El Gobierno prorrogó el régimen que permite a 120.000 trabajadores rurales el cobro de planes sociales

El Gobierno nacional prorrogó por un año la vigencia del régimen que permite a los trabajadores rurales temporarios y estacionales acceder a un empleo registrado sin perder determinados programas y prestaciones sociales.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1204/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y extiende la aplicación de la norma hasta el 1 de septiembre de 2027.

La continuidad del esquema se confirmó un mes y medio después del vencimiento de la prórroga anterior, en un contexto de reclamos por parte del sector agropecuario y sindical.

Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) habían advertido que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la falta de renovación de la compatibilidad con los planes sociales.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental: permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar”, había planteado el gremio.

“Las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”, agregó.

La medida extiende el Decreto 514/21, establecido durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de promover el empleo registrado y ampliar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores rurales que se desempeñan en actividades temporales y estacionales, así como para sus grupos familiares.

Uno de los puntos centrales del régimen es que las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores contratados bajo las modalidades contempladas en la norma no pueden ser inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección Social, de acuerdo con las condiciones previstas en la reglamentación.

Además, el esquema permite que los titulares de determinados programas y prestaciones sociales puedan conservar esos beneficios cuando acceden a un empleo registrado bajo las modalidades alcanzadas por el decreto.

De esta manera, la incorporación al trabajo formal no implica, por sí sola, la pérdida de la asistencia social compatible con el régimen.

Entre las prestaciones que pueden mantenerse durante la contratación se encuentran las asignaciones familiares y, según las condiciones de cada programa, la Tarjeta Alimentar y Volver al Trabajo. El esquema también contempla beneficios para los empleadores, entre ellos una reducción de las contribuciones patronales.

Los argumentos del Gobierno para extender el régimen

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo señaló que distintos representantes de las economías regionales, asociaciones sindicales y productores habían planteado la conveniencia de mantener la medida para consolidar los resultados alcanzados.

El Gobierno sostuvo, además, que el régimen contribuyó a la inclusión laboral de los trabajadores rurales, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y las de sus familias. Sobre esa base, consideró necesario extender su vigencia para garantizar la continuidad de los objetivos de la política.

La normativa había sido prorrogada en 2023 por dos años y, posteriormente, en 2025, por un año a partir del 1 de septiembre de ese año. Con la nueva disposición, el Ejecutivo volvió a extender el esquema por otros 12 meses, contados desde el 1 de septiembre de 2026.

El régimen alcanza a quienes son contratados bajo las modalidades de trabajo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a quienes realizan actividades agropecuarias mediante contratos de trabajo eventual.

La normativa también contempla a los trabajadores rurales comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial. Además, establece que, cuando la prestación laboral se extiende de manera continua por más de seis meses, determinados beneficios monetarios de programas sociales y de empleo —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pueden computarse a cuenta del salario.