La relación entre el Gobierno Nacional y los gobernadores “dialoguistas” tiene vaivenes y ahora volverá a tensionarse, debido a que en la reforma laboral enviada al Senado el Ejecutivo propuso una baja del impuesto a las Ganancias de sociedades (para los Tramos 2 y 3, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5% respectivamente). De aprobarse, ese alivio fiscal a las empresas será solventado en casi un 60% por menores envíos de coparticipación a las provincias.
“El proyecto de modernización laboral tiene varios componentes tributarios. El relacionado con el impuesto a las ganancias se concentra en la rebaja de alícuotas a las empresas y en otros cambios como la exención de pagar ganancias por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación”, destacó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
La estimación es que el costo fiscal directo inicial anual es del orden del 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que en moneda actual serían 1,9 billones (millones de millones) de pesos. Y que de ese total, al Gobierno Nacional le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $1,12 billones.
A muchos les llama la atención el apuro del Gobierno de incluir cambios impositivos en la reforma laboral cuando el presidente Javier Milei había prometido, en su cadena nacional por el primer año de gestión, una reforma tributaria en la que se eliminarían impuestos que no tenían peso en la recaudación total.
El costo fiscal derivado tensionará la relación con las provincias que ya ven golpeadas sus cajas por la menor recaudación derivada de la caída del nivel de actividad- y por la mora o ausencia del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Se da, además, en medio del toma y daca por el presupuesto 2026, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y ahora debe tratarse en el Senado, donde para velar por sus intereses los gobernadores tienen mayor peso sobre los legisladores de sus distritos.
En el discurso del Gobierno, la baja del impuesto a las Ganancias a sociedades mejoraría la rentabilidad del capital invertido lo que, ceteris paribus, debería hacer más atractivos determinados proyectos de inversión, con generación de puestos de trabajo. Pero el costo fiscal no lo absorbe la administración central sino que se reparte entre los 24 distritos también.
A partir de 2027
En caso de aprobarse la reforma laboral con el cambio en el impuesto a las Ganancias de sociedad, el costo fiscal recién se va a dar en el año 2027, cuando las empresas o personas humanas beneficiadas con la baja de carga presenten sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2026. “Concretamente, el impacto se daría a partir de mayo de 2027, cuando los contribuyentes empiecen a presentar sus declaraciones juradas y pagar el saldo correspondiente a 2026. Y, posteriormente, en los anticipos derivados de ese nuevo saldo”, destacaron en el informe.
Pero el costo no se distribuye de manera uniforme, del total de $1,2 billones, la mayor parte la asume la provincia de Buenos Aires con $238.558 millones; la sigue Santa Fe con $97.087 millones; Córdoba, $96.459; Chaco, $54.193 millones; Entre Ríos, $53.042 millones; Tucumán, $51.682 millones; Mendoza, $45.300 millones; Santiago del Estero, $44.882 millones; Salta, $41.638 millones; Corrientes, $40.383 millones.
Luego, Formosa con $39.546 millones; San Juan, $36.721 millones; Misiones, $35.884 millones; Jujuy, $30.863 millones; Catamarca, $29.921 millones; Río Negro, $27.410 millones; San Luis, $24.795; La Rioja, $22.493 millones; La Pampa, $20.401 millones; Neuquén, $18.854 millones. Con la misma pérdida, Chubut y Santa Cruz, $17.180 millones y por último Tierra del Fuego con $13.398 millones.
A quién beneficia
Como reveló Infobae, los gobernadores recibieron advertencias del costo que tendría para ellos que se apruebe la reforma laboral con la baja en la alícuota a Ganancias de Sociedades. El fin de semana pasado, en el grupo de WhatsApp uno de ellos envió el documento del diputado Guillermo Michel en donde se calculaba que la pérdida sería del 0,3% del PBI.
“Esta baja de alícuota impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias”, alertó el flamante diputado por Entre Ríos, Guillermo Michel, quien calculó que el beneficio fiscal, del 0,3% del PBI, se concentra mayormente ”en solo 144 grandes empresas“.
Hoy, las empresas pagan el impuesto por tramos. Hasta $101,7 millones de ganancia neta pagan el 25% sobre esa ganancia (es decir, poco más de $25 millones) y estas componen el Tramo 1. Por más de $101,7 millones y hasta $1.016,8 millones pagan un fijo de $25 millones más el 30% sobre el excedente de $101,7 millones. Y si ganan más $1.016,8 millones, un fijo de $300 millones más el 35% sobre el excedente de $1.016,8 millones.
Pero con el cambio que propone el Gobierno y con base en las últimas estadísticas publicadas, de aprobarse, la propuesta del Gobierno solo beneficiaría a un puñado de empresas. Ya que de las 163.587 sociedades que presentaron la declaración jurada del impuesto, 146.257 sociedades, el 89,4% del total, estaban en el Tramo 1 (hasta $100 millones) y aportan el 7,9% del impuesto.
Mientras que en el Tramo 2, desde $100 millones y hasta $1.000 millones, presentaron 15.474 sociedades, el 9,5% del total y aportaron el 15,9% del impuesto. Y en el Tramo 3, más de $1.000 millones, 1.856 sociedades, solo 1,1% del total y aportan el 76,3% del impuesto.
“De estos datos surge una gran concentración. Solo el 1% de las sociedades determinan impuesto por más de $1.000 millones al año y ese mismo 1% representa el 76% de la recaudación del impuesto a las ganancias de sociedades”, comentó Michel. Y agregó: “Pero si se hace una apertura adicional, la concentración es aún mayor. Solo 144 grandes sociedades, el 0,1% de las sociedades que determinan impuesto por más de $15.000 millones al año, representa el 56% de la recaudación del impuesto”.
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