
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, advirtió que las masacres y otros hechos violentos continuarán registrándose en Honduras mientras el Estado no implemente una respuesta integral que atienda las causas estructurales de la conflictividad social y la violencia.
La defensora de derechos humanos alertó que las acciones estatales continúan siendo reactivas y fragmentadas, situación que, según indicó, impide prevenir nuevos hechos sangrientos en diferentes regiones del país.
De acuerdo con datos presentados por el Conadeh, entre diciembre de 2022 y mayo de 2026 se contabilizan al menos 118 muertes múltiples, es decir, hechos violentos en los que fallecieron tres o más personas en un mismo evento.
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El organismo de derechos humanos señaló que este tipo de crímenes se han registrado en 16 de los 18 departamentos de Honduras, reflejando el alcance territorial de la violencia y el deterioro de las condiciones de seguridad en gran parte del país.
Según el informe, los departamentos con mayor incidencia de masacres son Francisco Morazán, Yoro, Cortés, Olancho y Colón, considerados actualmente como los principales focos de violencia a nivel nacional.
Francisco Morazán encabeza las estadísticas con 22 masacres registradas durante el período analizado, seguido por Yoro con 20 casos, Cortés con 16, Olancho con 13 y Colón con nueve hechos violentos.
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Para Izaguirre, estas cifras evidencian que las muertes múltiples no pueden seguir interpretándose como sucesos aislados o producto únicamente de la criminalidad común, sino como manifestaciones de problemas más profundos relacionados con conflictos territoriales, desigualdad social, crimen organizado, narcotráfico y debilidad institucional.
“Esto va a seguir pasando en la medida que estos hechos se vean de manera aislada y no como una situación estructural y sistemática”, advirtió la titular del Conadeh.
La titular subrayó que Honduras enfrenta una problemática compleja que requiere medidas sostenidas de prevención, fortalecimiento institucional y atención a las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas afectadas por disputas territoriales, pobreza y presencia de estructuras criminales.
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En ese contexto, el Conadeh reiteró que en reiteradas ocasiones ha emitido alertas tempranas sobre la conflictividad social y la escalada de violencia en distintas zonas del país; sin embargo, lamentó que las autoridades no hayan implementado acciones integrales que permitan reducir el riesgo de nuevos ataques.
La institución defensora de derechos humanos hizo un llamado a las autoridades de seguridad y al Ministerio Público para fortalecer las investigaciones criminales y combatir los elevados niveles de impunidad que predominan en los casos de masacres y asesinatos múltiples.

El organismo señaló que la falta de resultados judiciales continúa generando desconfianza entre la población y facilita la repetición de hechos violentos en distintas regiones del territorio nacional.
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Solo en lo que va de 2026, Honduras ya contabiliza al menos 12 muertes múltiples distribuidas en nueve departamentos del país, dejando cerca de 60 víctimas mortales, según las cifras reveladas por el Conadeh.
La situación, de acuerdo con el organismo, demuestra que el fenómeno de las masacres continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos y seguridad pública.
Izaguirre también expresó preocupación por la situación que enfrentan los defensores de la tierra, el ambiente y los recursos naturales, sectores que históricamente han estado expuestos a amenazas, persecución y asesinatos.
La defensora recordó que Honduras acumula varias sentencias internacionales relacionadas con crímenes cometidos contra ambientalistas y líderes comunitarios, casos que han evidenciado la persistencia de la impunidad y las deficiencias estatales en la protección de defensores de derechos humanos.
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En ese sentido, sostuvo que la violencia contra defensores ambientales está estrechamente ligada a disputas territoriales, explotación de recursos naturales y conflictos comunitarios que no han sido atendidos adecuadamente por el Estado hondureño.
Asimismo, el Conadeh enfatizó que la problemática de violencia en Honduras no puede resolverse únicamente mediante operativos policiales o medidas temporales de seguridad, sino a través de políticas públicas integrales enfocadas en prevención, educación, acceso a justicia y fortalecimiento institucional.
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