“Estrangulamiento del mercado” y “suba desmedida de costos”: los dueños de Granja Tres Arroyos detallaron su debacle ante la Justicia

Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, se presentó formalmente en concurso preventivo. En el expediente en el que el presidente del directorio, Joaquín De Grazia —parte de la familia fundadora—, solicitó esta herramienta judicial, también detalló cuáles fueron las causas que llevaron a la compañía a esta instancia, a la vez que reconoció una deuda que supera los 126.000 millones de pesos.

La presentación no alcanza solo a la empresa insignia del grupo. El escrito pide el trámite conjunto por agrupamiento económico, previsto en los artículos 65 a 68 de la Ley de Concursos y Quiebras, para las cuatro sociedades que integran el entramado empresario: Granja Tres Arroyos, la empresa madre y de mayor envergadura operativa; Wade, que opera la planta de la ex Cresta Roja; Avex, con su complejo avícola en Río Cuarto, provincia de Córdoba; y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), la sociedad controlante que posee el 99,941% del capital del grupo y actúa como garante del resto de las unidades.

Las causas que invoca la empresa

En el capítulo dedicado a explicar el derrumbe financiero, GTA rechazó cualquier responsabilidad directa de su conducción. “Va de suyo, que la situación de impotencia patrimonial que motiva esta presentación no obedece a un manejo empresario imprudente, ni a una explotación operativamente inviable; sino que responde a la acumulación de severos desequilibrios macroeconómicos, cambios estructurales en las reglas de juego del sector y shocks exógenos extraordinarios que alteraron de manera irreversible la ecuación económica de la Compañía”, sostiene el documento.

El núcleo de esa explicación aparece bajo un título con el que la compañía describió la coyuntura: “estrangulamiento del mercado interno”. Según el expediente, la demanda interna de pollo llegó a un techo estructural que la producción del grupo ya no pudo digerir. “A diferencia de lo ocurrido a principios de siglo, donde el consumo de pollo en la Argentina creció exponencialmente desde los 20 kilogramos por habitante por año en el año 2000 hasta alcanzar techos históricos de 47 kilogramos por habitante por año, la demanda interna alcanzó su límite biológico y de sustitución de consumo”, señala el texto.

La caída del poder adquisitivo, alegó la empresa, agravó el cuadro: “La pérdida sostenida del poder adquisitivo de las familias restringió la capacidad de absorción del mercado, afectando la demanda general de alimentos”.

Esa combinación, sumada a la naturaleza perecedera del producto, forzó a la empresa a vender a pérdida. “Por la naturaleza biológica e industrial del producto, la Empresa no cuenta con la posibilidad de acopiar o retener stock a la espera de mejores precios. Frente al incremento desmedido de los costos operativos (energía, fletes, insumos y paritarias), GTA se vio forzada a comercializar su producción a valores por debajo del costo de reposición para sostener la estructura y conservar la cadena de distribución, absorbiendo pérdidas operativas corrientes que ahogaron definitivamente su liquidez”, explica el escrito.

A ese cuadro se sumó, entre 2024 y 2026, el ingreso creciente de carne aviar desde Brasil, favorecido por la flexibilización de licencias de importación y la baja de aranceles. “El ingreso de producto extranjero a precios de oportunidad (...) fijó un techo artificial a los precios de góndola, impidiendo a GTA trasladar a los valores de venta sus verdaderos costos de faena, energía y mano de obra”, indica el documento.

El brote de gripe aviar de 2023 completó el cuadro: la pérdida del estatus sanitario le cerró a la empresa los mercados de China, Chile y la Unión Europea, su principal fuente de ingresos en divisas, y volcó toda la oferta a un mercado interno ya saturado, en simultáneo con la suba de costos de granos, energía, logística y mano de obra.

“En síntesis, la explotación de GTA mantiene su viabilidad operativa, pero su estructura financiera sucumbió ante la combinación de un cambio histórico en las reglas de juego del costo alimentario, la carga de pasivos garantizados en dólares y el golpe directo del cierre de los mercados externos por razones sanitarias”, concluye el expediente en ese capítulo.

