La Unión Industrial Argentina (UIA) y la denominada “Liga de Provincias Bioenergéticas” buscan que el Congreso trate una nueva ley de biocombustibles que actualice el marco vigente y otorgue previsibilidad a un sector que consideran clave para el desarrollo regional y la diversificación energética del país.
El proyecto, presentado en ambas cámaras legislativas, cuenta con el respaldo de los gobiernos de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, todas provincias con fuerte presencia en la producción de bioetanol y biodiésel. Su objetivo central es reemplazar el esquema actual de precios y cupos regulados por un sistema más abierto, que permita a los distintos actores competir mediante licitaciones transparentes y aumente gradualmente los niveles obligatorios de corte con combustibles fósiles.
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Qué propone el nuevo esquema
Entre los principales puntos, el texto plantea una suba progresiva en las mezclas de bioetanol en naftas y de biodiésel en gasoil, la posibilidad de incorporar biocombustibles en otros medios de transporte –como el aéreo o marítimo– y la habilitación de vehículos con motores flex o kits de conversión.
También impulsa la apertura de nuevos canales de comercialización, con un esquema de precios definido por el mercado, lo que implicaría dejar atrás el sistema de valores fijados por la Secretaría de Energía. Según los industriales, ese mecanismo ha generado distorsiones y provocó que varias plantas productoras debieran frenar su actividad por falta de rentabilidad.
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Para la UIA, la modificación de la ley vigente —la 27.640, que rige hasta 2030— es necesaria para sostener la actividad y evitar que la producción de biocombustibles quede limitada a unas pocas empresas. Además, remarcan que la industria genera empleo calificado, impulsa el agregado de valor en las economías regionales y contribuye a la sustitución de importaciones de gasoil y naftas.
El apoyo de las provincias productoras
Los gobiernos provinciales que integran la Liga Bioenergética coinciden en que el actual marco legal no alcanza para garantizar el crecimiento del sector. Argumentan que los biocombustibles se convirtieron en una fuente de ingresos y empleo en regiones agrícolas y cañeras, y que su expansión permitiría fortalecer las cadenas locales de valor.
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La propuesta también busca que el nuevo esquema otorgue mayor estabilidad jurídica y económica para atraer inversiones. En ese sentido, las provincias pretenden que el Congreso apruebe una ley “moderna, federal y previsible” que incentive la producción sin depender de resoluciones administrativas o precios fijados de manera discrecional.
El antecedente del Gobierno nacional
El impulso de las provincias y la UIA se da en paralelo a otro antecedente relevante. En noviembre de 2024, el Gobierno nacional había presentado un proyecto de ley orientado a desregular el mercado de los biocombustibles, con la idea de permitir una mayor participación de empresas privadas y ampliar la competencia.
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Esa iniciativa proponía que el aumento de los porcentajes de mezcla se implementara de forma gradual hasta 2027, y habilitaba la libre importación y exportación de biocombustibles. Además, establecía que cualquier compañía vinculada al sector energético pudiera participar en el abastecimiento, eliminando las restricciones que existían para las productoras de hidrocarburos.
Aunque el Ejecutivo argumentó que el cambio no implicaría costos fiscales adicionales, la propuesta generó diferencias con las provincias productoras, que reclamaban un incremento más rápido en los cortes y una mayor protección para las pymes del sector.
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Un debate que vuelve al Congreso
El oficialismo y la oposición coinciden en la necesidad de actualizar el marco legal, ero aún no hay consenso sobre el grado de apertura del mercado ni sobre los tiempos de aplicación de los nuevos cortes. Las provincias productoras insisten en que el sector tiene un potencial estratégico para generar empleo, promover inversiones y contribuir a la transición energética. Para lograrlo, señalan, es indispensable que el Estado acompañe con reglas claras y una legislación que combine competencia, previsibilidad y desarrollo federal.
Preocupaciones petroleras
En un sentido similar, pero a la vez competitivo con lo que desean las provincias “bioenergéticas”, desde el sector petrolero la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) presentó un informe técnico planteando crear un Régimen de Reactivación de la Producción Convencional, para frenar el fuerte declive de las cuencas maduras de petróleo y gas en Argentina, a fin de preservar el empleo y sostener la recaudación en provincias como Chubut, Santa Cruz, Mendoza y las de las cuentas del norte argentino.
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A pesar del crecimiento de la producción hidrocarburífera “no convencional” de petróleo y gas, altamente concentrada en la parte neuquina de Vaca Muerta, en 2024 todavía la “convencional” explicó 46% de la extracción de petróleo y 37% de la de gas. El estudio del CEPH señala que los altos costos operativos, la baja rentabilidad e inversión en estos yacimientos está dejando muchas áreas al borde del cierre. Para frenar esa tendencia en yacimientos que aún dan cuenta de buena parte de las reservas totales de la Argentina, la CEPH propone una serie demedidas, como la reducción de regalías, la eliminación de derechos de exportación, deducción acelerada de gastos de capital y y estabilidad fiscal por 30 años, como la incluida en el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
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