El enojo de un productor yerbatero tras la desregulación: “Nos bajaron el precio, pero en la góndola no hubo cambios”

Tras la reciente desregulación del mercado de la yerba mate, que estableció -entre otras medidas- que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ya no intervendrá en el mercado fijando precios de referencia, el productor misionero Jonás Peterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte cuestionó la decisión y transmitió la inquietud de miles de pequeños agricultores del sector ante el flamante decreto. “Nos bajaron el precio, pero en la góndola el valor de la yerba no cayó”, disparó en diálogo con Infobae en Vivo, al explicar las consecuencias de la nueva desregulación impulsada por el gobierno nacional, que eliminó la protección de precios mínimos al productor.

Peterson relató que, hasta antes de esa desregulación, el INYM cumplía un papel clave y fijaba un precio mínimo para la hoja verde en cada inicio de cosecha, tomando en cuenta una grilla de costos consensuada y discusiones técnicas dentro del organismo. “Cobramos 400 pesos el kilo de hoja verde en 2023, y ese precio cubría los costos y nos dejaba un pequeño margen para vivir”, afirmó. Según indicó, luego de los cambios normativos, esa garantía desapareció y el panorama productivo cambió por completo.

La eliminación de los artículos de la ley que permitían fijar precios colocó a los productores minifundistas —más de 12.500 en Misiones— en clara desventaja frente a “cinco o seis grandes empresas”, que industrializan y almacenan stock suficiente para un año. “Para la industria es sencillo esperar si no les queremos vender; nosotros no tenemos esa capacidad”, explicó Peterson. Ese desequilibrio, narró, afectó la negociación y empujó el precio del kilo de hoja verde a la franja de 200-250 pesos, mientras los costos de producción aumentaron.

Durante la entrevista, el referente yerbatero detalló que el escenario económico llevó a un fuerte retroceso social. “Entre 2023 y la actualidad, nuestros costos subieron y el ingreso bajó a menos de un tercio. Si antes nos quedaban 300 pesos de bolsillo por kilo, hoy apenas quedan entre 80 y 100 pesos, con insumos y servicios mucho más caros”, explicó. Peterson señaló que muchos productores dejaron de fertilizar, redujeron atención y sufrieron una baja en el rendimiento. “Hasta el año pasado casi no había pequeñas propiedades a la venta. Ahora aparecen cada vez más, porque la actividad dejó de cerrar”, reconoció.

Al evaluar la utilización de la yerba mate, Peterson negó la existencia de exceso de oferta como factor explicativo del derrumbe de precios en origen. Insistió en que, incluso cuando la producción local resultó elevada, las empresas importaron yerba de Paraguay y Brasil. Con ese argumento, rechazó la idea dominante entre los industriales acerca de la necesidad de ampliar mercados para resolver la presión sobre el sector: “Importaban yerba para conseguir materia prima barata”.

Precios al productor versus los de góndola

El productor misionero hizo foco en la diferencia que se observa entre el precio recibido por el agricultor y el valor que pagan los consumidores en las góndolas. “En 2023 el kilo de yerba mate costaba en promedio 1.800 pesos para el público. Ahora, supera los 3.000 pesos. A nosotros nos bajaron el precio a 200 pesos, pero el consumidor paga cada vez más”, enfatizó, y sostuvo que “la brecha se amplió por la pérdida de herramientas institucionales que permitían defender el ingreso del sector primario”.

Junto con la capacidad de fijar precios para el producto, el INYM perdió otras funciones regulatorias de importancia, como la facultad para establecer calendarios de cosecha y ejercer controles de calidad. Ese retroceso limitó cualquier intervención protectora en momentos críticos. “Si los productores deciden demorar la cosecha para esperar una mejora, la industria simplemente aguanta o trae yerba de Brasil o Paraguay. Ya no tenemos defensa”, explicó Peterson.

El impacto de la desregulación se observó también —según el testimonio— en la estructura productiva regional y en la economía familiar. El vocero de la Asociación describió una estructura productiva fragmentada. Mientras Corrientes concentra la industrialización en dos empresas de gran escala, Misiones reparte la actividad entre miles de agricultores y numerosos puestos de trabajo.

“En Corrientes, bancan a dos empresas. En Misiones, el esfuerzo lo hacen 12.500 familias y todo el empleo asociado. Cuando termina la cosecha, la provincia sostiene la vida rural”, indicó. Como contrapartida de los movimientos empresariales hacia Paraguay y Corrientes, Peterson remarcó la dificultad de migrar la producción: “¿Qué hago yo con mi chacra? Vivo en Andresito, al norte de Iguazú, lejos de los centros industriales. No puedo mudarme a voluntad”.

Durante la charla, el productor explicó que, ante la caída del margen productivo, muchas familias rurales buscaron alternativas para sobrevivir. “Sobrevivimos criando chanchos, gallinas, vacas para el consumo diario, y reduciendo los gastos al mínimo”, comentó. A la par, describió la experiencia de las décadas anteriores, cuando la desregulación ya había impactado en la zona. “En los 90, hubo canje de yerba mate por mercadería y combustible, y a veces hasta debíamos ir a Brasil para conseguir productos básicos”, recordó.

Respuesta del Gobierno

Peterson dijo que buscaron respuestas en el gobierno nacional. “Fui a Buenos Aires, llevé mi tractor. Pero nos dijeron siempre lo mismo: la desregulación no se negocia. No entendimos el ensañamiento con el sector, porque nuestra actividad no mueve la economía nacional”, declaró.

Para el dirigente, el escenario definido por las nuevas normas empujó a los productores familiares a una posición de debilidad nunca vista en dos décadas. “Cuando existía la grilla de costos y el precio mínimo, logramos cierto avance y mejores condiciones para los trabajadores del campo. Hoy estamos lejos de ese objetivo”, concluyó durante la entrevista.

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