El Gobierno oficializó este jueves la autorización para poner en marcha la privatización total de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) en un proceso que se dará por etapas, con el desprendimiento de cada una de las 15 unidades de negocio. El primer paso será la venta de las acciones de la empresa estatal en Citelec, controlante de Transener, la principal transportadora de electricidad de la Argentina.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 286/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei. Los pasos siguientes serán el encargo de una valuación y la posterior publicación de los pliegos. Hay optimismo del Gobierno para que el proceso termine antes de que termine el año.
Citelec posee el 52,65% del capital accionario de Transener, incluyendo la totalidad de las acciones clase A (51%) y un 1,65% de las acciones clase B. A través de esta participación, el Estado tiene control sobre una empresa clave en el sistema eléctrico nacional, responsable de operar más de 14.000 kilómetros de líneas de alta tensión, lo que equivale al 85% del sistema de transporte eléctrico en Argentina.
La norma establece que la venta se realizará mediante un concurso público de alcance nacional e internacional. Según contaron fuentes oficiales a Infobae, la idea es fijar un precio base para la licitación y hubo muchas empresas que ya mostraron interés por el negocio de Transener. La opción de licitar parte del paquete accionario no sería la mejor opción en este caso, según la visión oficial.
Teniendo en cuenta la capitalización bursátil de la compañía y que Enarsa posee un más cuarto de la participación, el Gobierno espera recibir al menos unos USD 200 millones. Con la próxima revisión de tarifas y si la macroeconomía se mantiene estable, esperan, podrían elevar ese monto.
El Gobierno también está por finalizar el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), donde se definirán los aumentos habilitados por la Secretaría de Energía para los próximos cinco años, así como los planes de inversión de las empresas de servicios públicos, como Transener. Un panorama confiable de ingresos podría atraer a muchos interesados en adquirir las acciones que actualmente posee el Estado en la transportista.
La operación no incluirá un programa de propiedad participada ni otorgará preferencias a empleados o provincias, lo que marca un contraste con la experiencia anterior que se dio en los noventa. Pampa Energía, dueña de las acciones restantes de Citelec, no tendrá prioridad en este caso, explican en despachos oficiales.
Según el texto oficial, el objetivo es avanzar hacia una gestión más eficiente, atraer inversión privada y reducir la carga fiscal que actualmente representa Enarsa para el Estado. En 2023, la empresa recibió transferencias por más de $1,23 billones, según los estados contables mencionados en el decreto. La iniciativa responde a la estrategia del Gobierno de concentrarse en funciones esenciales, desinvirtiendo en sectores considerados no prioritarios.
La compañía Citelec también participa como accionista minoritaria en Transener Internacional Ltda. y Transba S.A., otras dos firmas del sector eléctrico. El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será responsable de llevar adelante el proceso, incluyendo la redacción de los pliegos licitatorios que deberán garantizar el cumplimiento de las limitaciones previstas en el artículo 31 de la Ley 24.065, que establece restricciones a la integración vertical en el sector eléctrico. Ninguna empresa generadora, como Pampa, puede tener también el control total de una transportista.
El inicio formal de este proceso se produce dos días después de que Infobae adelantase que el Poder Ejecutivo ya tenía listo el plan para avanzar con la privatización de Transener. La empresa figura entre las que fueron declaradas “sujetas a privatización” por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), y cuya desinversión ya había sido recomendada en un informe técnico elevado por el Ministerio de Economía.
De esta manera, se da el puntapié inicial a un ambicioso programa de privatización de activos energéticos estatales, que según el propio decreto se desarrollará por etapas, respetando las particularidades legales y operativas de cada unidad de negocio de Enarsa. La enajenación de Citelec es, así, el primer paso en una reconfiguración profunda del rol del Estado en el sector energético.
La Ley Bases que impulsó el Gobierno contempla la privatización total de Enarsa e Intercargo y, en forma parcial, con posibilidad de concesión, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse) y Corredores Viales. Además, se autorizó a que se abran a recibir capitales privados otras dos firmas, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.
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