El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó este miércoles un mensaje en su cuenta de X en el que celebró la eliminación de los aranceles a la importación de termos, una medida que el Gobierno anunció recientemente y que generó reacciones en distintos sectores. En ese marco, apuntó directamente contra la empresa Lumilagro, una de las principales fabricantes nacionales de este producto, al vincularla con décadas de protección comercial.
Sturzenegger introdujo su publicación con una frase provocadora: “UNA HISTORIA QUE TE DEJARA MAS FRIO (O CALIENTE) QUE EL AGUA EN UN TERMO LUMILAGRO”, y agregó que la Resolución 835/25, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, puso fin a 23 años de protección arancelaria para la industria local de termos.
En el mismo hilo, el ministro recordó un spot de campaña de 2011 de Cristina Fernández de Kirchner, en el que el dueño de Lumilagro declaraba: “el problema no es competir sino cómo competir”. Sturzenegger interpretó esa declaración como una muestra de la contradicción entre el discurso procompetencia y la realidad de haber recibido una protección estatal sostenida.
La empresa tenía 284 empleados en 2011, según el spot, y actualmente cuenta con 129, de los cuales solo 11 están asignados a la fabricación de termos de acero, el segmento que más creció en los últimos años. Para el ministro, esa reducción en la planta de personal demuestra que, incluso bajo un esquema de protección prolongado, “la empresa no logró adaptarse plenamente al cambio en el patrón de consumo, donde los termos de vidrio perdieron terreno por su fragilidad".
El funcionario explicó que el régimen del kirchnerismo imponía un precio mínimo de 15 dólares para importar termos, lo que encarecía artificialmente los productos más baratos. En base a datos de 2023, detalló que se importaron termos por USD 12 millones a un precio promedio de USD 11,4. Esa diferencia generó un sobrecosto estimado en USD 4 millones para los consumidores. “Proyectado a lo largo de los 23 años de vigencia del esquema, el monto ascendería a USD 90 millones", señaló.
Sturzenegger planteó tres preguntas en su análisis: “Si la medida tuvo resultados positivos, si tenía lógica económica y si era moralmente justificable". Respecto al primer punto, sostuvo que la planta de Lumilagro “fue decreciendo” y no logró aumentar su participación de mercado en el rubro de termos de acero, incluso cuando ese segmento se expandió fuertemente.
Desde la perspectiva económica, argumentó que el régimen de protección “incentiva al empresario a sostener la ineficiencia”, dado que es esa misma ineficiencia la que justifica la protección. Afirmó que buscar eficiencia productiva implicaría el riesgo de perder ese respaldo estatal, lo que desincentiva la inversión en mejoras.
En cuanto al plano moral, Sturzenegger expresó que no corresponde obligar a millones de trabajadores argentinos a subsidiar a los empleados de una empresa en particular. Cuestionó: “¿Quién tiene la autoridad moral para pedirle a una familia que ponga dinero de su bolsillo, que necesita para los alimentos o salud de sus hijos, para defender a una empresa puntualmente?”. También se preguntó cuántos empleos se podrían haber generado con los USD 4 millones anuales redireccionados hacia otros sectores de la economía.
El posteo cerró con una crítica directa al concepto de “Estado presente” que promueve el kirchnerismo, al que acusó de “mostrar a los ganadores pero ocultar los costos”. Reivindicó la nueva política como una corrección de esa “injusticia” y afirmó que “el camino es la libertad que propugna nuestro presidente Javier Milei”.
Agradeció a Luis Caputo, titular del Ministerio de Economía, y a Eduardo Marzoratí, secretario de Comercio, por su trabajo en la resolución. Finalizó su publicación con la consigna “VLLC!”.
La medida implicó la eliminación del arancel del 35% a la importación de termos busca reducir los precios para el consumidor argentino. Se espera que con mayor competencia ingresen productos a precios más accesibles, lo que pondría presión sobre los fabricantes locales para mejorar su competitividad.
Desde el Gobierno, esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia para reducir el proteccionismo, impulsar la competencia y moderar la inflación. Otras medidas similares incluyen la flexibilización para importar alimentos y productos de la canasta básica. En todos los casos, las autoridades sostienen que estas acciones permitirán bajar los precios y aumentar la variedad de bienes disponibles para los consumidores.
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