En un nuevo intento por contener la inflación, el Gobierno extendió hasta el 30 de junio un beneficio fiscal clave para las pymes. Se trata de la exención del impuesto a las Ganancias y del IVA para la importación de alimentos de la canasta básica, bienes de primera necesidad, medicamentos e insumos.
La medida, que se implementará a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exime a las pequeñas y medianas empresas de los dos gravámenes básicos que rigen para cualquier importación y que encarecen las compras en el exterior.
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Todos aquellos importadores que quieran acceder al beneficio deberán presentar el Certificado MiPyme vigente al momento de la operación, según se estableció en la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial.
Efectos en la inflación
El objetivo oficial es reducir costos y evitar que esos impuestos se trasladen a los precios finales, en un contexto en el que los alimentos y los productos de primera necesidad continúan siendo uno de los principales focos de presión inflacionaria.
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Si bien el Presupuesto 2026 proyecta un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 10,1% para el próximo año, las expectativas privadas son más elevadas. De acuerdo con el último relevamiento de LatinFocus, la inflación anual esperada se ubica en 23,9%, mientras que distintas consultoras advierten que el escenario podría ser más desafiante de lo previsto por el Gobierno.
Más presión para los locales
Aunque la decisión recibió críticas por el impacto negativo que podría tener sobre la industria local, el Ejecutivo defendió la medida con un argumento que ya viene utilizando en otros sectores. Se focaliza en fomentar una mayor competencia de la mano de los productos importados para bajar los precios internos.
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En ese sentido, la prórroga de la exención impositiva no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una de las estrategias más utilizadas por el Gobierno para avanzar en una mayor apertura comercial y en el control de la inflación.
En los últimos meses, la administración libertaria flexibilizó las importaciones en distintos rubros con el mismo objetivo. Uno de los casos más visibles fue el del sector automotor, en el que se habilitó un mayor ingreso de vehículos importados —en su mayoría, de origen chino— con la intención de reducir los precios locales, históricamente por encima de los valores internacionales.
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A ese esquema se sumaron cambios en el mercado de celulares, electrodomésticos y productos tecnológicos, tres rubros en los que el Ministerio de Economía apuntó a achicar la brecha entre los precios en la Argentina y los de países vecinos.
Sin embargo, al igual que ocurrió con la apertura para autos y tecnología, la medida genera resistencia en parte del entramado productivo local. La eliminación de impuestos a las importaciones, advierten desde distintos sectores, profundizaría las asimetrías frente a los productores nacionales, que enfrentan una carga tributaria más elevada y mayores costos laborales y logísticos.
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El principal cuestionamiento apunta a que, si bien la exención busca aliviar el bolsillo del consumidor, podría afectar a empresas locales que compiten con productos importados más baratos, especialmente en un contexto de consumo todavía débil, con posibles impactos sobre el empleo.
Desde el lado oficial, en cambio, se remarca que el beneficio está dirigido a pymes importadoras y no a grandes jugadores. Así, el objetivo es ampliar la oferta y evitar posiciones dominantes.
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Récord de importaciones
El avance de la apertura comercial se reflejó también en los números oficiales. Hasta noviembre de 2025, las importaciones de bienes en la Argentina se ubicaron cerca del máximo histórico registrado en 2022 y mostraron un nivel que podría llegar a triplicar el promedio de la década de los noventa.
Entre enero y noviembre del año pasado, el volumen importado alcanzó los USD 70.235 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 27%.
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