El derrumbe patrimonial en los números

El escrito reconoce una acumulación de cheques de pago diferido rechazados que excede los $126.000 millones al momento de la presentación judicial. El deterioro se refleja también en los balances: los Resultados No Asignados, que en 2022 arrojaban un saldo positivo de $3.944 millones, pasaron a un rojo de -$68.968 millones en 2023 y de -$37.108 millones en 2024. Para el ejercicio 2025, la propia empresa proyecta un saldo negativo acumulado de -$122.052 millones. El índice de liquidez, mientras tanto, cayó de 1,43 en 2022 a 0,51 en 2025.

En ese contexto, la empresa declara sostener directamente más de 1.700 puestos de trabajo en GTA, y más de 3.000 si se suman las empresas vinculadas del grupo. La cifra convive con un recorte de personal que, desde que se desató la crisis financiera, superó los 1.000 despidos, según pudo reconstruir Infobae en coberturas previas sobre los cierres de plantas en Capitán Sarmiento, Río Cuarto, Pilar, Esteban Echeverría y Concepción del Uruguay.

El antecedente de la compra de Cresta Roja

Parte del pasivo estructural del grupo tiene origen en una operación que se remonta a casi una década atrás y que expone que la crisis actual no es un hecho aislado. La planta que hoy opera Wade bajo el nombre de Cresta Roja arrastra un historial propio de inestabilidad financiera, conflictos gremiales y cambios de dueño.

Bajo el control de la familia Rasic, la empresa acumuló una deuda de $1.200 millones hacia 2013, emitió cheques sin fondos por $43 millones al año siguiente y despidió a 1.300 empleados, en medio de fuertes choques con los sindicatos del sector. El desenlace llegó en diciembre de 2015, cuando la Justicia decretó su quiebra.

En abril de 2016, la planta fue adjudicada a Proteinsa S.A. por USD 121 millones, en un proceso en el que Granja Tres Arroyos había competido con una oferta propia junto a Adecoagro. Proteinsa, sin embargo, nunca logró hacerse cargo por completo de la operación, y recién en 2018 —dos años después de la adjudicación— GTA asumió el control operativo de la planta, con el aval del gobierno nacional. En esa etapa, el entonces presidente Mauricio Macri definió a Cresta Roja como “un ejemplo de fábrica”.

Fue en ese contexto que, en marzo de 2018, GTA asumió el rol de garante de Wade S.A. para la adquisición de las unidades productivas surgidas de la quiebra de Rasic Hnos. y Proteinsa, por un monto contractual global de 80 millones de dólares. Según el expediente, esa garantía derivó en desembolsos extraordinarios no previstos por más de USD 25 millones en capital de trabajo para reequipar instalaciones y sostener la operación, lo que absorbió liquidez clave del giro ordinario de GTA. En junio, un plan de reestructuración elaborado por el banco de inversión VALO había cifrado la deuda total del grupo en USD 350,9 millones, con un saldo pendiente con Proteinsa aún por determinar.

Granja Tres Arroyos es comandada por Joaquín De Grazia, hijo de Gaspar De Grazia, el inmigrante italiano que fundó la compañía en la década de 1930 y vendía pollos por las calles de Buenos Aires junto a su hermano. Desde 2022, el 34% del capital de la empresa pertenece a la estadounidense Tyson Foods. En medio de la crisis actual circularon versiones sobre una posible compra del paquete accionario completo por parte de la compañía norteamericana, aunque hasta el momento no hubo precisiones oficiales al respecto.

De hecho, el expediente cierra su argumentación con una apelación a esa trayectoria de más de cinco décadas. “La antigüedad de este entramado productivo, fruto de más de cinco décadas de desarrollo ininterrumpido, constituyen un activo de significativa relevancia económica y social cuya preservación, mediante la reestructuración que se propicia, constituye uno de los objetivos centrales del presente proceso concursal”, sostiene el documento. Y agrega que “el concurso preventivo resulta la única vía legal para reestructurar el pasivo de forma ordenada, proteger más de 1.700 puestos de trabajo directos de GTA y asegurar la continuidad de la empresa en marcha”.