¿Dónde está el oro del BCRA?: la ubicación exacta de las reservas argentinas, otra vez en el centro del juicio por YPF en EEUU

En el marco del juicio por la expropiación de YPF, que se cursa en EEUU, se espera que la Argentina revele la próxima semana el lugar exacto al que transfirió sus reservas de oro.

El país apeló semanas atrás el fallo “madre”, la condena en primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligó en 2023, a pagar un total de más de USD 18.000 millones por haber expropiado mal la petrolera, en 2012. No obstante, y a pesar de esa apelación vigente, Burford Capital, el principal beneficiario de esa sentencia, intenta ejecutarla –algo que permite la ley en EEUU– y para eso inició una serie de medidas “paralelas”, como intentar que les transfieran las acciones del estado en la empresa, o demostrar el “alter ego”, que el Estado y la compañía, “son lo mismo”.

En ese contexto, pidió una serie de medidas, como conocer los mails de los últimos dos ministros de Economía del país y saber dónde se envió el oro del Banco Central, con obvios objetivos de embargo. Lo hace para presionar y generar “ruido” interno, con el fin de cobrar o al menos negociar, algo que el Estado aseguró que no hará. Es lo que se denomina proceso de discover.

Un informe privado destacó que podría haber novedades la semana que viene, aunque el país negó que fuera a entregar datos de ese tipo. Preska sí espera obtener los datos, y así lo dejó en claro en las audiencias. Ni la Procuración del Tesoro (PTN), encargada de llevar adelante la defensa del país, ni el BCRA, ni el ministerio de Economía, hicieron comentarios al respecto antes del cierre de esta nota.

“Estamos colaborando con el discovery, pero está apelado porque va sobre las leyes argentina. Es un despropósito, pero estamos cooperando. Lo que pasa es que Burford está nervioso porque sus acciones no paran de caer”, destacó un fuente del Gobierno de Javier Milei. En efecto, desde la audiencia de apelación, a fines del mes pasado, la acción de esta empresa que cotiza en Londres y Wall Street se derrumbó 22 por ciento.

“El discovery es un brazo muy amplio que busca tratar de embargar bienes, son maneras de presionar. Es buscar activos embargables, a como de lugar, para tratar de cobrar, pero no hay chances de que eso ocurra”, agregaron desde despachos oficiales.

Qué dice el paper

“Después de una conferencia el 4 de noviembre, la jueza Loretta Preska ordenó al gobierno que presentara a funcionarios con conocimiento directo de siete temas específicos, incluyendo la ubicación y el uso potencial de las reservas de oro del país, para declaraciones a partir del 18 de noviembre”, se detalla en un paper al que tuvo acceso Infobae. Lo realizó Latam Advisors, la firma de Sebastián Maril, un experto en finanzas que es uno de los mayores entendidos en esta extensa causa que lleva más de una década.

Esos siete puntos piden información sobre:

1. Venta, transferencia o movimiento de oro u otros activos valiosos desde Argentina a otros lugares, especialmente en los últimos tres años.
2. Activos argentinos en EEUU y cualquier otro país extranjero.
3. Transacciones comerciales internacionales realizadas desde Argentina o en nombre de Argentina en EEUU u otros países, con énfasis en movimientos bancarios internacionales desde el 24 de enero.
4. Transacciones y relaciones comerciales con China en los últimos tres años, incluyendo pagos, transferencias, contratos y las búsquedas de activos como respuesta a solicitudes judiciales.
5. Operación en recursos naturales, energía, infraestructura pública o actividades mineras de Argentina y cualquier persona relacionada en Estados Unidos o en el extranjero.
6. Pagos hechos para beneficio de Argentina o sus organismos en EEUU o en el extranjero.
7. Transacciones propuestas o efectuadas con China e información de cualquier organismo estatal o empresa controlada, incluyendo la búsqueda de activos.

Latam Advisors describió como a fines del año pasado, el Banco Central intentó disipar especulaciones anunciando que había “transferido parte de sus reservas de oro a varias cuentas”. “Los informes de mercado indicaron que aproximadamente la mitad de las existencias permanecían en bóvedas nacionales, y el resto en Londres. El Banco también confirmó que una parte de las reservas se había enviado recientemente al extranjero para su certificación, un proceso que permitiría utilizar el oro como garantía para operaciones de financiación”, destacó.

También hace foco en que persiste la incertidumbre con respecto al uso final de las reservas, en medio de rumores en el mercado que van desde su posible uso como garantía para operaciones de recompra recientes hasta una posible exposición en litigios soberanos pendientes. “Si bien los expertos enfatizan que incautar oro soberano es extremadamente difícil, los legisladores argentinos han presionado repetidamente a la administración para que aclare tanto la ubicación como el uso de estos activos. El Banco Central valora actualmente las reservas de oro de Argentina en 4.900 millones de dólares”, detalló Maril.

El viernes que viene es el deadline para entregar información sobre exfuncionarios y actuales, dentro del discovery. Unos días antes empezarán las declaraciones de “expertos” que presente el país. En principio iba a declarar ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Mariana Lozza, Directora Nacional de Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro, pero fue descartada. No trascendieron los nombres de los testigos, pero deberán tener conocimiento acabado de cada punto. O sea: si les preguntan dónde está el oro, debería responder con exactitud o la jueza podría determinar que hay desacato. Es posible que ese detalle no se haga público, aunque requisitorias posteriores de Burford o filtraciones podrían dejarlos expuestos.

“Marcaría la primera vez que el gobierno divulga formalmente esta información a partes no gubernamentales. Sigue existiendo un riesgo significativo de que el funcionario que finalmente comparezca se niegue a proporcionar el nivel de detalle solicitado por los acreedores judiciales, lo que podría dar lugar a un procedimiento por desacato en la audiencia del 9 de diciembre”, aseguró Latam Advisors.

La firma de Maril cierra advirtiendo que la divulgación de información a los acreedores estadounidenses que no se comparta simultáneamente con el Congreso podría generar fricciones políticas internas. “Este riesgo surge justo cuando el presidente Milei se beneficia del impulso político posterior a las elecciones de mitad de mandato y del reciente acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos. Cualquier percepción de que el gobierno es más transparente con los litigantes extranjeros que con los legisladores podría complicar sus esfuerzos por obtener apoyo legislativo una vez que el nuevo Congreso tome posesión el 10 de diciembre”, afirmó.