
El Gobierno de El Salvador ha solicitado la autorización para suscribir un préstamo por hasta US$75.000.000 con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el fin de financiar la segunda fase del Programa Doctor SV y fortalecer la plataforma nacional de telemedicina. La propuesta, enviada por el viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez, fue remitida a la Asamblea Legislativa y será estudiada por la Comisión de Hacienda.
La solicitud fue admitida como única correspondencia de la sesión plenaria que se desarrolló este miércoles.
El contrato plantea un plazo máximo de 18 años para el pago, con un periodo de gracia de 54 meses desde la entrada en vigencia del acuerdo, antes de iniciar la amortización. Según los términos presentados, la primera cuota deberá pagarse al finalizar este periodo inicial, y los siguientes pagos se realizarán de forma semestral hasta la cancelación total del préstamo, siguiendo el calendario que establezca la CAF.
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El Gobierno de El Salvador busca, a través de este financiamiento, garantizar la sostenibilidad y expansión del Programa Doctor SV, una iniciativa de atención médica basada en tecnología avanzada, con el objetivo de ampliar la cobertura nacional y asegurar el acceso a la salud por medio de telemedicina.

Varios préstamos CAF
Este no es el primer préstamo que el gobierno salvadoreño va a dquirir con la entidad financiera internacional. Entre los proyectos recientes, montados por el Ejecutivo, figura el “Programa para el fortalecimiento de espacios públicos para la sostenibilidad de la seguridad y la recuperación del tejido social en El Salvador”, dotado con $68 millones, que se ejecutará en cuatro departamentos: San Salvador, San Miguel, La Libertad y Sonsonate. Esta iniciativa, que pondrá especial énfasis en zonas consideradas estratégicas, como el Centro Histórico de San Salvador, contará con un plazo de ejecución de 18 años y contemplará un periodo de gracia de cinco años. La atribución oficial de estos datos corresponde al Ministerio de Hacienda.
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Otra intervención destacada es el préstamo por $75 millones, orientado al “Programa de mejora ambiental, agua potable y saneamiento en la cuenca alta del Río Lempa (Trifinio) y puerto de La Libertad”. Al igual que el plan de espacios públicos, este crédito dispone de un horizonte de 18 años y 60 meses de gracia, según reflejan los contratos ratificados por los diputados oficialistas.
El Ministerio de Hacienda anunció en redes sociales que el 19 de marzo organizó, junto al CAF, el Taller Regional de Direcciones de Crédito Público, en línea con la estrategia de cooperación financiera.
El ingreso efectivo de El Salvador a la CAF fue posible a partir de la aprobación parlamentaria en febrero de 2022 para la compra de acciones por más de $460 millones, lo que habilitó el acceso a esta fuente de financiamiento regional.
Desde fines de ese año hasta marzo de 2024, el país ha cerrado siete acuerdos de préstamo. El primero de ellos, aprobado en noviembre de 2022, asignó $75 millones al “Préstamo sectorial de apoyo al sector salud de El Salvador en el marco de la pandemia covid-19”. Posteriormente, el 5 de enero de 2023 se formalizó un préstamo de $150 millones para el “Programa sectorial de apoyo para el equipamiento y capacitación docente en tecnología e innovación y reducción de la brecha digital para el aprendizaje”, y otro por $75 millones para el “Programa sectorial de apoyo a la infraestructura de transporte resiliente al cambio climático”.
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El cuarto crédito, aprobado durante la sesión plenaria del 4 de julio de 2024, destinó $75 millones al “Programa para la transformación del clima de negocios de El Salvador, a través de la facilitación del comercio e inversiones”. Este plan contempla la simplificación y digitalización de trámites, así como el desarrollo de “Aduanas Inteligentes” y mejoras en los puestos fronterizos de La Hachadura, Las Chinamas, San Cristóbal y el puesto aduanero en San Bartolo.
En diciembre de 2023 se sumó un crédito de $77 millones para establecer un “sistema de telemedicina” en El Salvador. El proyecto comprende infraestructura digital, equipamiento físico, fortalecimiento de capacidades, desarrollo normativo y evaluaciones de impacto.
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