El economista Ramiro Castiñeira, vocero de la Fundación Faro, sostuvo en diálogo con Infobae en vivo que la situación actual de la Argentina debe entenderse como parte de un proceso de transición, luego de años de políticas que, según su mirada, alejaron al país de estándares internacionales. Señaló que no se está abriendo la economía sino que alejándola del modelo cubano.
“Cualquiera se da cuenta de que, si durante décadas se coqueteó con ser Cuba, en dos años la Argentina no se va a convertir en Suiza”, afirmó. En ese marco, cuestionó la caracterización del rumbo económico reciente como un experimento, cuando “el experimento era justamente copiar a Cuba”.
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Para el economista, integrante del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia de la Nación, ese camino previo resulta desacertado porque implica desconocer el funcionamiento de “occidente democrático, capitalista y civilizado”.
Castiñeira rechazó la idea de que el país esté atravesando una apertura económica en sentido clásico. “La Argentina no está abriendo la economía. La Argentina está ‘descubanizando’ la economía”, sostuvo. En su análisis, las restricciones al acceso de bienes y al comercio exterior son rasgos propios de regímenes como los de Cuba o Venezuela.
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Castiñeira también vinculó ese diagnóstico con lo que definió como un deterioro institucional. Señaló que la ausencia de estadísticas públicas confiables durante dos presidencias en democracia constituye un fenómeno “propio de una dictadura”.
A eso sumó la reiteración de medidas que, a su juicio, implicaron expropiaciones, como la confiscación de depósitos bancarios en 2001 y 2002, y la posterior estatización del sistema previsional. “Es el Estado sacándole todo el dinero al sector privado desde los bancos, dos veces en menos de una década”, enfatizó.
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Asimismo, criticó la “destrucción del sistema de precios”, ejemplificada —según dijo— en la coexistencia de múltiples tipos de cambio para una misma moneda. “En cualquier país hay un solo tipo de cambio; en Argentina hay 14 tipos de cambio. Directamente te venden según tu cara”.
En relación con el acceso al mercado cambiario, remarcó que las restricciones recientes también reflejan ese modelo. A diferencia de otros países donde se imponen por la fuerza, señaló que en Argentina “de manera democrática se votaban gobiernos que excluían a la población del mercado cambiario para luego hacer negociados con los dólares”.
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Respecto de los reclamos de sectores industriales, Castiñeira fue crítico de las políticas proteccionistas. Afirmó que “ningún productor puede armar su negocio en base a quitarle derechos al consumidor” y subrayó que el rol del Estado no es “inclinar la cancha”, sino garantizar reglas claras, el respeto por la propiedad privada y los acuerdos entre privados. En esa línea, advirtió que cuando el Estado se aparta de ese rol “destruye los mercados”.
Cuestionó, además, la existencia de sectores altamente protegidos que, según su visión, buscan sostenerse mediante el cierre de la economía. Consideró que no se puede pretender que los consumidores queden obligados a comprar ciertos productos por falta de alternativas.
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Por otra parte, planteó que “la baja de impuestos hay que hacerla sí o sí en todos los sectores de la economía”. Según explicó, el aumento de la presión tributaria es consecuencia del exceso de gasto público, por lo que “la única manera de bajar impuestos es bajar el gasto”.
En ese sentido, consideró que existe una creciente conciencia social sobre el problema: “La sociedad entendió que el exceso de Estado fue más allá de sus funciones básicas, que son respetar la propiedad privada, la vida, la institucionalidad y la moneda”.
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Castiñeira advirtió que los cambios en materia tributaria ya se observan dentro del propio Mercosur y remarcó el caso de Paraguay como ejemplo. Señaló que ese país aplica un IVA del 10% y un impuesto a las ganancias también del 10%, en contraste con Argentina, donde esas alícuotas alcanzan el 21% y el 35%, respectivamente.
Además, destacó que en Paraguay el impuesto a las Ganancias es plenamente deducible y mencionó la vigencia de la Ley de Maquila, que establece una carga impositiva del 1% para aquellas empresas que exportan al menos el 90% de su producción.
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En ese contexto, sostuvo que algunos países de la región “ya se dieron cuenta” de que el motor de la economía es el sector privado.
Por último, Castiñeira sostuvo que el Estado no debe intervenir en la formación de precios bajo ninguna circunstancia. Según afirmó, esa premisa abarca todos los ámbitos de la economía, desde los salarios hasta bienes de consumo como la ropa, e incluso la tasa de interés.
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