
En el marco de la baja temporal de las retenciones a los principales cultivos, el agro liquidó USD 15.419 millones en el primer semestre del año, un 40% más en términos interanuales. En junio, último mes de vigencia de la medida, el sector ingresó USD 3.706 millones, lo que representa un aumento del 21% respecto a mayo y del 87% en relación al mismo mes de 2024
De acuerdo a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, el ingreso de divisas de junio es el resultado de la finalización de la reducción de derechos de exportación bajo el Decreto 38/25 que vencieron este lunes 30 de junio y únicamente fueron renovados para trigo y cebada.
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Vale recordar que exceptuando al trigo y la cebada, a partir de este martes 1° de julio vuelven a su nivel anterior los aranceles a la exportación del resto de commodities agro. Así, los derechos de exportación para el complejo soja pasan de 24,5% para harina y aceite y 26% para poroto, hasta 31% y 33%, respectivamente. Por su parte, para maíz el incremento va desde el 9,5% actual hasta el 12% vigente hasta mediados de enero.
Es por ello que en junio se aceleró fuertemente la liquidación, dado que el Gobierno decidió que no prorrogaría la medida. De hecho, el lunes 24 se convirtió en el día con mayor volumen de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) del año.
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Según datos difundidos por el analista Salvador Vitelli, de Romano Group, ese día se anotaron 750.000 toneladas de soja para julio, 270.000 toneladas para agosto y otras 750.000 toneladas para septiembre, lo que representó más de 1,7 millones de toneladas comprometidas para embarque en el corto y mediano plazo.
Sucede también que “con la suba de retenciones, el poder de compra del sector exportador se ve mermado. Tomando los valores actuales para embarques en julio, el poder teórico de compra de la exportación caería un 9% en soja y un 3% para maíz”, según precisó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
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En este contexto, la Mesa de Enlace afirmó que la presión fiscal que sufre el campo es “asfixiante” y criticaron el hecho que no haya más medidas de corto plazo sobre los derechos de exportación.
En un comunicado conjunto firmado por las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales y la Sociedad Rural), los dirigentes del agro pidieron “medidas urgentes y definitivas que atendieran los graves problemas de competitividad que arrastraba el sector”.
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Indicaron que estos planteos se realizaban en reuniones con legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo nacional y provincial y afirmaron que “lo seguiremos haciendo con responsabilidad y firmeza”.
La entidad señaló que el principal cuestionamiento a los derechos de exportación no residía solo en las alícuotas. Los definió como “un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial” que, según expresaron, impidió aprovechar oportunidades para la inversión y el desarrollo federal.
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Para la Mesa de Enlace, esto generó retraso social, tecnológico y productivo, pese a los esfuerzos de productores y otros actores para sostener la producción y el arraigo rural.
También describieron “la presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta” como un factor que comprometía la competitividad del sector en provincias donde la cadena agroindustrial resultaba clave para el desarrollo, el empleo y la calidad de vida.
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A su vez, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, aseguró que las retenciones son y serán “un robo con cualquier gobierno” y que se trata de “un impuesto que le puso un techo al desarrollo del país. No hemos logrado hacer entender eso a ningún gobierno. Ni siquiera este, que venía a hacer las cosas distintas”.
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