Salvador Femenia, de la CAME: “Se inician juicios laborales por casi cualquier motivo”

Salvador Femenia, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entidad de tercer grado que agrupa a cerca de 1.500 cámaras y federaciones de empresas pequeñas y medianas del país, señaló que en el tema de la reforma laboral la preocupación principal, “casi excluyente”, son los juicios y la conflictividad laboral.

“Es un punto casi excluyente, porque los juicios se inician por casi cualquier motivo. Tanto por temas laborales y también por ART. Luego, según su demora en el tiempo son ajustados por la justicia laboral en una forma que no estamos de acuerdo y con capitalización de intereses llegan a cifras exorbitantes”, señaló Femenia, y apuntó el reciente caso de Alberto Chinkies, dueño del restaurante Piegari que por un juicio laboral de un empleado que a raíz de la pandemia se negó volver a trabajar presencial inició un juicio y logró una sentencia favorable de casi $200 millones. “Eso es impagable para una pyme”, dijo Femenia.

Sin letra oficial

Consultado en el programa “Futuro imperfecto”, por Radio con Vos, sobre con qué legisladores o funcionarios de gobierno están hablando el representante empresario dijo que no hay ningún “documento oficial” sobre la futura reforma, sino solo “trascendidos, para medir lo que dice la opinión pública”. En ese punto, enfatizó que el proceso legislativo está en una etapa muy inicial. El proyecto se tiene que redactar, discutirse en comisiones, pasar por ambas Cámaras del Congreso.

“Es un recorrido importante, y además está la reforma tributaria”, dijo Femenia, quien para ilustrar el anacronismo de la actual legislación, recordó que la ley de contratos de Trabajo es de principios de los 70s y que el Convenio 130, de empleados de Comercio, el sector de mayor número de empleados en relación de dependencia de la Argentina, es del año 1975.

“Más allá de cuestiones puntuales, no tuvo actualización. Los métodos de trabajo han cambiado mucho”, señaló. Para peor, acotó, “el gobierno de Alberto Fernández terminó reglamentando aspectos de la presencialidad que nadie le había reclamado y trajo bastante oscuridad”. Mencionó al respecto la exigencia de que las empresas “preserven” el espacio de trabajo de empleados que trabajan de modo remoto, por si quisieran volver al modo presencial.

Más competencia importada

En el caso de las Pymes, dijo Femenia, la situación se agrava por la competencia de productos importados, en particular de China, algo que se profundizó porque muchos productos de ese país ya no pueden entrar a Estados Unidos y tienden a inundar terceros mercados. Incluso Brasil, dijo, tiene problemas en ese sentido. “No se puede competir, porque además de los temas laborales tenemos impuestos nacionales y provinciales y tasas municipales que no se pueden trasladar” al precio del bien final, aseguró.

Al respecto, señaló que hoy un pequeño comercio de cercanía paga en promedio 5% en concepto de ingresos brutos y tasas municipales de 2, 3 y hasta 4% cuya incidencia final puede montar hasta el 10% sobre una actividad cuya rentabilidad bruta es “a lo sumo” del 18 por ciento.

En cuanto a la litigiosidad, volvió sobre el tema, es necesario que para evitar abusos haya un registro de casos y de peritos y que “litigar no sea gratuito”. Además, afirmó, “la parte del león de los juicios laborales no se la llevan los empleados”.

“Es un problema corporativo”, dijo, en referencia a la “industria del juicio”. La justicia, pidió, debería ser más ecuánime en la determinación de si por ejemplo en un despido hay o no “justa causa”.

Femenia dijo que en la actualidad el sector más castigado es el del sector micropyme, de “comercios de cercanía” de hasta 5 empleados, y las pyme industriales de sectores como textiles, indumentaria y calzado y repuestos, que afrontan la competencia importada con una alta carga tributaria e impuestos “que no existen en otras partes del mundo”, como Ingresos Brutos e impuesto al cheque.

Finalmente, precisó que el sector pyme la viene pasando mal desde 2018 y no hay creación neta de empleo desde 2011. Y en lo que del gobierno de Milei, concluyó, se perdieron aproximadamente 18.000 empresas y 200.000 empleos formales.