
Parte de los empleados de la Administración Pública Nacional (APN) no recibieron en enero y febrero el plus por presentismo, lo cual impactó en los salarios de miles de trabajadores que se desempeñan en distintos organismos. Se trata del “Premio Estímulo a la Asistencia”, cuyo monto asciende en varios casos a $150.000 mensuales.
El beneficio alcanza a los trabajadores comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que se desempeñan en Casa Rosada, ministerios, organismos descentralizados y dependencias de la administración nacional. Y la inquietud se incrementó porque en la liquidación de los salarios de febrero que en muchos casos se cobraron hoy hubo ministerios que le pagaron el plus a sus empleados y otros que no lo hicieron.
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Se debe a que es un extra no incluido en el convenio colectivo, con lo cual su liquidación depende de una negociación paritaria que aún está abierta. “Si finalmente el plus se incluye dentro del acuerdo, tal como se espera, los empleados van a cobrar el presentismo de manera retroactiva”, señaló a Infobae una fuente al tanto de esas negociaciones. Agregó que el Gobierno no tiene intenciones de eliminar el cobro de presentismo de manera definitiva.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) detallaron: “Como el Gobierno no convocó a paritarias ni en enero ni en febrero, no se liquidó porque no tienen la correspondiente resolución para hacerlo”. Según las estimaciones del sindicato, el no pago del presentismo significa un recorte del 10% en los salarios de muchos estatales, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
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Frente a ello, enviaron una carta de documento a la Jefatura de Gabinete, intimando a que se garantice el pago, “bajo apercibimiento de realizar las medidas gremiales, administrativas y judiciales que estimemos corresponder”, indica.
ATE señalo que la paritaria “se encuentra en un cuarto intermedio desde diciembre de 2025″, sin que haya nueva convocatoria. La contraparte del Gobierno que interviene en la negociación es la secretaría de Empleo, dependiente del ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger.

En ese contexto, el gremio se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Igualmente, aclararon que algunos organismos liquidaron sueldos sin presentismo y otros con presentismo frente a la confusión.
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En los considerandos del decreto 36/2026, que homologó el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General rubricado en diciembre pasado, explicita que el beneficio se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025, luego de haber sido renovado sistemáticamente desde el 29 de septiembre de 2020.
Recortes en el empleo estatal
Mientras tanto, el recorte en la nómina estatal continúa. El economista Nadin Argañaraz precisó que en enero de 2026, la dotación total del sector público nacional alcanzó los 278.705 cargos.
La cifra representa una caída de 62.768 puestos respecto de los 341.473 registrados en diciembre de 2023 y de 1.415 mensual. El recorte se produjo de manera sostenida: todos los meses se verificó una disminución en relación con el mes previo.
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Del total de cargos eliminados entre diciembre de 2023 y enero de 2026, el 24% correspondió a la administración centralizada, el 35% a la administración descentralizada y el 34% a empresas y sociedades del Estado, entre los segmentos más relevantes del universo analizado.

En términos absolutos, la administración centralizada encabezó la reducción, con 15.105 cargos menos. Le siguieron el Correo Oficial, con 5.290 puestos; la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.615; ARCA, con 3.221; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), con 2.261; el Banco de la Nación Argentina, con 2.116; y Aerolíneas Argentinas, con 1.899 cargos menos, entre los organismos y empresas con mayores recortes en valores nominales.
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Al analizar la intensidad del ajuste en cada institución —considerando la modalidad de registro de los cargos— se observa que cuatro organismos, entre los que registraron mayores bajas de empleo, redujeron el 100% de su dotación, lo que implica su desaparición en los términos en que estaban conformados.
Se trata del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SACPEM y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
A estos casos les siguieron recortes significativos en otras entidades. La Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal redujo su planta en un 78%, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) registró una merma del 56% y la Casa de la Moneda una disminución del 49%.
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En el extremo opuesto, entre las instituciones con menor reducción porcentual de cargos se ubicaron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), con una baja del 6%; el CONICET, con una reducción del 8%; y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, con un recorte del 10%.
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