El Gobierno inició una investigación a una parte del negocio del gas: sospechan distorsión de precios y otras irregularidades

La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) dispuso la apertura de una investigación de mercado en los sectores de distribución y comercialización de gas natural en toda la Argentina.

Esta medida tiene su origen en una solicitud del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe y se basa en denuncias de grandes consumidores y estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC) sobre posibles prácticas anticompetitivas. La distorsión, aseguran en la provincia, también impacta en la tarifa de gas que pagan las familias. El proceso se inició tras la detección de supuestas distorsiones en los precios y condiciones del servicio, y por el momento abarca a una parte muy importante del negocio: todas las distribuidoras y comercializadoras del país (no a las generadoras y transportistas).

De esa manera, la ANC, que hasta el año pasado era la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y estaba bajo la órbita de Economía –ahora es un ente autárquico– hará la investigación nacional, no sólo en Santa Fe, que podría derivar en imputaciones puntuales a empresas de este sector. También podrían surgir otras medidas, como recomendaciones regulatorias.

La acción se originó en reclamos por la aplicación de un sistema de “mix de cuencas” que determina la tarifa de transporte del gas natural. La sospecha de los funcionarios es que este método no representa los flujos reales de gas ni el actual peso de Vaca Muerta en la producción, lo que podría perjudicar a determinados usuarios.

El ministerio santafesino presentó formalmente sus observaciones ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), señalando las quejas provenientes de grandes consumidores y clientes de estaciones de GNC sobre los esquemas de tarifas vigentes. Según el expediente, al que tuvo acceso Infobae, existe la sospecha de que algunas distribuidoras y sus comercializadoras asociadas habrían incurrido en prácticas contrarias a la competencia en el mercado.

Según Santa Fe, podrían existir “actos o conductas que pudieran configurar una violación a la normativa vigente, o un abuso de posición dominante en el mercado de distribución y comercialización de gas natural”, como detalló la disposición de la ACN que firmó su presidente, Eduardo Montamat.

En ese contexto, mencionan que se “habrían detectado potenciales distorsiones vinculadas a: (i) la aplicación de un mix de cuencas para la fijación de tarifas de transporte que no reflejaría los flujos reales de gas natural, particularmente considerando la concentración de la producción en la cuenca Neuquina; y (ii) conductas presuntamente anticompetitivas de las distribuidoras y sus comercializadoras vinculadas”.

“Fuimos la única provincia que puso esto que está pasando por escrito. Lo que pedimos, sobre todo al Enargas, es que se actualicen las combinaciones de lo que se llama el ‘mix de cuencas’ de las distribuidoras y comercializadoras. Nos pasa a nosotros y a todos: ese mix –lo que viene de la Cuenca Neuquina y venía del norte, importado desde Bolivia– cambió rotundamente. No hay más importación y está Vaca Muerta, desde donde ahora llega el 100% de gas. Nos cobran más caro y no deberían, así de simple. Si funcionara el esquema que reclamamos, el gas sería entre 20 y 40% más barato. Hay inequidad regional, algo que impacta fundamentalmente en grandes usuarios, empresas, y también en las familias. Nos cobran por un transporte que ya no existe“, le dijo a Infobae Gustavo Piccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia.

“Hay distribuidoras y sus accionistas que también comercializan y eso no debería pasar, quedó obsoleto. La actualización tarifaria ahora es diferente, luego de la Ley Bases. Es un tema muy importante para nosotros porque tiene que ver con la competitividad de nuestras empresas”, agregó el ministro.

Enargas –que ya estaría trabajando en una simplificación del esquema que ahora va a incluir el rol del Gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Kirchner– respondió que la infraestructura y las normas regulatorias actuales determinan cómo se reparte el gas en distintas regiones. Sostuvo que la definición del “mix de cuencas” y su impacto en las tarifas es parte de su análisis técnico, aunque reconoció que la interpretación legal de autorizaciones sobre integración vertical involucra a otras autoridades.

Entre las irregularidades señaladas, destaca la utilización de tarifas combinadas según el origen del gas. Dada la concentración de la producción en la cuenca Neuquina, esto podría no reflejar los movimientos reales del sector, generando ventajas para ciertos operadores y afectando la competencia y el acceso igualitario al servicio.

La investigación examina, bajo la óptica de la Autoridad Nacional de la Competencia, posibles casos de abuso de posición dominante y de competencia desleal. La Ley 24.076 prohíbe explícitamente estos comportamientos y restringe la integración vertical, al impedir que un comercializador controle transportistas o distribuidores. Sin embargo, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 180/2004, emitido durante la emergencia pública, permitió que las distribuidoras participen, mediante empresas controladas, en actividades de comercialización. El documento advierte que esta excepción debe aplicarse de forma restrictiva y que su alcance excede las funciones de Enargas, conforme reconoció el propio ente.

Las autoridades remarcaron que la apertura de la investigación no implica una conclusión sobre la existencia de irregularidades ni anticipa la responsabilidad de los agentes investigados. Y que la sola puesta en marcha del expediente representa una etapa preliminar destinada a evaluar si hay fundamento suficiente para una revisión más amplia, sin prejuzgar sobre la posible comisión de actos anticompetitivos.