El acuerdo que firmó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas del sector electrónico radicadas en Tierra del Fuego en mayo de este año para sostener los puestos de trabajo vence este miércoles 31 de diciembre y deja en situación de riesgo a unos 1.000 contratos laborales, en su mayoría vinculados a trabajadores con modalidades temporarias, tal como adelantó Infobae días atrás.
El entendimiento funcionó como una herramienta para contener el empleo en un contexto adverso para la industria fueguina y llegó a su fecha límite sin una definición pública sobre su continuidad.
El convenio se firmó el 23 de mayo entre la UOM y las compañías nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). Su objetivo central fue evitar despidos y sostener los niveles de ocupación en un escenario marcado por la caída del consumo, la reducción de aranceles a la importación de celulares (en ese momento, se redujo al 8% y el 16 de enero próximo irá a 0%) y el avance de la competencia de productos importados, factores que impactaron de forma directa en la actividad industrial local.
El acuerdo estableció mecanismos transitorios que permitieron mantener puestos de trabajo durante la segunda mitad del año. En particular, alcanzó a empleados con contratos a plazo fijo, muchos de los cuales se prorrogaron bajo el marco de ese entendimiento. Con el vencimiento fijado para este miércoles, esos vínculos laborales finalizarán, según fuentes gremiales y empresarias.
El acuerdo de mayo pasado surgió tras una semana de conflicto y medidas de fuerza en la provincia. En ese contexto, las partes retomaron la actividad y fijaron compromisos para evitar despidos durante el resto del año. El entendimiento incluyó herramientas transitorias y espacios de diálogo para abordar el impacto de los cambios comerciales y la situación del régimen industrial.
Según se supo, el sector trabajaría con los gobiernos nacional, provincial y con la UOM en ver de qué manera poder mejorar la productividad para ser eficientes en la producción, aún en ese escenario más aperturista. Y si bien algunas mejoras en procesos productivos hubo, la situación de consumo general, de más oferta (en celulares, gran parte vía contrabando) y precios que se desplomaron en dólares versus el año pasado hizo que el panorama hacia adelante no sea alentador y que, por ende, las empresas decidan ajustar.
Desde la UOM de Río Grande, la conducción gremial señaló que la situación productiva del sector presentó un alto nivel de incertidumbre y que la falta de previsibilidad respecto de la actividad complicó la posibilidad de garantizar la continuidad de los puestos una vez finalizado el acuerdo. El sindicato mantuvo conversaciones con las empresas y con autoridades provinciales en busca de alternativas que permitieran sostener el empleo, pero no hubo respuestas favorables.
El contexto general de la industria electrónica en Tierra del Fuego mostró dificultades persistentes a lo largo del año. La combinación de un menor nivel de ventas internas, cambios en el esquema arancelario y una mayor presencia de productos importados redujo el volumen de producción y afectó la planificación de las plantas. En ese marco, el acuerdo entre la UOM y Afarte funcionó como un instrumento de contención laboral.
Las empresas del sector participaron del entendimiento con el objetivo de preservar la dotación de personal en un momento de actividad limitada. El convenio permitió transitar varios meses sin despidos masivos, aunque dejó abierta la discusión sobre la sostenibilidad de esos puestos en el mediano plazo. El vencimiento de este miércoles colocó nuevamente el foco en la fragilidad del esquema laboral vigente.
El Gobierno de Tierra del Fuego intervino como actor de diálogo entre las partes. La administración provincial impulsó instancias de conversación para analizar posibles salidas antes de la fecha de vencimiento, con la intención de evitar un impacto inmediato sobre el empleo. Esas gestiones se desarrollaron en paralelo a las negociaciones entre el gremio y las empresas. Pero se llegó a ningún acuerdo. Mientras tanto, la administración de Gustavo Melella le pidió a las empresas del sector ayuda para pagar el medio aguinaldo de diciembre. Tal como publicó Infobae semanas atrás, les pidió, a través de Afarte, el adelanto de $15.000 millones de concepto de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos.
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