Un juez federal de Estados Unidos ordenó que más de 130 venezolanos que permanecieron cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) de El Salvador puedan regresar a territorio estadounidense para continuar sus procesos migratorios, según informó la agencia EFE. La decisión representa un revés para la política de deportaciones impulsada por la administración de Donald Trump, que utilizó instalaciones de máxima seguridad en el extranjero como parte de sus medidas de control migratorio.
El magistrado James Boasberg instruyó al gobierno estadounidense a permitir el ingreso de los venezolanos que fueron trasladados al CECOT en marzo de 2025 y precisó que el Ejecutivo debe cubrir los costos de los pasajes aéreos y proveer la documentación necesaria para el retorno, de acuerdo con lo reportado por EFE. Los migrantes serán puestos bajo custodia al arribar a Estados Unidos, después de haber sido enviados a Venezuela en julio como parte de un intercambio de prisioneros.
El CECOT, inaugurado en 2023 y considerado la prisión de máxima seguridad más grande de América Latina, se localiza en el municipio de Tecoluca. El gobierno salvadoreño, bajo el mando de Nayib Bukele, ha presentado este centro como un símbolo de su política de mano dura contra el crimen organizado.
El CECOT en El Salvador ha surgido como un referente regional, luego de que gobiernos de países como Chile, Costa Rica y Guatemala buscan replicar aspectos de su modelo para enfrentar la delincuencia organizada.
Recientemente, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó el país y expresó su interés en aprender “cómo se ha logrado la pacificación en El Salvador” y evalúa alternativas de aplicación en el contexto chileno, donde el crimen organizado y las demandas sociales presionan por respuestas contundentes.
EFE detalló que la transferencia de los venezolanos al CECOT se realizó tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la Casa Blanca, una norma habitualmente reservada para escenarios de guerra.
La demanda, presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, sostiene que la deportación fue ilegal y que El Salvador encarceló a los migrantes a cambio de un pago acordado con Estados Unidos. Según los documentos judiciales, los venezolanos fueron señalados por la administración Trump como presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional, sin que se presentaran pruebas ante la corte.
EFE subrayó que en diciembre pasado el juez Boasberg ya había determinado que el gobierno estadounidense negó el debido proceso a este grupo y debía ofrecerles la posibilidad de una audiencia. En la resolución más reciente, el magistrado certificó una demanda colectiva, lo que permitirá a todos los migrantes enviados al CECOT impugnar su designación oficial como enemigos extranjeros de Estados Unidos.
La Casa Blanca enfrenta un litigio adicional por el caso de Kilmar ábrego García, un ciudadano salvadoreño expulsado junto a los venezolanos y posteriormente retornado a Estados Unidos por orden judicial. La utilización del CECOT para alojar a migrantes removidos de territorio estadounidense ha generado un debate internacional sobre los límites legales y éticos de las políticas migratorias, según lo informó EFE.
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