La magnitud de los recursos estimados en el yacimiento Altar, con 32.000 millones de libras de cobre y 6,7 millones de onzas de oro, sitúa a este proyecto como uno de los más ambiciosos en la minería argentina. Según adelantó Javier Robeto, vicepresidente y country manager de Aldebarán Resources, a Reuters, la compañía canadiense presentará en septiembre el Estudio Económico Preliminar (PEA) de la mina, que contempla una inversión inicial superior a USD 1.500 millones.
El desarrollo de Altar, ubicado en la provincia de San Juan, ha requerido hasta el momento más de USD 200 millones en exploración, con 199.000 metros perforados. El proyecto, en etapa de exploración avanzada, prevé una vida útil de entre 20 y 25 años, aunque algunos escenarios consideran la posibilidad de extender ese plazo.
Robeto explicó que en los últimos tres años se identificó una zona denominada Altar United, caracterizada por una mayor ley de cobre, lo que abre la puerta a una explotación híbrida: parte del yacimiento podría extraerse a cielo abierto y otra parte mediante minería subterránea.
La publicación de la PEA representa un punto de inflexión para Aldebarán Resources. Robeto subrayó que “la PEA es un hito muy importante para el proyecto porque va a ser la primera vez que se van a poner en consideración los parámetros económicos y por primera vez el mercado, la industria y nosotros mismos vamos a poder ver de qué se trata, cuál es la magnitud del proyecto Altar”.
El documento presentará dos alternativas: una orientada a la producción de concentrado de cobre y otra a la obtención de cátodos de cobre, siguiendo el modelo de la mina Los Azules de McEwen Copper, también en San Juan. El directivo precisó que “va a ser una PEA dual, va a presentar dos escenarios y la idea sería que uno pueda hacer un análisis que en inglés llamamos ‘trade-off’, ver los pros y los contras”.
El cronograma de Aldebarán Resources contempla avanzar hacia la prefactibilidad económica a fines de 2026. La compañía posee el 80% del proyecto, mientras que el 20% restante corresponde a la minera sudafricana Sibanye-Stillwater.
Entre los desafíos que enfrenta el proyecto, Robeto mencionó la urgencia de aplicar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) del Gobierno argentino, que otorga beneficios fiscales y seguridad jurídica. El plazo para acogerse a este régimen vence en julio de 2026, con la posibilidad de una prórroga de un año. Robeto advirtió que “a lo mejor Altar alcanza a entrar por la puertita y presentarse al RIGI, pero no es seguro que lleguemos. Es un desafío porque si se corta el RIGI, ¿qué pasa después? Automáticamente la carga impositiva vuelve al 54% y quedan todos fuera de juego”.
Otra cuestión pendiente es la definición del alcance de la ley de glaciares. Robeto calificó la normativa como “muy imprecisa” y remarcó la necesidad de contar con mayor claridad sobre las áreas protegidas y las zonas habilitadas para el desarrollo minero.
El Gobierno de Javier Milei recibió la solicitud de 20 proyectos para ingresar al RIGI por más de USD 33.600 millones. Hasta el momento se aprobaron seis iniciativas por más de USD 13.000 millones. Están concentradas especialmente en sectores como minería, oil & gas, energías renovables e industria. Los desarrollos además tendrán impactos en al menos 10 provincias de la Argentina.
En el debut del régimen hubo un fuerte protagonismo de las iniciativas vinculadas a Vaca Muerta pero la balanza ahora se inclinó para la actividad minera. Es el caso de la reciente solicitud de Glencore, para sus proyectos de cobre El Pachón y Agua Rica, que suman USD 13.300 millones, tras la reciente eliminación de las retenciones a ese mineral.
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