
Una caída de 18 posiciones en un año y 34 puestos en tres años en el ranking global del Elite Quality Index (EQx) dejó a la Argentina en el puesto 104 de 151 países, según el informe 2026 publicado por la Universidad de St. Gallen y la Fundación para la Creación de Valor. El estudio, enfocado en medir la capacidad de las elites nacionales para crear valor sostenible en el largo plazo -en oposición a extraerlo-, otorga a la Argentina una de las peores calificaciones de la región y describe un esquema de incentivos que favorece la preservación de rentas por sobre la inversión productiva.
Según el reporte, Argentina pasó del puesto 70 en 2024 al 86 en 2025 y descendió al 104 en 2026. Este retroceso se vincula a un proceso de deterioro estructural y a la “incapacidad de convertir el poder de sus elites en valor económico sostenible”. El informe subraya: “Argentina ocupa una posición estructuralmente desfavorable en el ranking global. Un repaso de la trayectoria de tres años muestra una clara y sostenida caída en el desempeño”.
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La clasificación EQx, elaborada por un equipo internacional dirigido por Tomás Casas-Klett y Guido Cozzi, utiliza 148 indicadores distribuidos en 12 pilares para comparar la calidad de las elites de 151 países. La metodología se basa en medir el equilibrio entre modelos de negocio que crean valor y aquellos que extraen valor (rentistas), contemplando tanto dimensiones económicas como políticas. El índice distingue entre “Poder” (capacidad de influencia de las elites) y “Valor” (capacidad de generar desarrollo económico y humano sostenible).
En el caso argentino, el informe identifica una brecha marcada entre la dimensión política y la económica. Mientras el país conserva un nivel intermedio de Poder Político (puesto 39) y Poder Económico (puesto 60), el desempeño en Valor Económico (puesto 137) y Valor Político (puesto 128) resulta muy bajo en comparación con otros países de la región y del mundo. El reporte destaca: “El sistema político muestra capacidad de coordinación, pero esto no se traduce en creación de valor económico. Se privilegian modelos extractivos y rentistas”.
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Mucho poder, poco valor
Argentina desciende en el ranking del Elite Quality Index debido a la persistencia de un modelo de incentivos que favorece la preservación de rentas y la protección de sectores poco competitivos, en lugar de impulsar la creación de valor sostenible. El informe señala que el país combina un poder político relativamente alto con una débil capacidad para traducir ese poder en desarrollo económico, producto de la fragmentación institucional, la elevada carga impositiva sobre el consumo, la erosión del capital productivo y la falta de competencia externa. Esta estructura perpetúa modelos empresariales rentistas y limita la innovación, lo que deriva en estancamiento, fuga de talento y un deterioro sistemático de los indicadores de valor económico, provocando una caída sostenida en la posición global de la Argentina.
Las causas de este estancamiento estructural se vinculan con lo que los autores denominan un “empate hegemónico”, una situación en la que las elites acuerdan tácitamente un modelo fiscal que favorece a los sectores con rentas y patrimonios acumulados, trasladando la carga tributaria a los consumidores. Según el documento, “este pacto implícito estabiliza posiciones de poder pero desalienta la creación de valor y acentúa la desigualdad”.
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Baja inversión, alta protección
El EQx señala que la destrucción del capital productivo es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. “Cuando el capital destruye valor, el país pierde su futuro. El capital es donde una sociedad decide si financia producción e innovación, o si sostiene la supervivencia de un equilibrio frágil y la depredación”, sostiene el reporte.
El informe también destaca que, a pesar de los recursos naturales (puesto 70) y una base de capital humano históricamente fuerte (puesto 8), la Argentina no logra traducir estos activos en crecimiento económico. El país muestra, además, sofisticación financiera relativa (puesto 58) y capacidad estatal para implementar políticas, pero persiste en una dinámica de inestabilidad y bajo crecimiento.
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En declaraciones a Radio Mitre, Tomás Casas-Klett explicó: “El problema argentino es un problema de conversión. Hay poder y capacidad, pero los incentivos están diseñados para preservar rentas y evitar la competencia interna real”. Para el académico, la falta de competencia genuina entre elites limita las posibilidades de transformación productiva.
El documento detalla una serie de indicadores críticos en los que Argentina muestra debilidad: inflación (puesto 130), deflactor del PBI (puesto 146), formación bruta de capital (puesto 126), share de importaciones alcanzadas por medidas proteccionistas (puesto 134), globalización económica (puesto 111) y libertad comercial (puesto 115).
