La decisión de la Corte Suprema sobre los aumentos de las prepagas volvió a poner bajo discusión el alcance del DNU 70/2023, el control estatal sobre las cuotas y el camino que pueden seguir los afiliados que reclaman por cobros que consideran excesivos. El caso llegó al máximo tribunal por una usuaria que cuestionó incrementos del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, en un escenario en el que la cobertura privada de salud acumuló subas muy por encima de los ingresos de numerosos hogares.
Para Osvaldo Bassano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), la resolución abre una instancia concreta, aunque todavía limitada a quien promovió la acción. “El fallo alcanza a una afiliada que reclamó por aumentos del 110%”, explicó en Infobae Al Amanecer, y sostuvo que las empresas deberán requerir autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud antes de aplicar futuras subas.
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El reclamo comienza ante la Superintendencia de Servicios de Salud
Frente a una factura que se dispara, Bassano ubicó el primer paso fuera de los tribunales. Los afiliados pueden presentar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud por vía virtual e invocar allí el antecedente de la Corte antes de iniciar una demanda. “El primer paso consiste en denunciar ante la Superintendencia”, afirmó el abogado, al referirse al sistema habilitado para recibir reclamos de usuarios de todo el país.
Ese trámite administrativo, remarcó, no cierra la puerta a una acción judicial. Quien considere que pagó de más puede reclamar la restitución de esos montos, aunque la presentación deberá ajustarse a las circunstancias de cada caso. “Una persona puede reclamar la devolución del dinero que la empresa haya cobrado de más”, señaló Bassano, quien advirtió que no todos los conflictos tienen la misma vía de resolución.
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Las empresas, a su vez, pueden rechazar el pedido formulado por el afiliado. Si eso ocurre, el reclamo deberá continuar en la Justicia para discutir tanto el aumento como una eventual devolución de lo abonado. “En ese caso, el afiliado deberá acudir a la Justicia”, planteó el director de Legales de ADDUC.
Bassano insistió en que la sentencia no extiende sus efectos automáticamente al conjunto de los usuarios de medicina prepaga. Según explicó, la Corte Suprema tendrá que examinar otras acciones promovidas por consumidores para definir si corresponde ampliar el alcance de la decisión sobre el decreto. “El fallo no alcanza de forma automática a todos los usuarios”, resumió.
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Las cuotas aumentaron más de 480% desde diciembre de 2023, según ADDUC
La discusión judicial se inserta en una suba acumulada que, de acuerdo con la estimación de ADDUC, supera el 480% desde diciembre de 2023. Bassano contrastó esa evolución con una inflación acumulada de entre 146,48% y 150%, según el indicador utilizado. “Las cuotas de medicina prepaga subieron más de 480%”, sostuvo al cuestionar la diferencia entre ambos porcentajes.
El abogado también relacionó esa brecha con la evolución de los salarios, aunque no precisó el período ni el indicador tomado para su comparación. Afirmó que los ingresos tuvieron alzas de entre 11% y 12%, una distancia que, según su lectura, volvió más difícil sostener las cuotas mensuales. “Los aumentos salariales no superaron entre 11% y 12%”, indicó.
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Ese encarecimiento tuvo consecuencias sobre la cantidad de personas que permanecen dentro del sistema privado, según Bassano. El representante de consumidores estimó que más del 30% de los afiliados dejó la prepaga para pasar al sistema público de salud o quedó sin cobertura médica. “Más del 30% de los afiliados dejó la medicina prepaga”, aseguró.
En paralelo, sostuvo que las obras sociales también perdieron afiliados por la caída del empleo. Para Bassano, la salida de usuarios de un subsistema repercute sobre los demás, porque la atención pública, las obras sociales y las prepagas integran una misma red de cobertura. “La salud pública, las obras sociales y las prepagas forman parte de un mismo esquema”, dijo.
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A su juicio, el tiempo transcurrido sin una solución de fondo dejó expuestas responsabilidades de los tres poderes del Estado. “El Estado debe garantizar la protección de la salud y de la economía de los consumidores”, afirmó Bassano al reclamar una respuesta institucional frente a los efectos de las subas.
El índice de precios no debería ser el único parámetro para las cuotas
La entrevista también se detuvo en el criterio que deberá aplicar la Superintendencia cuando las empresas vuelvan a pedir incrementos. Bassano admitió que el Índice de Precios al Consumidor puede servir como referencia, pero rechazó que funcione como único parámetro. “El IPC podría funcionar como una referencia”, dijo, antes de cuestionar un esquema de actualización uniforme.
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Según explicó, la ley de medicina prepaga exige revisar la situación de cada compañía: sus balances, planes de inversión, actividad y costos de las prestaciones. En esa evaluación incluyó el valor de la atención médica, los laboratorios y los descuentos sobre medicamentos. “La ley exige analizar los balances y los planes de inversión de cada empresa”, sostuvo.
Para Bassano, un índice común puede equiparar realidades empresariales distintas. El riesgo, señaló, es que reciban el mismo tratamiento firmas que destinan recursos a prestaciones y otras que no realizan esas inversiones. “Ese sistema beneficia tanto a las compañías que invierten como a las que no”, afirmó.
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El director de Legales de ADDUC también cuestionó cómo se distribuye una parte de lo que pagan los afiliados. Sostuvo que esos recursos no siempre llegan a médicos, laboratorios u otros prestadores, mientras algunos profesionales dejan de atender por prepaga ante honorarios que consideran bajos. “Parte de las cuotas no llega a médicos, laboratorios ni otros prestadores”, planteó.

A ese cuadro sumó los copagos y las dificultades para acceder a medicamentos destinados a tratamientos oncológicos. Bassano dijo que muchos usuarios recurren a amparos de salud para obtener remedios o para discutir aumentos aplicados por edad. “Muchos afiliados deben presentar amparos de salud”, señaló.
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ADDUC pide derogar el DNU 70/2023 y revisar las reglas de la medicina prepaga
Bassano cuestionó de manera directa el DNU 70/2023, al que calificó como inconstitucional, y reclamó que la Cámara de Diputados avance con su derogación. Su planteo incluye normas vinculadas con alquileres, propiedades, endeudamiento, intereses y medicina prepaga. “Hay que revisar el decreto”, afirmó al referirse a ese conjunto de disposiciones.
Las asociaciones de consumidores, relató, ya iniciaron reclamos contra varias empresas por los aumentos de cuotas y las condiciones de cobertura. ADDUC, en particular, promovió acciones judiciales en torno a esos dos puntos. “ADDUC inició acciones judiciales por los aumentos y por las condiciones de cobertura”, dijo Bassano.
El abogado rechazó, además, las advertencias empresarias sobre una eventual falta de seguridad jurídica o un impacto negativo sobre inversiones futuras. Entendió que las compañías deben ajustarse a las reglas previstas por la ley de medicina prepaga antes de definir nuevos incrementos. “Las empresas deben cumplir las reglas de la ley”, sostuvo.
En ese sentido, aclaró que no cuestiona que las empresas obtengan ganancias, sino los efectos de los incrementos sobre los usuarios. También puso el foco en las subas vinculadas con la edad, que alcanzan a afiliados mayores de 40, 50 o 60 años. “Pueden obtener ganancias, pero no deben perjudicar a los usuarios”, afirmó.
Finalmente, Bassano recordó que ADDUC presentó el 1 de diciembre de 2024 una nota ante diputados y senadores con un detalle de los perjuicios que, según la entidad, provoca la aplicación del DNU 70/2023 sobre los consumidores. “El documento detalló perjuicios para los consumidores”, indicó el representante de la asociación.
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