Una comunidad campesina ecuatoriana denunció bombardeos, torturas y quema de viviendas durante un operativo militar

La comunidad campesina de San Martín, ubicada en la parroquia Jambelí del cantón Lago Agrio, en la provincia amazónica de Sucumbíos, denunció presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador durante una operación militar denominada “Exterminio Total”, realizada entre el 1 y el 6 de marzo de 2026. Según una denuncia pública difundida por organizaciones de derechos humanos, los hechos incluirían bombardeos en zonas habitadas por civiles, quema de viviendas y bienes productivos, detenciones arbitrarias, tortura contra trabajadores rurales y amenazas contra habitantes de la comunidad.

La denuncia fue presentada por la Alianza de Derechos Humanos y recoge testimonios de pobladores de esta comunidad ribereña situada en la frontera norte del país, una zona caracterizada por su proximidad con Colombia y por la presencia histórica de dinámicas vinculadas al narcotráfico y grupos armados irregulares. Según el documento, las acciones militares se habrían realizado en territorios habitados por familias campesinas sin advertencia previa a la población civil, lo que habría generado daños en viviendas, instalaciones productivas y herramientas de trabajo.

De acuerdo con el relato recogido por las organizaciones que elaboraron la denuncia, durante los operativos militares también se habrían producido disparos en las cercanías de pobladores que intentaban verificar lo ocurrido, así como amenazas contra líderes comunitarios que posteriormente denunciaron los hechos. Los testimonios indican que estos incidentes ocurrieron mientras se desarrollaban acciones de control territorial en la zona.

Uno de los episodios más graves descritos en el documento ocurrió el 3 de marzo, cuando militares habrían ingresado a una finca de la comunidad y detenido a cinco trabajadores rurales, entre ellos un adulto mayor. Según la denuncia, los campesinos fueron obligados a tirarse al suelo y golpeados durante el operativo. Cuatro de los detenidos habrían sido trasladados bajo custodia militar a la ciudad de Lago Agrio y posteriormente llevados, presuntamente, a una base militar donde habrían sido sometidos a actos de tortura y tratos degradantes.

Los testimonios recogidos por las organizaciones denunciantes describen métodos que incluirían golpes con fusiles, simulación de ahogamiento, suspensión del cuerpo, electrocución y amenazas de mutilación o muerte. Según el documento, las personas detenidas habrían sido liberadas horas después en una zona periférica de Lago Agrio, sin haber sido puestas a órdenes de una autoridad judicial o fiscal.

Un defensor de derechos humanos que participó en labores de monitoreo en el lugar señaló, según la denuncia, que los testimonios recogidos describen actos de tortura y tratos crueles contra trabajadores rurales, por lo que estos hechos deberían ser investigados de forma urgente, independiente e imparcial.

El documento también señala que autoridades ecuatorianas confirmaron públicamente la participación de las Fuerzas Armadas en estos operativos, los cuales habrían contado con apoyo internacional, incluida cooperación con Estados Unidos. No obstante, la denuncia afirma que no se ha informado públicamente qué medidas se adoptaron para proteger a la población civil durante los bombardeos ni se han ofrecido explicaciones sobre las detenciones y presuntos actos de tortura denunciados.

Las organizaciones firmantes advierten que las comunidades campesinas que habitan en zonas de frontera enfrentan condiciones estructurales que aumentan su vulnerabilidad frente a operaciones militares, entre ellas la dispersión de los asentamientos rurales, la limitada presencia de instituciones estatales y la cercanía geográfica a territorios utilizados por grupos armados. Estas condiciones, sostienen, incrementan el riesgo de estigmatización y de afectaciones a la vida, la integridad personal y los bienes civiles durante operativos de seguridad.

En el documento se recuerda que, incluso en contextos de violencia organizada o lucha contra el crimen, el Estado mantiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, especialmente en lo referente a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en operaciones militares. También se enfatiza que la prohibición de la tortura constituye una norma absoluta del derecho internacional.

Ante estos hechos, las organizaciones solicitantes pidieron a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa y a la Defensoría del Pueblo que inicien una investigación inmediata, independiente y transparente sobre los bombardeos, detenciones y presuntos actos de tortura denunciados. Asimismo, demandaron medidas de protección para los habitantes y líderes comunitarios que han denunciado los hechos, garantías de no repetición y la reparación integral de las viviendas y bienes destruidos.

Además, hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a mecanismos de Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que monitoreen de forma urgente la situación en la frontera norte de Ecuador y soliciten información al Estado sobre las operaciones militares realizadas en la zona. Según el documento, la lucha contra el crimen organizado no puede justificar ataques contra población civil ni prácticas prohibidas por el derecho internacional.