El Gobierno ya no contará con las facultades delegadas que cedió el Congreso para reformatear la estructura del Estado pero continuará con una agenda de desregulación desde el ministerio que conduce Federico Sturzenegger, que tiene bajo su ala la eliminación de normativas y reglamentaciones.
En ese ministerio aseguran que las facultades delegadas solo explicaban el 5% de las disposiciones concretadas en los últimos meses desde que entró en vigencia la Ley de Bases, y que la gran mayoría de las acciones de esa cartera fueron resoluciones o decretos y que no necesitaron de la habilitación cedida por el parlamento.
Como últimas resoluciones de reformateo de la estructura estatal bajo facultades delegadas, el Ministerio de Economía detalló cómo será la reestructuración de siete organismos nacionales para “optimizar las funciones y recursos del Estado” y “cuidar el dinero de los contribuyentes”, según el comunicado oficial. Destacaron que estas reformas buscan “una organización administrativa más racional, que fortalezca el equilibrio fiscal y promueva una asignación del gasto eficiente y transparente”.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) pasará a ser una unidad organizativa bajo la Secretaría de Industria y Comercio, manteniendo su denominación. El Ministerio mencionó que el INTI “tiene más de 250 reparticiones, estructuradas en 6 niveles jerárquicos”, con 2356 agentes y un presupuesto anual superior a $85.600 millones.
Según el texto oficial, en gestiones anteriores “el organismo había incrementado notablemente su planta de personal sin que ello se correspondiera con los servicios prestados” y “ha ido incorporando tareas que podrían ser prestadas por el sector privado”. Se aseguró que la redefinición busca “preservar y fortalecer el rol técnico esencial del INTI” en metrología, calidad, innovación e investigación.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) será un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con más de 6.000 agentes y un presupuesto cercano a $229.000 millones, el comunicado señaló que el INTA “se desvió durante los últimos años de su propósito original” y funcionó como “herramienta de militancia política” con un enfoque en la “Agenda 2030”. El nuevo esquema priorizará “la investigación, la creación de tecnologías y bienes públicos tecnológicos” para la producción agropecuaria.
La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) se disuelve y se transforma en una Dirección Nacional en la Secretaría de Industria y Comercio. Economía indicó que la experiencia de Ariccame mostró “sobredimensionamiento estructural” y “superposición de funciones”, dificultando una política efectiva. En el nuevo esquema, la Anmat regulará la flor de cannabis y la Secretaría de Industria el cáñamo industrial.
El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) se disuelve, quedando sus funciones en la Secretaría de Agricultura. El comunicado criticó su uso como “caja política” y resaltó que casi el 90% de su presupuesto se destinaba a sueldos.
El Instituto Nacional de Semillas (Inace) también se disuelve como organismo descentralizado, con sus competencias transferidas a la Secretaría de Agricultura, para “un esquema más integrado y técnicamente conducido”.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) pasará a ser una unidad organizativa dependiente de la misma secretaría. Economía aseguró que “mantendrá la denominación del Instituto” y la certificación internacional será “voluntaria a pedido del productor”.
Por último, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) se transformará en un ente desconcentrado en la Secretaría de Industria y Comercio. Según el Ministerio, sus funciones “no requieren un grado de independencia que justifique su condición de organismo descentralizado”.
Por su lado, el Ministerio de Transporte creó la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte para centralizar la fiscalización de concesiones viales y ferroviarias, el control de servicios públicos automotores y la aplicación de sanciones. Según el comunicado, la agencia “recepcionará y gestionará quejas y denuncias”, investigará accidentes ferroviarios y podrá suspender permisos o licencias. Percibirá tasas y resolverá conflictos por acceso abierto ferroviario.
Además, se redistribuyeron funciones de organismos eliminados. La Agencia Nacional de Seguridad Vial cedió licencias y políticas públicas de seguridad vial a la Secretaría de Transporte, y controles en rutas nacionales a Gendarmería. La Dirección Nacional de Vialidad transfirió estudios y obras al Ministerio de Economía y concesiones viales a la nueva agencia. La CNRT traspasó planificación de transporte automotor a la Subsecretaría de Transporte Automotor, mientras la agencia mantendrá controles y sanciones en el sistema.
La Junta de Seguridad en el Transporte se dividió: se creó la Agencia de Investigación de Accidentes de Aviación, mientras Transporte asumirá estadísticas de accidentes automotores y la nueva agencia investigará siniestros ferroviarios. El plan incluye un Consejo Vial Federal para coordinar obras con provincias.
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