Las empresas ya pueden girar utilidades, mientras el Gobierno sigue de cerca el stock de reservas

A partir de 2026, que arrancó este jueves, el Gobierno argentino enfrenta un punto clave para la economía, a nueve meses de la cadena nacional con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el levantamiento inmediato del cepo cambiario para personas. Desde entonces, la política cambiaria y las restricciones financieras han atravesado ajustes y nuevos interrogantes, especialmente tras el calendario electoral de medio término y ahora los desafíos que plantea el giro de dividendos empresariales.

El equipo económico debió reintroducir restricciones tras la incertidumbre que generó la contienda electoral. Aunque la expectativa inicial era la liberalización total del mercado cambiario, la realidad impuso límites, como ocurrió con las restricciones de operaciones cruzadas entre dólar oficial y bursátil. Pero desde hoy, las empresas cuentan con la posibilidad de girar dividendos correspondientes al ejercicio 2025.

Así, se levantó una de las mayores restricciones cambiarias, aunque con posibles límites y bajo observación gubernamental por el impacto en las reservas, enfocándose la liberación en dividendos de nuevas inversiones. Esta medida busca normalizar el mercado tras años de controles, y permite la distribución de ganancias generadas desde 2025, no las acumuladas anteriormente, en lo que se considera un paso clave en la liberalización cambiaria, aunque con cautela sobre la salida de dólares y la presión sobre el tipo de cambio.

Hay que recordar que la medida aplica a utilidades generadas a partir de balances cerrados en 2025, no a deudas anteriores (2019-2024). A la vez se libera el acceso al mercado de cambios para girar dividendos a no residentes, siempre que sean ganancias de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025, conforme a balances auditados.

En este sentido, hay que considerar que la administración de Javier Milei emitió distintas series de los Bopreal ( Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre), para cumplir con estas obligaciones en divisas acumuladas por el estricto control de capitales heredado.

Los Bopreal son pasivos remunerados en el balance del Banco Central, con vencimientos de corto plazo, por cuanto su cancelación, al igual que el giro de utilidades autorizado, pueden ejercer presiones sobre las reservas internacionales de la entidad, hoy por encima de los USD 41.000 millones, aunque negativas en un cálculo neto al descontar préstamos y depósitos del sector privado. El stock de Bopreal alcanzaba los USD 12.975 millones al 29 de diciembre.

Fuentes del Banco Central habían indicado a Infobae en noviembre que los giros correspondientes a 2025 podrán efectuarse durante 2026, probablemente a partir de mediados de año. “Una vez que las empresas cierren sus balances, que en general es a partir de junio, está liberada la posibilidad de girar al exterior. No hay ninguna implementación, en especial”, detallaron desde el BCRA.

Durante la tensión cambiaria de octubre, el BCRA, presidido por Santiago Bausili, estableció controles sobre operaciones con el dólar oficial, así como sobre los mercados financieros MEP y Contado con Liquidación (CCL). Inicialmente, las medidas se aplicaron a funcionarios de entidades financieras y luego se extendieron de forma general a todo el mercado. La diferencia entre la cotización oficial (usada para comercio exterior) y las financieras (MEP y CCL) persiste, y para las autoridades esto justifica la continuidad de las restricciones.

Luego de las elecciones, la demanda de pesos mostró una rápida recuperación, lo cual podría completar la absorción de liquidez excedente y abrir la puerta a una flexibilización total del cepo este año. No obstante, la mayor parte de la cartera de pesos del sector privado se mantiene en títulos de corto plazo, por lo que la normalización dependerá de factores internos y de la evolución del mercado.

La discusión sobre el futuro del cepo y los controles cambiarios mantiene en vilo a empresas, inversores y analistas. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de prudencia ante la brecha cambiaria y las reservas negativas, el sector privado aguarda definiciones concretas sobre una apertura definitiva del mercado de cambios.