El Gobierno bonaerense endurece los controles sobre las billeteras virtuales: qué deberán informar las empresas investigadas

El gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió expedientes contra las principales billeteras virtuales tras recibir 2.240 denuncias por presuntos abusos en créditos y morosidad. La cifra supera ampliamente la registrada a nivel nacional y volvió a poner en discusión la falta de regulación sobre las condiciones de financiamiento que ofrecen esas plataformas.

Las actuaciones podrían derivar en multas de hasta $1.883 millones por empresa, según informó en Infobae A las Nueve, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación bonaerense Augusto Costa. La provincia sostiene que su margen de acción no pasa por regular tasas ni dictar política financiera, sino por aplicar la Ley de Defensa del Consumidor ante posibles incumplimientos en información, trato y mecanismos de cobro.

Costa afirmó que el aumento del endeudamiento en los últimos años “es objetivo” y planteó que el problema no puede leerse solo como una decisión individual de cada usuario. A su juicio, el cuadro responde también a la política económica y a un esquema de desregulación que impacta sobre las familias.

Créditos con información poco clara y cobros denunciados como abusivos

Las investigaciones apuntan a empresas fintech que ofrecen préstamos desde billeteras virtuales bajo condiciones que, según el ministro, son “de muy difícil cumplimiento”. El foco está puesto en la claridad de los términos y condiciones de las aplicaciones de pago y comercio electrónico, así como en la información concreta sobre tasas, plazos y costos financieros.

Costa resumió el criterio de la provincia en una frase: “Lo que hicimos fue imputarlos por incumplir con la obligación de informar claramente las condiciones particulares de los créditos”.

El funcionario detalló un ejemplo para ilustrar el nivel de las tasas denunciadas: “Te prestan $70.000 y te cobran $9.000 en un mes, lo que anualizado supera el 1.000 %”. También cuestionó que esas condiciones convivan con una lógica de financiamiento sin controles equivalentes a los del sistema bancario tradicional.

Según el ministro, otra preocupación es la forma en que se fijan las condiciones de pago para cada usuario. “Las condiciones de pago las fijan de manera completamente indiscriminada, a partir del conocimiento que tienen por las propias operaciones que realizan en billeteras virtuales y plataformas de e-commerce”, sostuvo.

Mercado Libre y Mercado Pago ya fueron imputadas en una investigación previa

Seis meses atrás, en una investigación de oficio, la provincia imputó a Mercado Libre y Mercado Pago por violaciones a la normativa de defensa del consumidor. Costa aseguró que la empresa “reconoció todos los incumplimientos o que no se adecuó y cambió los términos y condiciones”.

De acuerdo con el ministro, esas modificaciones tuvieron impacto en todo el país y quedaron reflejadas en el aviso reciente enviado por la compañía a sus usuarios sobre la actualización de condiciones. La provincia considera ese antecedente como una muestra de que sus intervenciones pueden producir cambios aun sin contar con facultades regulatorias sobre el sistema financiero.

Costa insistió en que existe una asimetría entre bancos y fintech. “El sistema bancario tradicional tiene unas pautas y las billeteras virtuales tienen otras. Una primera cuestión es equilibrar eso”, dijo.

Explicó además que esas plataformas deben obtener financiamiento propio, pero una vez que lo consiguen operan con tasas no reguladas. “El financiamiento de las billeteras virtuales viene de fondos propios que presta a tasas que no están reguladas”, señaló.

Las denuncias también incluyen llamados a familiares y contactos en lugares de trabajo

El ministerio bonaerense recibió presentaciones por prácticas de recupero de deuda que, según Costa, incluyen hostigamiento y acoso. Entre los hechos denunciados mencionó llamados a familiares, mensajes, comunicaciones a los lugares de trabajo y contactos a cualquier hora.

“Recibimos denuncias de llamados a familiares, mensajes y llamados a los lugares de trabajo, mensajes a cualquier hora. Eso se denomina acoso y hostigamiento para recupero de deudas sin ningún tipo de legitimidad”, afirmó el ministro. Esas denuncias dieron lugar a nuevas imputaciones y a investigaciones para establecer si las empresas violaron la normativa vigente.

Para Costa, el trasfondo del problema es social además de regulatorio. “Alguien que toma un crédito de $70.000 no es porque quiera comprar un electrodoméstico, es porque no tiene para comer”, sostuvo al describir que muchas familias recurren a estos préstamos para cubrir servicios públicos o alimentos.

El ministro atribuyó el aumento del endeudamiento y la morosidad a la política económica nacional. Señaló que la suba de los servicios públicos, el desempleo y la caída del salario real redujeron el ingreso disponible de los hogares, y contrapuso esa situación con una provincia que, según dijo, actúa de oficio para proteger a los consumidores.

Costa añadió que el gobierno de Axel Kicillof mantendrá el diálogo con las empresas del sector y seguirá usando las herramientas legales disponibles mientras persista el vacío regulatorio a nivel nacional. “No resuelve el problema de fondo, pero lo hacemos porque Axel Kicillof dice: todo lo que tengamos a disposición hay que hacerlo”.

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