Las inundaciones ocurridas en Ciudad Marsella 2, San Juan Opico, han desencadenado una profunda crisis en la gestión de permisos de construcción y un intenso debate sobre la responsabilidad empresarial en El Salvador.
Al menos 20 viviendas resultaron afectadas durante la noche del 10 de enero de 2026 tras intensas lluvias, lo que llevó a la suspensión nacional de permisos de construcción para la empresa Salazar Romero y sus compañías asociadas.
Esta decisión, anunciada por la ministra de Vivienda Michelle Sol, se mantendrá vigente hasta que la constructora repare los daños e implemente medidas legales y técnicas suficientes para proteger a las familias.
El alcance de la emergencia se reflejó con nitidez en las imágenes y videos difundidos en redes sociales, en los que se aprecia la magnitud de las inundaciones que azotaron además otras zonas como Quezaltepeque, El Boquerón y áreas cercanas al Lago de Ilopango.
Personal de Protección Civil acudió de inmediato para evaluar los daños y atender a los residentes, mientras la preocupación crecía en torno a la solidez de la infraestructura entregada y la adecuada supervisión de las obras.
Un reporte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) reveló, que la empresa constructora había entregado viviendas en áreas donde las calles y los sistemas de drenaje no estaban completamente terminados, lo que incrementó los efectos negativos provocados por la tormenta en Ciudad Marsella 2.
El análisis técnico identificó que el quartier 11 padeció los daños más severos por situarse en la cota más baja del conjunto habitacional y por la acumulación de tierra procedente de las obras, que obstruyó los desagües existentes.
Más control en construcciones
El director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador OPAMSS, Luis Rodríguez, defendió este martes la política de control de permisos tras la oleada de críticas.
En una entrevista en el programa Diálogo de canal 21 el funcionario subrayó que “se niegan permisos en zonas no intervenibles” y que las evaluaciones técnicas avanzan caso por caso.
Rodríguez explicó, de acuerdo con la misma fuente, que “los proyectos se revisan de forma directa con los inversionistas para asegurar su viabilidad y el cumplimiento de los criterios ambientales y técnicos”, advirtiendo que los permisos solo se emiten tras comprobar que las condiciones cumplen con la normativa.
El incidente ha exacerbado el reclamo social por una mayor vigilancia de las autoridades hacia las constructoras. Residentes y representantes municipales han exigido controles más rigurosos y sanciones ejemplares cuando se detecten incumplimientos, según reiteró elsalvador.com.
Ante la presión pública, Global Developers, vinculada al desarrollo de Ciudad Marsella, emitió un pronunciamiento que se difundió en redes sociales: “Lamentamos profundamente lo sucedido y convocamos a los residentes a una reunión para abordar la situación”.
La empresa aseguró que llevará a cabo las reparaciones necesarias tras el impacto de la tormenta.
Finalmente, las autoridades han anunciado la realización de nuevas inspecciones técnicas, con el objetivo de precisar el origen y delimitar las responsabilidades por las inundaciones.
El enfoque sigue puesto tanto en la integridad de las soluciones urbanas como en la reparación integral de los daños ocasionados a decenas de familias.
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