La paralización de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento dejó a cerca de mil trabajadores en incertidumbre laboral y abrió una crisis que amenaza con alcanzar hasta el 80% del movimiento económico local, en una ciudad de alrededor de 15 mil habitantes donde al menos 300 empleados ya recibieron telegramas de despido.
Según explicó en Infobae A las Nueve la periodista Lucila Entin, la afectación excede a la fábrica: vecinos, comerciantes y prestadores de servicios vinculan la actividad del establecimiento con la mayor parte del consumo del distrito. En ese escenario, las familias de los operarios comenzaron un acampe frente a la planta mientras esperan definiciones sobre despidos, salarios adeudados y la continuidad de la actividad.
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La protesta empezó el martes y ya acumulaba tres noches. En la vigilia participan trabajadores, parejas, hijos y otros familiares, con permanencias rotativas frente al establecimiento.
El conflicto tiene un impacto directo sobre hogares que dependen desde hace más de una década de ese ingreso principal. La periodista señaló que muchos empleados tienen uno, dos, tres y hasta cinco hijos, y que la pérdida del salario altera el pago de luz, gas, alimentos y cuotas de obras sociales.
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Deudas salariales y pagos fragmentados antes de los despidos
La situación laboral venía deteriorándose desde fines de 2024. Según la periodista, la empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis, un mecanismo que las compañías pueden impulsar cuando enfrentan dificultades económicas, aunque el trámite no llegó a formalizarse.

Después de esa instancia, la firma acordó con los trabajadores una reducción salarial del 9% a cambio de una compensación en ocho cuotas. Los empleados aceptaron, pero la empresa solo pagó dos de esas cuotas, de acuerdo con Entin.
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El deterioro continuó en los meses siguientes. La periodista indicó que, seis o siete meses antes de la suspensión, la compañía comenzó a abonar los salarios quincenales en 10 cuotas, un esquema que fragmentó los ingresos durante todo el mes.
Entin sostuvo además que algunos trabajadores no cobraban más de $100.000 mensuales entre esos pagos parciales. También afirmó que la empresa adeuda aguinaldos y tres meses de salarios.
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El acampe reúne a familias enteras y el municipio anunció ayuda alimentaria
Frente a la planta, la protesta ya no reúne solo a despedidos o suspendidos, sino a núcleos familiares completos. Algunas personas permanecen durante horas en la puerta del establecimiento y otras alternan esa presencia con el cuidado de sus casas.

La angustia también crece entre quienes llegaron desde otras localidades para trabajar en la empresa. Según Entin, esa condición agrava la situación porque no todos tienen opciones laborales cercanas para reemplazar el ingreso perdido.
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La intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino, se acercó a una concentración de trabajadores, según relató la periodista. Allí mantuvo un intercambio directo con los empleados mientras el municipio difundía un comunicado sobre la situación de las familias afectadas.
La comuna atribuyó el problema a dificultades de una empresa privada y señaló que la firma detuvo la actividad por tiempo indeterminado. También informó que algunos trabajadores aún esperan el cobro de salarios y aguinaldos, una deuda que afecta de forma directa a los hogares.
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Astorino, dirigente de La Libertad Avanza, anunció asistencia alimentaria para quienes enfrenten mayores dificultades por la interrupción de ingresos. El municipio también inició gestiones con prestadoras de luz, gas y obras sociales para acompañar a quienes ya no pueden afrontar esos pagos.
Comercios y servicios temen una caída de ventas
La preocupación en Capitán Sarmiento no se limita a los operarios de la planta. Los testimonios recogidos durante el acampe advierten que la falta de ingresos de esos trabajadores puede reducir la actividad de negocios, servicios y actividades familiares de toda la localidad.
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Entin remarcó que la ciudad ofrece pocas alternativas laborales fuera de la fábrica. Esa escala urbana, según los vecinos, dificulta que cientos de personas consigan empleo en actividades similares o reconviertan rápidamente su fuente de ingresos.
Por eso, comerciantes y prestadores locales acompañan la protesta ante la expectativa de una baja de ventas si se interrumpe de manera prolongada el flujo salarial que generaba la planta. La ciudad ya había atravesado el cierre de otras fuentes de empleo, entre ellas algunas fábricas textiles.
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