Las reformas en servicios internacionales de El Salvador abren puertas a empresas

Salvador puso en marcha este 24 de enero las reformas a la Ley de Servicios Internacionales, con el objetivo de atraer capital y ampliar el empleo, decisión respaldada por la Asamblea Legislativa el pasado 14 de enero. Estas modificaciones buscan potenciar la competitividad nacional y actualizar los parámetros para que tanto inversores locales y extranjeros como empresas activas puedan beneficiarse de este marco normativo, potenciando el esquema de incentivos fiscales y aduaneros diseñado por la legislación vigente desde 2007.

Entre los cambios más relevantes, se destaca que las empresas beneficiadas están ahora habilitadas para incorporar varias líneas de actividad dentro de un mismo proyecto y distribuir las áreas verdes exigidas por la norma. Con la reforma, el 30 % del área total de los parques de servicios deberá estar destinada a áreas verdes, aunque hasta un 20 % de esa proporción podrá situarse fuera del parque, siempre y cuando cumpla con los criterios técnicos de compensación ambiental y obtenga la autorización correspondiente de las autoridades de ordenamiento territorial y construcción.

El incumplimiento de los requisitos estipulados por la ley privará a la empresa de los beneficios e incentivos fiscales asociados, según figura en las últimas publicaciones del Diario Oficial de El Salvador. El régimen actual permite la exoneración del Impuesto sobre la Renta, impuestos municipales, impuesto sobre transferencia de bienes raíces y aranceles a empresas exportadoras de servicios como call centers, tecnologías de información, servicios médico-hospitalarios y atención a ancianos.

Para calificar como usuarios directos que presten servicios de procesos empresariales, empresas nacionales o extranjeras deberán realizar una inversión mínima de $150,000 en activos desde el primer año de operaciones (anteriormente, este gasto debía ejecutarse en los primeros seis meses) y generar al menos 10 puestos permanentes de trabajo. En caso de los servicios médico-hospitalarios, el umbral es de $1 millón en inversión, también desde el primer año, junto a un mínimo de 10 empleos, edificaciones de no menos de 4.000 metros cuadrados y la presentación de un plan de negocios, además del cumplimiento de las normas de seguridad respectivas.

La reforma especifica que para los servicios destinados a la atención de ancianos y personas convalecientes, se requerirá una inversión de $250,000 desde el primer año de operación y la creación de al menos 10 empleos. Por su parte, en los centros de servicios —espacios de mayor envergadura que permiten diversas actividades bajo un mismo techo— los requisitos se modifican de la siguiente forma: quienes soliciten certificación para procesos empresariales, tecnologías de información o cinematografía tendrán que invertir al menos $250,000 desde el primer año, mantener un mínimo de 20 empleos permanentes y presentar un contrato escrito con duración mínima de seis meses, además de un plan de negocios.

En relación a los servicios médico-hospitalarios bajo la figura de centros de servicios, la ley exige una inversión de $2 millones en activos fijos y la creación de al menos 15 empleos desde el primer año de operaciones. Para los centros de atención a ancianos y convalecientes, la cifra se eleva a $500,000, y el número de empleos mínimos es de 15.

Los servicios especializados para aeronaves deberán invertir un mínimo de $500,000 en activos fijos y capital de trabajo, generando no menos de 50 empleos permanentes, también a partir del primer año de actividad.

Las reformas también buscan mayor flexibilidad operativa. Las empresas podrán “adicionar una o más actividades beneficiadas” dentro del régimen, homologando parte del modelo que ya se aplica en la Ley de zonas francas. Toda actualización de este marco pretende reforzar la condición de El Salvador como polo de servicios internacionales.

Se mantienen los incentivos fiscales para empresas que cumplan los nuevos criterios y orienten sus servicios a mercados extranjeros, especialmente en rubros donde la tecnología y la exportación cobran protagonismo. Según comunicó Clarissa Valdebrán, directora de Inversiones, en septiembre pasado, al menos 30 empresas ya acceden a los beneficios de la Ley de Servicios Internacionales.

Para su aprobación, la ley obtuvo 57 votos de 60 curules y hasta esta semana apareció su publicación en el Diario Oficial salvadoreño.