Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), advirtió que el sistema argentino de riesgos del trabajo enfrenta una situación crítica por la elevada litigiosidad judicial. En declaraciones a Infobae en Vivo, la directiva explicó que si bien la cobertura y la siniestralidad son comparables con la de países como España o Chile, la cantidad de demandas supera en hasta veinte veces la de esas naciones.
La representante del sector empresarial sostuvo que el sistema funciona correctamente en los aspectos clave como la prevención, la atención médica y la compensación por accidentes laborales. Sin embargo, denunció que el problema radica en una “litigiosidad artificial”, completamente desconectada de las variables del mercado de trabajo y de los estándares internacionales.
Nueva Programación
“El sistema responde, los derechos están resguardados. Pero lo que falla es el funcionamiento judicial, que no aplica lo que está previsto en la ley”, afirmó. Según Bettiol, muchas provincias no cumplieron con la conformación de cuerpos médicos forenses judiciales, lo que permite que los peritos designados sin control ni concursos actúen con total discrecionalidad.
“La ley es clara: los peritos deben ser seleccionados por concurso, remunerados por trabajo realizado y no por el porcentaje de incapacidad que estimen. Además, tienen que usar los baremos y el listado de enfermedades para objetivar el daño”, detalló. En cambio, explicó que en muchas jurisdicciones se paga en función del porcentaje peritado, lo que genera un incentivo económico perverso.
Bettiol explicó que esta falta de control fomenta una industria del juicio en la que incluso personas que recibieron el alta médica sin secuelas terminan iniciando demandas judiciales. “¿Por qué la justicia abre una vía paralela cuando la persona ya fue tratada y no tiene secuelas? Eso genera una distorsión enorme”, cuestionó.
Cuando se le preguntó si el aumento de los juicios está vinculado con un incremento en los accidentes, Bettiol fue enfática: “No, para nada”. Indicó que los fallecimientos bajaron un 81% y los accidentes laborales un 55% desde el inicio del sistema. A pesar de esa mejora, el volumen de demandas creció de forma exponencial.
“El país tiene por primera vez indicadores de siniestralidad comparables con los del mundo desarrollado, pero con una litigiosidad 15 o 20 veces superior. No hay ningún elemento del sistema que lo justifique”, aseguró.
Juicios esperados para el 2025
En 2025, según las proyecciones de la UART, se esperan 132.000 juicios contra las ART. Si Argentina tuviera la tasa de litigiosidad de España, esa cifra se reduciría a 8.000. “Esas son las proporciones con las que estamos lidiando”, enfatizó.
Bettiol también criticó que este exceso de juicios genera un sobrecosto que recae sobre el conjunto de la economía. “Los precios, los costos, finalmente los pagamos todos en el supermercado”, dijo. Añadió que si se intentara financiar esta situación con un ajuste de alícuotas, habría que duplicarlas, algo que consideró inviable.
Algunas provincias presentan indicadores especialmente preocupantes. Bettiol mencionó el caso de Entre Ríos, donde las tasas de interés judiciales carecen de correlato con las variables económicas. También señaló que en la provincia de Buenos Aires se observan distorsiones similares. “Los gobernadores están preocupados por la competitividad laboral de sus provincias, que se ve afectada por las decisiones de sus poderes judiciales”, explicó.
La titular de la UART subrayó que el sistema administrativo responde con celeridad ante los accidentes reales. “Cuando hay una incapacidad o un fallecimiento, el sistema paga en 15 días. No hay problemas con eso”, aclaró. En cambio, advirtió sobre los casos en los que la persona se recupera completamente, no presenta secuelas, y sin embargo presenta una demanda.
Según Bettiol, muchas veces estas personas son mal asesoradas. “Les dicen que no es contra su empleador, que es contra la ART. Pero la verdad es que eso también afecta al empleador porque le impacta en la alícuota”, remarcó. Añadió que si esta situación se sigue expandiendo, se pone en peligro la sostenibilidad del sistema.
Consultada respecto de la existencia de una “cultura del juicio” en la sociedad argentina, Bettiol coincidió: “Sí, lo cierto es que los juicios deberían ser la excepción, como en otros países. Pero acá están naturalizados”.
Reiteró que no hace falta nueva legislación para resolver el problema. “Las reglas están, las normas están. No hace falta más burocracia. Simplemente hay que cumplir con lo que ya se aprobó”, insistió.
Los cuerpos médicos forenses previstos por la ley de 2017 todavía no funcionan en muchas provincias que adhirieron a esa normativa. Esto deja la pericia judicial sin controles efectivos, sin peritos de parte y sin regulación de honorarios.
Bettiol advirtió que esa falla del sistema judicial introduce una presión insostenible sobre el sistema de ART. Y agregó que los incentivos actuales llevan a los peritos a sobreestimar el daño, ya que eso incrementa sus honorarios. “Todos los estímulos están dados para que la pericia sea mayor. Es una lógica contraria al funcionamiento adecuado del sistema”, afirmó.
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