Alertan que con la vuelta de las retenciones se torna inviable el cultivo de soja en la mayor parte de la superficie agrícola

El impacto de los derechos de exportación sobre la producción agrícola volvió al centro del debate con la suba de alícuotas luego de la baja temporal dispuesta hasta el 30 de junio. El Gobierno decidió no renovar la medida y hay malestar en el sector. El principal efecto que observan los analistas es la inviabilidad del negocio en una buena parte de la superficie agrícola de soja y maíz.

Ariel Angeli, líder de la unidad de Investigación y Desarrollo de CREA, expuso ante senadores y diputados nacionales del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), impulsado por la Fundación Barbechando, que las retenciones generan distorsiones de precios relativos y reducen la producción en el corto plazo. Además, advirtió que, en el largo plazo, afectan la sostenibilidad de las empresas, las cadenas de valor y la economía argentina.

Durante su presentación, Angeli mostró proyecciones de la campaña agrícola 2025/26 elaboradas por CREA con precios actuales de referencia. Según el análisis, la soja de primera no alcanzaría a cubrir los costos de producción en el 39% del área agrícola, tomando como base el rendimiento promedio de los últimos cinco años para cada región. Esta proyección se realiza con los precios internacionales vigentes y el nivel actual de retenciones.

Angeli explicó que, de eliminarse los derechos de exportación, la mejora de precios permitiría que el cultivo resultara económicamente viable en casi toda la superficie nacional. Sin embargo, con la aplicación de un derecho de exportación del 33%, el escenario se volvería inviable en el 80% de la superficie agrícola. En el caso del poroto de soja, las retenciones subieron del 26% al al 33%, mientras que para maíz y sorgo el aumento fue del 9,5% al 12 por ciento.

El maíz, otro cultivo clave para la rotación agrícola y la balanza comercial, también enfrentaría dificultades. Según Angeli, con los precios actuales esperados a cosecha, y ponderando maíz temprano y tardío, el cultivo resultaría viable en la mitad del área nacional. Sin embargo, con la suba de la alícuota al 12%, la viabilidad se reducirá al 39% del territorio agrícola. El doble cultivo trigo/soja de segunda aparece como el caso más comprometido: un aumento de retenciones lo hará inviable en el 87% de la superficie.

Angeli puntualizó que la proporción de superficie económicamente inviable se incrementó en las últimas semanas debido al deterioro de los precios internacionales de los granos. Este efecto es más grave en regiones alejadas de los puertos y en zonas marginales para la agricultura, donde los costos logísticos y la competitividad ya se ven comprometidos.

Más allá del área potencial que podría quedar fuera de la siembra, el técnico de CREA señaló el efecto que las retenciones tienen sobre la inversión en tecnología. Explicó que existe una correlación histórica clara entre los precios de los granos y las dosis de fertilizantes aplicadas. Sin derechos de exportación, el precio interno de los granos mejoraría en torno al 12%, lo que permitiría aumentar las dosis de fertilización en un 6% en la campaña siguiente. En ese escenario, se proyecta un incremento de la producción de cereales del 2% en maíz y 2,7% en trigo. Esta suba equivaldría a más de 300 millones de dólares adicionales en exportaciones, a valores FOB actuales. Un efecto comparable podría estimarse en soja con mayor aporte de nutrientes.

Finalmente, Angeli remarcó que, sin desconocer la compleja situación macroeconómica del país, es necesario analizar los derechos de exportación por su efecto directo sobre la sostenibilidad de los sistemas productivos. Señaló que las retenciones limitan la incorporación de tecnología, afectan la inversión y reducen el potencial para incrementar la producción y el valor agregado de la cadena agroindustrial.

La exposición buscó aportar elementos técnicos, en momentos de tensión entre el Gobierno y el campo por el regreso de las retenciones a sus niveles previos a enero. Para los productores y entidades del sector, el desafío es compatibilizar las necesidades fiscales del Estado con condiciones que permitan sostener la producción, el empleo y el ingreso de divisas en un contexto de alta demanda de dólares para el equilibrio macroeconómico.