Franquicias globales, empresas locales y el Estado: el efecto dominó de la ley Quincena 25

La reciente aprobación de la ley “Quincena 25” en El Salvador provocó que compañías de todos los sectores, desde franquicias internacionales hasta actores económicos locales, decidieran adherirse a esta iniciativa, que promete un pago adicional del 50% sobre el salario mensual a trabajadores que perciban hasta USD 1.500 al mes.

Esta medida, impulsada por el Gobierno y respaldada de manera enfática por la Corporación Multi Inversiones (CMI), buscará reforzar el ingreso de miles de empleados y constituye, según la propia organización, una acción que contribuye a garantizar un trabajo digno y el desarrollo de las familias salvadoreñas.

En 2026, la cobertura será automática para los trabajadores del sector público, incluidos militares y empleados municipales, siempre y cuando se encuentren activos y cumplan con los requisitos legales al momento de recibir el beneficio. En el sector privado, el decreto establece que la implementación de la “Quincena 25” será voluntaria.

No obstante, ofrecerá un crédito tributario que los empleadores podrán utilizar para descontar del Impuesto sobre la Renta de 2026; el remanente no absorbido podrá utilizarse para otras obligaciones fiscales, conforme estipula la normativa.

Esta herramienta incluirá a los usuarios de Zona Franca y de regímenes especiales, quienes tendrán la posibilidad de negociar y transferir el crédito tributario.

De acuerdo con la publicación de CMI en la red X, la disposición “crea una oportunidad para reconocer el esfuerzo de los salvadoreños”, en línea con su misión institucional de fomentar el desarrollo económico y social. La empresa reiteró su respaldo a la ley y afirmó: “Creemos en el trabajo digno y en el desarrollo de nuestros colaboradores y sus familias”, destacando la trascendencia social de la medida.

Diversas empresas decidieron sumarse a la iniciativa, desde cadenas internacionales como Pizza Hut, Wendy’s, China Wok, KFC y Starbucks, hasta otras de origen salvadoreño como Super Selectos y Urbánica.

Además, el sector de clínicas dentales, almacenes de ropa, restaurantes y proveedores de electrodomésticos figura entre los participantes, ampliando el alcance de este beneficio salarial.

La ley, ratificada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, determina que el pago extraordinario se efectúe entre el 15 y el 25 de enero de cada año, exclusivamente para quienes cumplimenten los requisitos estipulados para el aguinaldo —aunque ambas prestaciones mantienen distinciones legales—.

Este ingreso complementario no se sujetará a retenciones ni descuentos, tampoco a aportes a la Seguridad Social o al Régimen Previsional, y se considerará renta no gravable, según el decreto.

En circunstancias de despido sin justa causa, el trabajador que hubiera cumplido los requisitos mantendrá el derecho a la prestación, y la suma se calculará proporcionalmente conforme al Código de Trabajo y la Ley sobre la Compensación Adicional en Efectivo.

El Ministerio de Hacienda emitirá certificados de crédito tributario de acuerdo con la declaración anual, mientras que los Ministerios de Trabajo, Economía y Hacienda quedarán facultados para dictar la normativa administrativa que garantice la correcta aplicación y fiscalización del “Quincena 25”.

El decreto confiere a este beneficio un status especial, por lo que prevalecerá sobre cualquier otra disposición contrapuesta en materia laboral o tributaria, consolidando un nuevo parámetro en la protección y reconocimiento salarial en El Salvador.