Este mes, uno de los principales problemas de recursos humanos que enfrentan el Gobierno Nacional y sus ministerios empieza a revertirse. Tras la decisión del presidente Javier Milei de descongelar los salarios de sus funcionarios tras dos años de mantenerlos fijos, ahora los cargos políticos van a tener un aumento sustantivo en sus haberes.
La situación quedó reflejada de manera casi cómica tras la salida del ahora ex titular del Indec, Marco Lavagna, ya que su sucesor, Pedro Lines, había colocado en su cuenta de Linkedin el logo “open to work” o abierto a trabajar. Es decir que el número 2 del organismo estaba buscando otro empleo precisamente por los bajos salarios de administración pública.
Durante los últimos meses, creció la preocupación entre los trabajadores de distintos niveles del Indec, dado el deterioro salarial y las dificultades que esto genera a la hora de retener cuadros técnicos y profesionales. Se trata de un cuadro de situación difícil por la alta demanda de este tipo de roles en el sector privado.
En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó: “Lo que pasa ahí es lo mismo que ocurre en todo el sector público: los sueldos quedaron muy bajos porque, pensá que tanto ellos como nosotros no nos aumentábamos los sueldos. Ahora sí, pero desde el inicio de la gestión no nos los aumentábamos”.
“A mucha gente se le hace muy difícil. Hay algunos que lo podemos sostener, otros no. En Producción, por ejemplo, se me fueron un montón. Y se van al sector privado porque tienen muchos mejores sueldos. Son gente capaz, honesta, que trabajó siempre en el sector privado”, contó.
Según cifras públicas confirmadas a Infobae por voceros de la Casa Rosada, el salario del presidente Javier Milei se mantiene en $4.066.018 brutos mensuales, congelado desde diciembre de 2023, sin actualizaciones previstas. La vicepresidenta Victoria Villarruel percibe $3.764.821 brutos, también congelados desde ese mes. Ambos montos permanecen sin cambios, conforme a la exclusión establecida en el último decreto.
Para el resto de las autoridades superiores, los sueldos previos y actualizados confirmados por las mismas fuentes son los siguientes:
- Ministros:
- Salario previo (bruto): $3.584.006; (neto estimado) $2.975.725
- Nuevo salario (bruto): entre $5.800.000 y $6.600.000
- Nuevo salario neto estimado: entre $4.814.000 y $5.478.000
- Secretarios:
- Salario previo (bruto): $3.282.709; (neto estimado) $2.724.649
- Nuevo salario (bruto): entre $5.300.000 y $6.100.000
- Nuevo salario neto estimado: entre $4.399.000 y $5.063.000
El ajuste, que se percibirá con los haberes de enero de 2026 y se cobra en febrero, representa un aumento acumulado de entre 62,4% y 85,9% respecto a los valores previos, según el cálculo sobre incrementos paritarios estatales de los últimos dos años. Los aumentos no son retroactivos y sólo alcanzan a ministros, secretarios y otras autoridades superiores, quedando excluidos Milei y Villarruel.
Estos ajustes fueron oficializados a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en diciembre.
En los considerandos, el texto señala que Argentina “enfrenta el desafío de construir un sistema de empleo público basado en la transparencia, meritocracia y desempeño”, con el objetivo de contar con “un cuerpo de empleados públicos profesionales y calificados”.
En ese marco, plantea que resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado nacional cuenten con “un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.
Asimismo, sostiene que “un esquema de Autoridades Superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas”, combinado con “mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas”, contribuye a fortalecer “la integridad institucional del Estado nacional”.
A partir de ese diagnóstico, el texto indica que, “teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta Administración”, corresponde avanzar en “un ordenamiento equitativo en la estructura salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional”, aclarando que esa medida se adopta “sin comprometer la sostenibilidad fiscal”.
También remarca que el ordenamiento de las remuneraciones se inscribe “en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público” y forma parte de “una estrategia de largo plazo orientada a la construcción de un Estado eficiente y profesional”.
Finalmente, subraya que este ordenamiento “constituye una medida necesaria pero no aislada” y que debe entenderse como parte de “un proceso de transformación del Estado nacional” destinado a dejar atrás “un esquema de empleo público desarticulado, poco transparente y carente de incentivos adecuados”.
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