
La protección de la niñez en situación de calle y con conexión a la calle se ha convertido en una de las prioridades del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), que desarrolla el Plan Niñez Segura en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría General de la República. Estas acciones buscan atender a niños que viven en las calles o que, aunque conservan un hogar, pasan largas horas en entornos públicos debido a las condiciones económicas de sus familias.
Linda Amaya de Morán, directora ejecutiva de Conapina, explicó que existen dos categorías: “El niño en situación en calle es el que vive en la calle las 24 horas, mientras que el niño en conexión con calle es aquel que, por ejemplo, acompaña a su madre vendedora informal y permanece en la calle tras salir de la escuela”. La funcionaria, entrevistada por Astrid Ávalos en la entrevistada AM de Canal 10, remarcó que el plan impulsado por Conapina abarca ambos escenarios y que el trabajo impulsado ha permitido reducir la presencia de menores en situación de calle en los últimos años.
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El abordaje de esta problemática se realiza a través de operativos anuales que identifican puntos críticos como semáforos y zonas comerciales. Los equipos de Conapina intervienen en el lugar, dialogan con los menores y sus familias y buscan determinar el origen de la situación. “El tema de la niñez en situación de calle no solo responde a la voluntad del niño, muchas veces hay adultos detrás”, señaló Amaya de Morán.
El Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General de la República y organizaciones sociales participan en estos procedimientos, que incluyen la elaboración de un plan de vida para cada familia. La directora de Conapina explicó que se ofrece capacitación en oficios cortos, adaptados a las necesidades de la comunidad, para que los adultos responsables puedan generar ingresos y reducir la dependencia del trabajo infantil. “Nuestros equipos acompañan a las familias durante un año, con seguimiento personalizado para facilitar la reintegración social y económica”, afirmó la funcionaria.
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La Ley crecer juntos, aprobada en 2023, regula la edad mínima para el trabajo adolescente y establece parámetros claros para distinguir entre las actividades colaborativas en el hogar y la explotación laboral. “Ayudar en casa puede ser levantar el plato o mantener el orden, pero no generar actividad económica para la familia”, puntualizó la funcionaria. El plan ha logrado avances en sectores históricamente vulnerables al trabajo infantil, como el sector azucarero y la construcción, donde se reporta una reducción significativa de menores empleados.
La identificación de casos de explotación laboral requiere una evaluación exhaustiva por parte de los equipos especializados. “Nuestros profesionales están preparados para detectar alertas y actuar en consecuencia”, aseguró la directora de Conapina. En situaciones que lo ameritan, se canalizan las denuncias a la Fiscalía o se activa el protocolo de protección a través de las juntas de protección, que pueden dictar medidas administrativas y acompañamiento psicosocial.
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El trabajo articulado con la PNC y la Procuraduría General de la República resulta esencial para garantizar la seguridad de los niños durante los operativos y para asegurar que las intervenciones sean respetuosas de los derechos de la infancia. “Se busca evitar que los niños sean revictimizados y que cada acción tenga como prioridad su interés superior”, remarcó Amaya de Morán.
Además de las acciones directas en calle, Conapina cuenta con programas de atención en centros de acogimiento institucional (CAI), donde se brinda atención integral a menores en situación de alta vulnerabilidad. Estos centros ofrecen alojamiento, cuidado, educación, atención médica y programas extracurriculares para favorecer el desarrollo físico, emocional y social de los niños y adolescentes.

El trabajo en los CAI se realiza con equipos multidisciplinarios, que incluyen abogados, psicólogos, trabajadores sociales y personal médico, para abordar las necesidades específicas de cada caso. La institución promueve, en la medida de lo posible, la reunificación familiar, siempre bajo estricta supervisión y con seguimiento profesional.
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El modelo actual de atención, impulsado por la administración de la primera dama Gabriela de Bukele, prioriza la prevención y la restitución de derechos. “Nada se ha hecho al azar, cada programa responde a evidencia y a las necesidades de la niñez”, enfatizó la directora ejecutiva de Conapina.
La labor de la institución se desarrolla en comunidades que antes estuvieron asediadas por la violencia y la exclusión, como La Campanera, Las Margaritas y Tutunichapa, donde se han inaugurado espacios comunitarios de atención psicosocial. Estos centros ofrecen apoyo psicológico, actividades de integración y acompañamiento a niños y adolescentes que han vivido situaciones adversas.
La experiencia acumulada y la colaboración interinstitucional han permitido a Conapina avanzar en la reducción del trabajo infantil y en la protección integral de los niños más vulnerables. El objetivo es asegurar que ningún niño tenga que vivir o trabajar en la calle y que cada familia cuente con alternativas dignas para salir adelante.
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