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El Elite Quality Report 2026 profundiza en el análisis del “pacto fiscal tácito” que sostiene el empate hegemónico entre elites políticas y económicas. Según los autores, este acuerdo traslada la carga tributaria al consumo y la financiación vía inflación, preservando ingresos y activos existentes sin gravar la renta ni el patrimonio. El efecto, advierte el informe, es la erosión sistemática del valor de los ahorros y salarios, y la destrucción del capital que podría financiar inversiones.
“La destrucción del capital productivo se convierte en un mecanismo implícito de compromiso político, permitiendo evitar el conflicto directo sobre renta y patrimonios”, describe el reporte. Los incentivos para invertir a largo plazo se ven desplazados por la necesidad de proteger la liquidez, y el sistema canaliza el ahorro hacia activos de corto plazo y alto rendimiento especulativo.
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El estudio de la Universidad de St. Gallen pone el foco también en la falta de competencia internacional y la excesiva protección de ciertos sectores. “El valor del productor es débil porque falta exposición a la competencia externa y sobra dependencia de mecanismos proteccionistas”, advierte el documento. Esto desalienta la innovación y perpetúa modelos empresariales poco productivos.

El informe identifica además una concentración empresarial alta (puesto 12 en Dominancia de Firmas). Aunque la concentración no necesariamente constituye un problema, en el contexto argentino se utiliza para estabilizar posiciones y garantizar certidumbre regulatoria, a cambio de aceptar una elevada presión impositiva indirecta. El resultado es la consolidación de privilegios y la disociación entre tamaño empresarial y productividad.
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El éxodo de capital humano calificado aparece como otro de los síntomas del deterioro estructural. El reporte señala que “los indicadores de fuga de cerebros, puntajes promedio en PISA y desempleo juvenil revelan un desajuste entre educación, mercado laboral y demanda de habilidades”. La preferencia de los jóvenes por emigrar responde a la incertidumbre y la ausencia de incentivos para el esfuerzo productivo.
Reformas necesarias
El EQx incluye una serie de propuestas de reformas institucionales para modificar el equilibrio actual. Entre ellas, el informe recomienda una reforma tributaria integral, que desplace la carga desde el consumo y las transacciones hacia la renta y el capital, y elimine impuestos en cascada. Propone también la modernización de la Ley de Entidades Financieras para orientar el ahorro hacia la inversión productiva.
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Otra sugerencia es la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, así como la integración a marcos comerciales globales para reintroducir competencia y presión innovadora en el sector productivo. El reporte sugiere que la autoridad regulatoria pase de las jurisdicciones locales a agencias metropolitanas o sectoriales, de modo que la escala empresarial surja de la productividad y no del arbitraje regulatorio.
En materia de innovación y estructura empresarial, el informe plantea la necesidad de facilitar la “destrucción creativa” mediante la flexibilización de los procedimientos de quiebras y la introducción de un impuesto a la herencia sobre grandes patrimonios, para promover la movilidad de capital entre generaciones.
El documento subraya la importancia de recentralizar estándares educativos a nivel nacional y alinear los currículos con las necesidades del mercado laboral. En materia de Estado, recomienda reorganizar las jurisdicciones administrativas para adecuarlas a las realidades económicas y adoptar estándares internacionales de contabilidad pública para mejorar la transparencia y limitar la discrecionalidad.
Según el informe, el desafío argentino no radica en la ausencia de talento ni en la imposibilidad de construir consensos. “El sistema de elites tiene capacidad y poder, pero los incentivos están diseñados para preservar rentas y evitar la competencia interna real”, sostuvo Casas-Klett. El reporte señala que la clave para revertir la tendencia pasa por rediseñar los incentivos para que el éxito de los modelos de negocio dependa de la creación de valor y no de la posición o el privilegio.
El Elite Quality Index funciona como un barómetro de los modelos de negocio dominantes en cada país y su impacto en el desarrollo económico y social. El índice, que se publica desde hace siete años, se utiliza tanto para evaluar riesgos país como para orientar políticas públicas y estrategias empresariales a largo plazo. El trabajo, editado por Casas-Klett y Cozzi, toma datos de organismos internacionales y aplica un sistema de ponderaciones que prioriza la calidad de la creación de valor por sobre el volumen.
En el ranking de 2026, países como Singapur, Estados Unidos y Japón se ubican en los primeros puestos, mientras que la Argentina figura entre los últimos lugares de América Latina. El informe destaca que “la elite argentina paga un costo muy alto porque el valor de los activos es extremadamente bajo”. Además, advierte sobre el riesgo de que la falta de reformas estructurales consolide un escenario de bajo crecimiento y desigualdad creciente.
Para Casas-Klett, la solución requiere que “el éxito de los modelos de negocio dependa de la creación de valor y no de la posición o el privilegio, activando competencia intra-elite genuina”. El reporte concluye que solo una transformación de los incentivos podrá poner en marcha el potencial productivo del país.
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