La Argentina tiene la inversión educativa más desigual de la región

El dinero en educación no es condición suficiente, pero sí necesaria. Y Argentina, en términos de equidad, es el país que peor distribuye su inversión en Sudamérica. De acuerdo con un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene la brecha de financiamiento más amplia de la región.

El estudio del BID analizó seis sistemas de financiamiento educativo: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Por amplio margen, el argentino resultó ser el que más dinero invierte por estudiante entre las regiones de alto nivel socioeconómico en detrimento de las zonas más pobres. Una diferencia de alrededor de 4.500 dólares por alumno a favor de las regiones de NSE alto.

Detrás de Argentina, el segundo sistema más desigual es el de Brasil. No es casualidad que se trate de los únicos dos países federales que analiza el estudio. El financiamiento educativo, en buena medida, depende de los gobiernos provinciales y de los fondos que generen los distritos.

En las últimas semanas, a partir de la quita de un punto a la Ciudad de Buenos Aires, se reavivó el debate por la coparticipación. Si bien el esquema pretende igualar, termina siendo regresivo. Las provincias con menor capacidad de recaudación, con Catamarca, Formosa y La Rioja a la cabeza, reciben más recursos por cápita que CABA, la provincia de Buenos Aires o Córdoba.

Más allá de que la coparticipación no es exclusivamente para inversión escolar -y que, de hecho, la educación suele representar menos de lo deseable-, las provincias de la Patagonia son las señaladas por los expertos del BID como las responsables de quebrar la pretensión de equidad. Pese a estar entre las más ricas, reciben un mayor nivel de ingresos para compensar el alto costo de vida, los servicios y el transporte.

“El régimen de coparticipación se diseñó para beneficiar a las provincias menos desarrolladas, pero la distribución de los fondos de coparticipación termina siendo regresiva. No obstante, si excluyésemos del análisis a las provincias sureñas, se tornaría progresiva”, concluye el informe.

Algunos países tienen fondos nacionales para paliar esas desigualdades, para que los alumnos de las regiones más pobres no se vean perjudicados y no se reproduzca la pobreza entre las generaciones. En Brasil, por ejemplo, funciona el Fundeb, el fondo para el mantenimiento y desarrollo de la educación básica, que busca compensar pero no alcanza para resolver la brecha entre Estados. En Perú, otro ejemplo, los docentes que trabajan en zonas rurales cuentan con incentivos salariales.

La investigación respalda la premisa de que a mayor financiamiento, mejor rendimiento escolar. En los alumnos más vulnerables esa correlación se ve con claridad: más posibilidades de movilidad social ascendente, de percibir salarios más altos en la adultez, en especial si se acompaña la inversión con programas de capacitación a los docentes que trabajan con ellos.

Los autores marcan la pandemia como un posible punto de quiebre. El aumento y la mejora en la distribución del financiamiento educativo van a ser elementos cruciales para equilibrar las pérdidas de aprendizaje de este año, con un porcentaje de alumnos -en Argentina se calcula cerca de un millón- que perdió por completo el vínculo con la escuela. A eso se le sumarán dos variables que exigirán un aumento de la inversión: por un lado, habrá que ir a buscar a los alumnos que se caigan del sistema y, por otro, con la crisis que dejará la pandemia, es probable que muchas familias de clase media migren hacia la escuela pública.

Chile, el más equitativo

Los datos del estudio contradicen un prejuicio en torno al sistema educativo chileno, etiquetado como neoliberal y desigual. Al contrario, entre los seis países analizados, se eleva como el de financiamiento más equitativo. A tal punto que el gasto por alumno es más alto en el quintil más pobre que en el más rico de su población.

El modelo chileno quizás sea uno de los más singulares del mundo. En vez de financiar a la oferta como es habitual, financian a la demanda. Subvencionan a los alumnos en lugar de a las escuelas: les dan los famosos vouchers. Eso genera una lógica de mercado, de competencia entre las escuelas por la matrícula. Una institución es penalizada si pierde sus alumnos; caen sus recursos al compás de la caída de su alumnado.

“La etiqueta de neoliberal es completamente anacrónica. Chile lleva 20 años con un Estado ultra activo en educación, con apoyos muy fuertes. Es una ecuación entre mercado y Estado, entre presión y apoyo a las unidades y a los actores”, explicó el investigador chileno Cristián Cox, especialista en políticas educativas, en una entrevista con Infobae el año pasado.

En 2008, Chile dio un paso clave hacia un reparto más equitativo de los recursos. Promulgó la Ley de Subsidio Escolar Preferencial (SEP), que contempla transferencias extras del Estado a aquellas escuelas que inscriben a los alumnos más vulnerables.

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