Luego de 6 años en crisis, la Justicia dictó la quiebra de la cadena de electrodomésticos Garbarino, dado que no pudo llegar a un entendimiento con sus acreedores para reestructurar su deuda millonaria ni obtuvo inversores dispuestos a aportar capital para salvar la compañía en la fase final del procedimiento.
La histórica cadena, con más de 7 décadas en el mercado y que llegó a tener más de 200 sucursales y 4.500 empleados, se vio obligada a cerrar sus persianas y liquidar sus activos, aunque la estructura estaba prácticamente desmantelada.
La compañía había sido adquirida en 2020 por el grupo de Carlos Rosales, titular del grupo asegurador Prof y directivo de San Lorenzo en ese momento, previamente en manos de la familia fundadora.
A principios de ese año, la empresa ya debía $4.000 millones a bancos acreedores, en medio de la recesión y la fuerte caída del consumo desde 2018. Además, adeudaba otros $7.000 millones a sus proveedores. La pandemia golpeó aún más las operaciones y las ventas cayeron hasta un 75% durante los meses más duros, lo que impactó directamente en el flujo de caja.
La situación financiera de la empresa se agravó después del intento fallido de venta en abril de 2021. La única oferta formal, presentada por Facundo Prado —presidente de Supercanal Arlink y CEO de Centrocard—, terminó por caerse antes de llegar a un acuerdo definitivo.
Para mediados de ese año, se aceleraron los cierres de locales, los empleados demandaban el pago de salarios y los clientes la entrega de los electrodomésticos comprados.
Como alivio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires transfirió alrededor de $225 millones a la compañía, parte de los saldos a favor que tenía en la AGIP, pero esta suma apenas cubría un pago parcial de los salarios adeudados.
En aquel entonces, la crisis no fue aislada: Ribeiro se presentó en convocatoria de acreedores para evitar la quiebra, luego de haber dejado de pagar salarios, cerrar locales y suspender su sitio de e-commerce.
Manuel Ribeiro, presidente de la cadena, había ilustrado el panorama en ese entonces: “La caída en el nivel de actividad y, en consecuencia, en los resultados de la empresa se originó con la devaluación de 2018 y sus efectos inmediatos: altas tasas de interés e inflación que, en contraposición con la pérdida del poder adquisitivo de nuestro cliente promedio, afectaron de manera significativa las ventas y, por lo tanto, la situación económica y financiera de la compañía”.
En tanto, en noviembre de 2021 Garbarino se presentó a concurso preventivo, luego de enviar 1.800 telegramas de despido. Ahora el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 determinó que no estaban dadas las condiciones para sostenerlo.
Ante la falta de adhesiones suficientes por parte de los acreedores y el fracaso del mecanismo de cramdown (salvataje), se avanzó con la declaración de quiebra y mantuvo, además, la inhibición general de bienes sobre la sociedad.
El procedimiento de remate incluirá no solo los inmuebles restantes, sino también una variedad de activos de diferentes tipos. Uno de los principales ejes es el patrimonio intangible: las marcas Garbarino y Compumundo mantienen un elevado nivel de reconocimiento, lo que podría captar el interés de inversores dispuestos a relanzar estos nombres con nuevas estructuras o plataformas digitales.
En cuanto al área industrial, la Justicia pondrá en venta las unidades productivas que el grupo posee en el sur del país. Se trata de Tecnosur y Digital Fueguina, dos plantas ubicadas en Tierra del Fuego que en el pasado fueron centrales para el ensamblaje de los productos de la empresa, y que actualmente permanecen totalmente inactivas. Estos activos presentan una de las mayores dificultades en la liquidación por su localización y la infraestructura tecnológica involucrada.
La desintegración del holding también afecta a otras áreas de negocio que en su momento ampliaron los ingresos de los fundadores y, más tarde, de la gestión encabezada por Rosales. El proceso judicial abarcará los activos de la financiera Fiden y de la unidad de turismo Garbarino Viajes, declarada en quiebra a mediados del año pasado.
El objetivo del juzgado es reunir todos los recursos disponibles para conformar el fondo que se destinará al pago de la extensa nómina de acreedores que esperan cobrar desde 2021.
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