
Este jueves, a las 14 horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, volverá a reunirse con los contadores. Otra vez el eje del encuentro será la nueva Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno va a girar la semana que viene a la Cámara de Diputados. Pero ahora hay otra arista de la discusión que va a cobrar importancia: ¿qué hacer con el vencimiento de la declaración jurada de Ganancias de personas humanas de fines de julio?
El avance de la nueva normativa fiscal se vio condicionado por una serie de factores políticos. La situación del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó complicaciones al proceso. El respaldo de la Casa Rosada al exfuncionario generó un freno en la actividad parlamentaria, lo que dejó sin tratamiento la propuesta destinada a corregir debilidades de la ley vigente y crear incentivos para que los argentinos exterioricen sus ahorros en dólares. El Congreso no abordó el proyecto en los últimos meses, mientras el calendario impositivo avanzó y los vencimientos de Ganancias quedaron cada vez más cerca.
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Caputo enfrenta ahora la disyuntiva de prorrogar o no los vencimientos de Ganancias para personas humanas. La decisión no depende exclusivamente del ministro, ya que la recaudación por Ganancias se distribuye entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de la coparticipación. Si la cartera resuelve postergar los vencimientos sin establecer pagos a cuenta ni anticipos, los ingresos de los gobernadores sufrirían un impacto directo. Este escenario adquiere relevancia en medio de un intento de la administración libertaria por recomponer los vínculos con los mandatarios provinciales.

La convocatoria a los contadores surgió el martes por la noche, cuando los participantes del primer encuentro con el titular del Palacio de Hacienda recibieron la invitación para una nueva reunión. Pero el contexto cambió respecto a la cita anterior: diversos profesionales del sector contable expresaron públicamente la necesidad de prorrogar el vencimiento de Ganancias.
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El Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nota a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en la que solicitó formalmente la postergación del plazo para la presentación y el pago de las declaraciones juradas, un requisito central para la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
En paralelo, circuló la versión de que el Ministerio de Economía y ARCA analizaban una posible alternativa para quienes cumplan con la presentación y el pago bajo el régimen general hasta el 27 de julio. Según esta hipótesis, los contribuyentes podrían acceder a los beneficios de la nueva ley fiscal mediante la opción de “ganancias simplificada” en el sistema web de ARCA. Sin embargo, fuentes internas del fisco nacional negaron esa posibilidad ante la consulta de Infobae, y precisaron: “Solo se implementa lo que está vigente, que el nuevo proyecto de ley no aplica”.
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El debate en el Congreso
Que funcione la Ley de Inocencia Fiscal es fundamental para los planes del ministro de Economía y esto quedo expuesto durante la conferencia de prensa en donde presentó el programa financiero hasta 2027. “Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. Nos reunimos con un grupo de contadores que nos brindaron su perspectiva sobre las razones por las cuales la ley no funcionaba como esperábamos. Incorporamos esas correcciones, pero el mandato del Congreso está, ya que la ley original fue aprobada; no veo razones para que no aprueben una versión mejorada”, señaló Caputo.
Lo que no está tan claro que sea así. La discusión en el recinto estará cruzada por lo que sucedió con el ex jefe de Gabinete, quien está siendo investigado presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas y se adhirió al RSG, aunque ello no implique necesariamente que lo hizo para sacar dólares del colchón.
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Asimismo, el titular de la cartera económica también profundizó sobre el objetivo de la iniciativa y la magnitud de los recursos involucrados: “La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente, y al mismo tiempo el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería estar capitalizándose o transformándose en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían destinar esos fondos a financiar proyectos de infraestructura y pymes. Es una masa crítica muy importante, porque los números oficiales que maneja el Banco Central indican que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones”.
El margen para definir los próximos pasos en materia impositiva es cada vez más estrecho. Caputo tiene que hacer equilibrio entre cuidar la relación con los gobernadores y hacer caso a las demandas de los contadores para que la iniciativa funcione. La decisión que se conozca tras el encuentro marcará por qué se inclinó el ministro.
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