La demanda de restauración de derechos al Gobierno de Nicaragua cobró fuerza con el reclamo público de Gonzalo Carrión, activista del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua.
Desde Costa Rica, Carrión exigió la devolución de su nacionalidad, de sus bienes y del acceso a su pensión de vejez, tras haber sido uno de los 452 nicaragüenses desnacionalizados bajo la acusación de “traición a la patria”, en el marco de una política estatal que ha dejado sin ciudadanía y patrimonio a centenares de opositores.
En un mensaje difundido a medios, Carrión solicitó la “abolición de todas las leyes represivas, incluyendo” las que avalan la pérdida de la nacionalidad y la confiscación de bienes.
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Recordó que el 9 de febrero de 2023, 222 expresos políticos fueron desterrados a Estados Unidos, a quienes posteriormente se les retiró la nacionalidad y los derechos sobre sus propiedades en Nicaragua.
La cifra de apátridas aumentó seis días después con otros 94 nicaragüenses, entre ellos el obispo Rolando álvarez, y se completó en septiembre de 2024 con el destierro de 135 personas más a Guatemala.
Según Carrión, la política de desnacionalización constituye “crímenes de lesa humanidad”. Además de la privación de ciudadanía, denunció la confiscación de sus bienes y la suspensión de su pensión, resultado de años de aportes laborales en Nicaragua. Asegura que la represión se sostiene en un marco legal que permite al Gobierno anular la identidad y los derechos civiles de quienes manifiestan disidencia.
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El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, con sede en Costa Rica, ha venido documentando estas prácticas y sostiene que el exilio y el despojo patrimonial se han convertido en herramientas de castigo dirigidas contra opositores, según informó la agencia EFE.
El dirigente opositor y exreo político Juan Sebastián Chamorro también fue despojado de su nacionalidad y bienes tras ser desterrado a Estados Unidos. En su mensaje, expresó confianza en un futuro distinto: “Lo peor de nuestro sufrimiento lo hemos dejado atrás y que lo mejor se viene por delante”. Chamorro, coordinador del movimiento Ciudadanos por la Libertad (CxL) y familiar de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, vinculó su optimismo a la presión internacional, especialmente la impulsada por la administración de Donald Trump contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
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Chamorro instó a los nicaragüenses a “seguir con esperanza” y trabajar por la recuperación de la libertad y los derechos fundamentales en el país.
Un país bajo crisis política persistente
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se intensificó tras las elecciones de noviembre de 2021. En esos comicios, Daniel Ortega, quien ocupa la presidencia desde 2007 y fue reelegido para un quinto mandato —el cuarto consecutivo—, enfrentó la contienda sin rivales reales: los principales opositores fueron encarcelados y posteriormente expulsados, acusados de “golpistas” y de traición a la patria.
La represión incluyó la retirada de nacionalidad y derechos civiles para los disidentes, consolidando un patrón de exclusión y exilio forzado que ha sido denunciado por diversas organizaciones de derechos humanos.
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