
El ex presidente del BCRA, Martín Redrado, advirtió sobre la creciente morosidad y sostuvo que es necesario buscar alternativas para aliviar la situación de los deudores que atraviesan dificultades para cumplir con sus compromisos. En ese sentido, consideró que existen herramientas que podrían contribuir a ordenar el endeudamiento de los hogares y evitar que el deterioro de su situación financiera termine afectando también al consumo y a la actividad económica.
Para el economista, la carga de la deuda sobre gran parte de las familias argentinas necesita soluciones creativas que “no impliquen un solo peso de gasto fiscal o cuasi fiscal”.
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Junto con su consultora, Fundación Capital, Redrado considera fundamental reducir y reordenar la carga financiera de las familias para liberar recursos destinados al consumo y la producción, y así impulsar “una virtuosa secuencia de mayores ingresos, consumo, producción y empleo”.

A través de su cuenta de X, el ex funcionario aseguró: “El Banco Central establece que las refinanciaciones, cuyo otorgamiento a las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito inscriptos en la entidad rectora del sistema financiero notifiquen hasta el 31/12/2027 a los deudores que presenten dificultades financieras conforme al punto 5.5. de la NIIF 9, con motivo de un impacto significativo en su deterioro crediticio, no serán consideradas para la degradación de su clasificación crediticia”.
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“Por lo tanto, tales refinanciaciones se excluirán para el cálculo de la pérdida crediticia esperada sobre deudor refinanciado y para la constitución de mayores previsiones regulatorias por riesgo de incobrabilidad, siempre que cumpla puntualmente el pago de las cuotas emergentes de esas nuevas facilidades crediticias, considerando el plazo de 90 días a los fines de ese cumplimiento, con carácter de tratamiento especial, hasta el 30/4/2027″, agregó.
“Consecuentemente, desde el 1/5/2027, el plazo para el cómputo de los días de atraso será de 30 días, de conformidad con las disposiciones de carácter general aplicables en la materia”, concluyó Redrado.
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En términos más sencillos, el economista planteó, en diálogo con A24, que los deudores que tengan voluntad de pago deberían contar con un plazo más extenso y una tasa de interés fija para poder afrontar sus compromisos. A modo de ejemplo, explicó que una persona con un ingreso mensual de $1.000.000 puede no estar en condiciones de pagar una cuota de $400.000 si, además, debe afrontar gastos de alquiler, servicios y alimentación, pero sí podría destinar $100.000 al pago de la deuda.
En ese sentido, sostuvo que, en lugar de otorgarle un plazo de 90 días o un año, sería necesario extender la renegociación a cinco años y establecer una tasa fija que permita al deudor cumplir con sus obligaciones.
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El economista también advirtió sobre el impacto que tiene el proceso de renegociación sobre la calificación crediticia de los deudores. Explicó que, de acuerdo con la Central de Deudores del Banco Central, una persona que se encuentra al día está clasificada en situación 1, mientras que, a medida que acumula incumplimientos, su calificación empeora y los bancos deben incrementar las previsiones y registrar mayores pérdidas.
Por eso, propuso que, hasta fines del año próximo, aquellos deudores que demuestren voluntad de pago permanezcan en situación 1, aun cuando durante el período de renegociación estén pagando un monto inferior al originalmente pactado.
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Cabe mencionar que esto surge en un contexto en que la mora total consolidada del crédito a personas físicas continúa creciendo: en junio alcanzó el 17,5% del monto total otorgado, según el Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con EcoGo. Se trata del vigésimo aumento mensual consecutivo.
“La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”, advirtió el reporte.
La radiografía provincial muestra importantes contrastes. La Rioja registra la mayor mora por monto del país, con 24,5%, seguida por San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%). En el otro extremo se encuentran La Pampa (9,1%), CABA (11,9%) y Entre Ríos (13,4%).
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Los proveedores no financieros de crédito (PNFC) representan el 14,1% del crédito nacional a personas, pero presentan una mora por monto del 31%, más del doble que el 15,2% del sistema financiero.
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