Los demandantes en el juicio por el “cupón PBI” instaron este martes al Gobierno de Javier Milei a acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo por el pago pendiente de USD 1.500 millones, tras la firma del nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los tenedores de los warrants están representados por el estudio de Dennis Hranitzky, el abogado que en 2012 embargó la Fragata Libertad.
El FMI incluyó el monto del litigio en sus proyecciones de compromisos al analizar la sostenibilidad de la deuda pública argentina, en el marco del acuerdo por USD 20.000 millones. Confirmó además que “se están llevando a cabo negociaciones para definir un cronograma de pagos”. Al momento de la publicación, el Ministerio de Economía no respondió la consulta de Infobae.
Tanto el Fondo como el Gobierno consideran que los litigios pendientes son una de las principales trabas para que el país recupere el acceso a los mercados internacionales de crédito.
La Argentina enfrenta contingencias legales —con o sin fallo firme— por unos USD 30.000 millones, según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. El caso más relevante es el juicio por la expropiación de YPF en 2012, en el que la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra del país por USD 16.000 millones. La falta de acuerdo en ese caso disparó múltiples pedidos de embargo.
“El Gobierno debería acordar un cronograma de pagos en el caso del cupón PBI, como lo establece el acuerdo con el FMI, y luego capitalizar políticamente ese desenlace. Podría argumentar que fue consecuencia de la manipulación de estadísticas durante el kirchnerismo. Probablemente estén negociando, ya que no hubo nuevos pedidos de embargo”, sostuvo Maril.
Los fondos demandantes —Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited— informaron este martes mediante un comunicado que mantuvieron reuniones con representantes de Argentina para discutir el pago pendiente de USD 1.530 millones. Reiteraron además su disposición a avanzar en negociaciones concluyentes y de buena fe.
“Hasta el momento, Argentina no presentó ninguna propuesta concreta ni respondió específicamente a nuestras ofertas. Solo se indicó que el país estaría dispuesto a negociar, pero no antes de cerrar sus acuerdos con el FMI”, afirmaron los bonistas.
En febrero, los demandantes ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que la Argentina había depositado en marzo a través de una Carta de Crédito emitida por el banco Santander. Aunque no se conoce la composición exacta de esa garantía, especialistas estiman que está constituida por efectivo o Letras de pago inmediato.
El fallo del Tribunal Superior de Londres fue consecuencia de la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, manipuló los datos de inflación. En 2013, el organismo modificó el cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, lo que evitó el pago a los tenedores de los cupones. Esa alteración derivó en la demanda presentada por los cuatro fondos.
Con la nueva metodología, el Indec reportó un crecimiento inferior al umbral del 3,22% establecido para activar el pago de los warrants. Bajo la base anterior de 1993, el PBI había crecido 4,9%. Así, el gobierno de Cristina Kirchner evitó en ese momento el desembolso de más de USD 3.600 millones en intereses.
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