
Aunque todavía falta la aprobación por parte de los Gobiernos de cada país y del Parlamento europeo, el 16 de diciembre quedará inscripto en la historia del automóvil como el día en el que la industria automotriz mundial quebró a la fuerza política para sobrevivir a una muerte casi inevitable.
En efecto, la Comisión Europea presentó el martes su plan para levantar la prohibición vigente de la UE sobre los nuevos vehículos con motor de combustión a partir de 2035, tras la presión del sector automovilístico de la región, según reporta Reuters.
Si bien no es una novedad, porque el tema estaba “en carpeta” desde algunas semanas atrás, es una medida que venía pidiendo desde hace más de dos años la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y también los gobiernos de Alemania e Italia, dos países que veían con gran preocupación el impacto de una decisión que varias veces consideraron como una iniciativa que tomó la política intentando enseñarle a la industria automotriz como debía funcionar.
Lo que había decidido la Comisión Europea que lidera Ursula Von der Layen era que desde 2035 no se podrían producir automóviles con motores de combustión interna. Para que esa propuesta fuera aprobada, Alemania había exigido que los motores térmicos que funcionan con combustibles sintéticos sí pudieran seguir produciéndose. Ante la negativa alemana para votar a favor del proyecto sin esa cláusula, el organismo que nuclea a los países del bloque económico común europeo aceptó esa condición.
Sin embargo, una política de aumentar progresivamente la exigencia para reducir las emisiones contaminantes que cada año se va ajustando, y que implica millonarias multas para aquellos fabricantes que no puedan cumplir con una cuota máxima de CO2 en el total de su flota de vehículos, provocó que todas las automotrices empezaran a ver comprometidas sus finanzas, ya que debían reducir su proporción de autos a combustión, los que más se venden, y aumentar la de híbridos y eléctricos, que tienen menor demanda.
Así, los sucesivos recortes de empleos de muchas plantas pertenecientes a distintas marcas europeas empezó a dejar al desnudo un plan que no parecía viable sin la subvención de los gobiernos de cada país para que los ciudadanos puedan adquirir un auto eléctrico, que de otro modo, por su elevado precio no estaba al alcance del bolsillo común.
Fue entonces cuando las cuentas que ya no “le cerraban” a los fabricantes de autos se trasladaron a un déficit similar para el presupuesto de los gobiernos de la UE. Se trataba de subvencionar a la industria para no crear una crisis social por miles de puestos de trabajo que quedarían en el camino, o entender que el objetivo de reducir las emisiones contaminantes para 2035 tendría un costo mayor al daño ambiental.
Lo que se decidió este martes, y que es parte de la propuesta de la Comisión Europea, se traduce en pasar de una reducción de CO2 del 100% como estaba establecido a partir de 2023, a una reducción del 90% de las emisiones respecto a los niveles de 2021.
Los fabricantes de automóviles tendrán que compensar ese 10% de emisiones restantes produciendo vehículos con acero con bajo contenido de carbono fabricado en países de la UE, y con la utilización de combustibles sintéticos para motores térmicos o biocombustibles no alimentarios, como residuos agrícolas y aceite de cocina usado.
El plan también otorga a los fabricantes de automóviles un plazo de tres años, de 2030 a 2032, para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos en un 55% con respecto a los niveles de 2021, mientras que el objetivo de 2030 para las furgonetas se reduciría del 50% al 40%, señaló Reuters.
Ahora empezará otro tipo de batalla, la de los movimientos ecologistas que ya empezaron a considerar esta decisión como una “victoria trágica” para la industria tradicional frente a los autos eléctricos.
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