La economía del cambio de régimen

El cambio de régimen se considera a menudo un punto de inflexión económico. Empobrecidos por años de indisciplina fiscal, controles de precios y decadencia estatal, casi siete de cada diez venezolanos creen que sus medios de vida mejorarán durante el próximo año, ahora que Estados Unidos ha depuesto a su incompetente dictador, Nicolás Maduro. Muchos iraníes que protestan valientemente contra sus gobernantes teocráticos por el declive del nivel de vida deben albergar esperanzas similares. Sin embargo, aunque los momentos políticos pueden llegar de forma abrupta, como han aprendido Maduro y los ayatolás, los resultados económicos tardan más en ajustarse.

Los economistas han intentado durante mucho tiempo determinar el efecto de la agitación política sobre el crecimiento. Las primeras respuestas fueron pesimistas. En la década de 1990, cuando las regresiones de crecimiento entre países estaban de moda, Alberto Alesina, de la Universidad de Harvard, y sus coautores descubrieron que los frecuentes cambios de gobierno se asociaban con un crecimiento más lento. Robert Barro, también de Harvard, demostró que las revoluciones y los golpes de Estado iban de la mano con una menor inversión, en gran medida porque socavaban los derechos de propiedad. La inestabilidad política, en promedio, parecía perjudicial para los negocios. Sin embargo, esos promedios ocultaban variaciones notables. La transición de Rusia a principios de la década de 1990 terminó en colapso. Corea del Sur después de 1987 y Polonia después de 1989 sufrieron perturbaciones, pero luego se recuperaron. En otras palabras, choques políticos similares produjeron resultados económicos muy diferentes.

La democracia por sí sola no explica la divergencia. Las transiciones democráticas en países como Ecuador y Rumania no propiciaron un crecimiento sólido. Como demostraron Alesina y sus coautores, las democracias no superan con creces a las autocracias durante períodos de agitación. El factor decisivo es si una ruptura convence a los hogares y las empresas de que las reglas económicas a las que se enfrentan han cambiado realmente y perdurarán. En un artículo de 1991, Dani Rodrik demostró cómo la incertidumbre sobre la longevidad de las reformas puede desalentar la inversión incluso cuando las políticas parecen sólidas en teoría. Chile, después de 1990, ilustra la dinámica opuesta. La democracia regresó, pero el nuevo gobierno de centroizquierda conservó el marco económico heredado. Al mantener la disciplina fiscal, los mercados abiertos y los derechos de propiedad, aseguró a los inversores la estabilidad de las reglas. La confianza se mantuvo y el crecimiento se mantuvo sólido.

Serbia, en octubre de 2000, ofrece el ejemplo más claro de una ruptura que redefinió las expectativas. Slobodan Milosevic cayó tras negarse a aceptar una derrota electoral, en medio de la inolvidable imagen de una excavadora estrellarse contra una emisora ​​estatal en Belgrado. El nuevo gobierno actuó con rapidez para reincorporarse a la economía mundial. Restableció las relaciones con el FMI y la Unión Europea, reabrió el comercio y estabilizó la macroeconomía. La inflación, que había promediado casi el 50% anual en los cinco años anteriores, se redujo a más de la mitad en los cinco años siguientes. El crecimiento promedió más del 6% anual y el capital extranjero regresó. Muchas reformas estructurales, desde la privatización bancaria hasta la lenta liquidación de las empresas estatales, llegaron posteriormente. Los primeros avances provinieron de la creencia popular de que las reglas del juego habían cambiado para siempre.

Compare esto con Túnez en 2011. La Revolución de los Jazmines derrocó a Zine el-Abidine Ben Ali, mientras los manifestantes, impulsados ​​por la promesa de un poeta de que el destino respondería a las aspiraciones populares, se vieron obligados a celebrar elecciones competitivas y una constitución democrática. Sin embargo, la economía permaneció estancada en sus viejos hábitos. Los sucesivos gobiernos intentaron comprar tranquilidad con un mayor gasto y una nómina pública en expansión, mientras posponían decisiones más difíciles sobre subsidios, empresas estatales y mercados laborales rígidos. La corrupción regresó con las mismas formas que nos son familiares. Para 2018, la confianza en el gobierno se había reducido a la mitad. Los inversores vieron nuevas políticas superpuestas a la vieja economía. El desempleo juvenil, la queja original, apenas se movió. El destino puede responder a las aspiraciones; los mercados son más difíciles de persuadir.

Libia ilustra el resultado más destructivo. Muamar el Gadafi cayó rápidamente en 2011. Poco después, el estado se sumió en una guerra civil. Gobiernos rivales y milicias lucharon por el territorio y el control de los ingresos petroleros. Sin una autoridad capaz de gravar con impuestos de forma fiable, obtener préstamos con credibilidad ni hacer cumplir los contratos, la gestión económica se volvió imposible. La producción subía y bajaba con la producción petrolera. A medida que los campos y puertos eran confiscados o bloqueados, la inflación se volvió volátil y la inversión se evaporó. La política económica se basaba en lo que los hombres armados permitían.

Todos estos episodios apuntan a una lección simple. La ruptura política solo importa económicamente si establece un ancla creíble: claridad sobre quién establece las reglas, cómo se aplican y si durarán lo suficiente como para justificar la inversión. Venezuela hoy depende de una credibilidad prestada. Donald Trump trabaja con una nueva cara del antiguo régimen, Delcy Rodríguez, y gestiona los flujos de petróleo a distancia. La estabilidad se sustenta en las exportaciones de petróleo y la supervisión externa. Esto puede mantener el comercio en movimiento, pero poco contribuye a reactivar la inversión a largo plazo. Del mismo modo, derrocar al régimen iraní no garantizará por sí solo la recuperación económica.

Levando anclas

Lo que también importa no es si las multitudes se dispersan, sino si las creencias compartidas sobre las normas, los contratos y las políticas se fracturan. En 2021, la junta de Myanmar anuló unas elecciones mediante un golpe de Estado, pero mantuvo el Estado en funcionamiento; lo que se quebró fue la confianza. Se impusieron sanciones, el capital huyó y la inversión se detuvo. Las intervenciones de los generales tailandeses ofrecen una versión más suave de esto: no hubo revolución, pero sí suficiente intromisión para minar la credibilidad y frenar el crecimiento.

Las democracias ricas no son inmunes a esta erosión institucional. Las expectativas económicas pueden debilitarse sin que se produzcan levantamientos ni golpes de Estado. Se basan en el compromiso creíble del Estado de no reescribir contratos, politizar la regulación ni devaluar la moneda. Mientras Trump se dedica a remodelar Venezuela, y tal vez Irán, desde la distancia, sus ataques a la Reserva Federal podrían causar su propio tipo de fractura. La economía de la ruptura se basa en la credibilidad. Es más fácil perderla discretamente en casa que reconstruirla con fuerza en el extranjero.

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