impugnaciones. Grupos de derechos humanos y medios independientes difundieron balances considerablemente más altos que sitúan el número de muertos en hasta 36.500.
Las sospechas también crecieron tras revelaciones desde el propio ámbito político. En un audio filtrado pro el medio Iran International, el dirigente reformista Ali Shakouri-Rad afirmó que instituciones de seguridad “inyectaron deliberadamente violencia en la escena” para justificar una represión amplia y describió esa conducta como “sistemática” en las políticas de seguridad del país.
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El ex presidente Mahmoud Ahmadinejad formuló acusaciones similares y sostuvo que sectores dentro del Estado resultaron responsables de muertes durante las protestas.
Pezeshkian calificó en un primer momento las declaraciones de Shakouri-Rad como “injustas”. Posteriormente, moderó su postura y afirmó que ordenó un examen adicional de las acusaciones y autorizó una revisión complementaria a través de funcionarios competentes.
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