
La semana que viene comenzará a definirse en la Corte de Apelaciones de Nueva York el juicio por la expropiación de YPF.
Ese tribunal decidirá si es correcto o no el fallo de la jueza Loretta Preska, quien condenó en 2023 al Estado local a pagar unos USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
Burford Capital, el bufete de abogados que compró los derechos de litigio de esta causa y es el principal beneficiario del caso, habló por primera vez por medio de un comunicado en el que “para comodidad de los inversores” sintetizó información sobre la evolución y el estado de la causa (en sus presentaciones trimestrales antes inversores habla del caso, pero este fue su primer comunicado de prensa sobre la causa).
Sobre el final realizó lo que podría considerarse una recomendación a Argentina, su contraparte, de sentarse a negociar. Es lo que viene intentando por varias vías desde hace al menos dos años, y sin éxito. Este Gobierno, incluso de boca del presidente Javier Milei, aseguró que no va a negociar y que agotará las instancias judiciales, incluso hasta la Corte Suprema de EEUU.
“Como todo litigio, conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”, destacó Burford.
Además, advirtió “que subsisten riesgos sustanciales en relación con el caso, entre ellos nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones”.
Finalmente, expresó que “las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias”, algo que, se entiende, debería hacerse por medio de una negociación. Con todo, aclaró que “en caso de existir negociaciones o conversaciones tendientes a un acuerdo en el caso YPF, no se realizará comunicación pública alguna sobre ellas hasta su conclusión”.
Cronología
El documento de Burford es una cronología del estado de causa “en respuesta a las consultas de los inversores y ante la inminente audiencia oral correspondiente a la apelación principal del caso YPF”.

Allí se detalla que para la semana próxima las partes acordaron 30 minutos de exposición oral por cada parte respecto de la apelación de Argentina y 10 minutos por parte en total para la apelación de los demandantes y la apelación cruzada condicional de YPF. Cabe remarcar que Preska dejó afuera del juicio a la empresa con su fallo de hace dos años, pero Burford apeló esa medida y esa apelación también será tratada ahora.
Además, Burford remarcó que si bien el gobierno de EEUU se manifestó en contra de que Argentina deba entregar las acciones de la petrolera (una de las derivas judiciales de la causa), “no ha adoptado ninguna posición ni presentado escritos respecto de la Apelación Principal”.
Sobre los próximos pasos del juicio, detallaron:
- Tras la audiencia oral, el panel del Segundo Circuito deliberará y redactará una opinión sobre el caso.
- No existe un plazo legal ni una convención que determine cuándo debe publicarse dicha opinión ni la sentencia correspondiente.
- Se considera razonable esperar que la opinión y la sentencia se publiquen entre varios meses y un año después de la audiencia oral.
- Dentro de los 90 días posteriores a la emisión de la opinión y la sentencia del Segundo Circuito (o dentro de los 90 días desde la resolución de cualquier pedido de reconsideración), cualquiera de las partes puede solicitar la revisión del fallo ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
“Es importante tener presente que Argentina suele intentar demorar los procesos judiciales y, si bien esos intentos no siempre tienen éxito, es ciertamente posible que se le concedan prórrogas respecto de algunos de los plazos establecidos en las reglas del tribunal”, dijo el fondo.
Burford destacó que dado que Argentina no cumplió con las condiciones impuestas por el Tribunal de Distrito para suspender la ejecución de la sentencia mientras se tramitaba la apelación, el fallo es ejecutable desde el 11 de enero de 2024. “El Tribunal de Distrito sigue siendo el tribunal estadounidense encargado de supervisar el proceso de descubrimiento de pruebas (discovery) en apoyo de la ejecución, así como otras actuaciones relacionadas con la ejecución”, dijeron.
En ese contexto, surgieron causas paralelas en el tribunal de Preska, como el mencionado pedido de entrega de las acciones, la idea de mostrar que el Estado y la empresa son lo mismo (alter ego), e intentos de iniciar embargos de activos de argentinos en otros países, entre otras medidas. Todas apuntan a lo mismo: cobrar o, al menos, iniciar una negociación.
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