En Argentina, el proceso de destrucción de billetes fuera de circulación enfrenta una serie de desafíos logísticos y regulatorios que van mucho más allá de la simple eliminación del papel moneda. Actualmente existen solo tres destructoras de billetes: dos en la Ciudad de Buenos Aires, ambas en la Casa de la Moneda, y una en Santiago del Estero. Estas máquinas son responsables de triturar miles de billetes, compactándolos hasta formar ladrillos de un kilo de peso, que luego terminan en rellenos sanitarios.
El stock acumulado alcanza las mil toneladas y supera ampliamente la capacidad operativa de las destructoras actuales, las cuales trabajan a máxima velocidad durante tres turnos sin lograr reducir los volúmenes almacenados. Frente a esta situación, el Banco Central busca sumar un horno incinerador de grandes dimensiones, como alternativa para agilizar el proceso de eliminación. Sin embargo, la normativa ambiental de la Ciudad de Buenos Aires prohíbe la quema de billetes debido a las emisiones contaminantes originadas por las tintas y otros elementos presentes en el papel moneda. Por ello, se exploran posibles ubicaciones alejadas de la ciudad, aunque todavía no se concreta una solución viable.

La crisis de acumulación de billetes también tiene raíces en años de emisión de baja denominación con alta inflación y sin acompañar con la impresión de billetes de mayor valor, lo que generó grandes volúmenes de papel circulante. Este escenario colapsó la capacidad de almacenamiento no solo del Banco Central sino también de los bancos comerciales, algunos de los cuales debieron crear espacios adicionales en sus tesoros, resguardando fondos que seguían siendo patrimonio del Central bajo estricta supervisión.
Un cambio reciente en la regulación permite que también los billetes en “estado tres” de deterioro puedan ser destruidos, en contraste con la normativa anterior que solo permitía eliminar los que se hallaban en peores condiciones. Además, antes de enviarse a destrucción, billetes pequeños debían ser perforados para evitar su posible reingreso al circuito, pero esta exigencia ya no corre para los billetes de hasta mil pesos.

La impresión de billetes de mayor denominación también favoreció una mayor eficiencia en el sistema financiero, resultando en un ahorro estimado de 300 millones de dólares por año al disminuir el costo de impresión y el manejo logístico.
En paralelo al destino de los billetes, el sistema también enfrenta el desafío de qué hacer con las monedas fuera de circulación. Hace poco tiempo se enviaron a fundición para la venta como metal unos 1.500 tambores gigantes con monedas de valores bajos acumuladas en depósitos estatales desde 2015, en gran parte por trabas burocráticas sobre cómo debían ser procesadas antes de su destrucción.

La situación actual revela las dificultades operativas y regulatorias en la gestión de la moneda física en medio de un proceso de cambio estructural, signado por la actualización de denominaciones, la modernización de procedimientos y las restricciones ambientales y logísticas.
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