
El discurso del presidente Javier Milei por cadena nacional abordó el eje central de su programa económico y, de cara a las elecciones, político: priorizar el equilibrio fiscal para reducir la inflación. Ningún otro objetivo está por encima y así lo prueban los dos anuncios incluidos en el mensaje, cuyos efectos prácticos lucen limitados al menos en lo inmediato.
Milei anticipó que instruirá al ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie sus gastos corrientes con emisión monetaria. También decidió enviar un proyecto de ley al Congreso para establecer una regla fiscal estricta que imponga un ingreso a cada gasto y, además, sanciones a legisladores o funcionarios que la incumplan.
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“Estas medidas parecen abstractas”, señaló el Presidente, pero a la vez aclaró que enmarcan la decisión de vetar las leyes que recientemente sancionó el Congreso. Al no poder tomar deuda en el mercado internacional de crédito, el Gobierno considera que la única vía para enfrentar ese gasto adicional sería emitir o subir impuestos. Milei se niega a las dos opciones, ya que como dijo ayer, “si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante“.
Si en alguna oficina de la city porteña se alteraron los ánimos al escuchar que el Presidente, junto al ministro de Economía y el presidente del BCRA, iba a ofrecer un discurso por cadena nacional un viernes a la noche con anuncios económicos, la preocupación duró poco.
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Los modos y el contenido de la palabra presidencial apuntaron más hacia la campaña electoral que hacia la marcha de su programa económico, alterado en el último mes por la volatilidad en la tasa de interés y en el dólar después de haber logrado cierta estabilidad. Hubo más defensa política de los vetos al aumento jubilatorio y la emergencia de discapacidad que medidas que tuerzan alguna variable económica en lo inmediato.
Amurallar el déficit cero
La analogía bélica elegida para presentar el mensaje fue entender que estas medidas son necesarias para “amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno”.
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Milei ordenará al ministerio de Economía la prohibición de que “el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria”. De ese modo, “no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esta es una medida que si bien en la práctica ya implementábamos, hoy la estamos formalizando”, dijo.
La autorización para que el Central emita para financiar al Tesoro reside en la Carta Orgánica del BCRA, cuya reforma de 2012 amplió los límites. El kirchnerismo, justamente para expandir el gasto, promovió esos cambios en la normativa del Central que aún están vigentes.
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Pero Milei no busca que el Congreso reforme el BCRA, el que había prometido abolir durante la campaña, sino que se autoimpone los límites para gastar.

Su segundo anuncio sí apunta al Congreso. Milei enviará un proyecto de ley al Congreso para “penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”. La iniciativa impone “una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción”.
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El Presidente quiere que “cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales”.
En la coyuntura actual no parece sencillo que el Congreso acceda al tratamiento de un proyecto que en el que los legisladores fijen para sí mismos sanciones penales. Mucho menos después de que el Presidente considere que los legisladores están impulsado el gasto de tal manera que causarán “un genocidio”.
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El Congreso, dijo Milei, “está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento” y que ello implica “más impuestos que destruyen el crecimiento económico, o más deuda causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras, o más inflación, que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender”.
También los acusó de “atentar contra el programa económico del gobierno y de la prosperidad de los argentinos“ y imponer ”el gran impuesto no legislado que es la inflación".
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