En 14 meses, el Gobierno dio de baja a 42.034 empleados de la administración pública

Durante los primeros 15 meses de gestión del presidente Javier Milei, un total de 42.034 empleados dejaron sus puestos en el sector público nacional. Esta cifra representa una reducción del 8,4% del personal estatal y marca uno de los ajustes más profundos en la estructura administrativa del Estado argentino en décadas recientes.

El dato fue informado oficialmente este viernes por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir el gasto público y avanzar hacia el equilibrio de las cuentas fiscales. De acuerdo con el informe difundido por la cartera, esta reducción genera un ahorro estimado de USD 1.635 millones anuales.

Según el análisis presentado, las desvinculaciones abarcan tres grandes áreas del Estado: la Administración Pública Nacional (APN), las empresas estatales y el personal militar y de seguridad. La APN concentró el mayor volumen de bajas, con una reducción del 11,8% en su plantel, seguida por las empresas públicas, donde la caída fue del 15%, y el sector de defensa y seguridad, con menores cifras aunque también en descenso.

Dentro de la APN, el recorte alcanzó a todas las modalidades de vinculación laboral. El personal de planta permanente y transitoria se redujo en un 6%, en tanto que los empleados contratados bajo la Ley Marco (Ley 25.164) disminuyeron en un 18,6%. Sin embargo, el mayor ajuste se registró entre quienes prestaban servicios bajo el régimen LOYS —monotributistas regulados por el Decreto 1109/17—, que cayeron un 50,7% en el mismo período.

El informe destaca que, tomando como base los salarios promedio ponderados de febrero de 2025 para cada tipo de contratación, el ahorro en sueldos asciende a USD 817,5 millones anuales. A este monto se le suman los costos indirectos asociados al funcionamiento administrativo —infraestructura, servicios, insumos, equipamiento— que, según estimaciones utilizadas por el propio Gobierno, equivalen aproximadamente al salario del trabajador. Por esta razón, se estima que el costo total de un empleado estatal duplica su sueldo, llevando el ahorro total proyectado a 1.635 millones de dólares.

Tipos de contratos

Desglosado por tipo de contrato, el mayor ahorro en sueldos proviene de las desvinculaciones bajo la Ley Marco, con USD 216 millones, seguidas por las del personal de planta permanente y transitoria (USD 190 millones) y los contratos LOYS (USD 61 millones). Sumando los costos indirectos, los valores se duplican: USD 432 millones, USD 380 millones y USD 122 millones, respectivamente.

El documento oficial también hace una salvedad metodológica: los cálculos se basan en el salario promedio de la APN, pero se aplican también para estimar el ahorro en otros sectores del Estado, como las empresas públicas y las fuerzas de seguridad. Si bien esta aproximación puede resultar conservadora —dado que los costos asociados pueden ser mayores en otras áreas—, se consideró apropiada para unificar criterios de análisis.

Desde el Gobierno se sostiene que esta política de reducción de personal responde a un compromiso explícito con la eficiencia, la austeridad y la necesidad de alcanzar el superávit fiscal. “Son menos impuestos para todos nosotros”, afirmó el ministro Sturzenegger en sus redes sociales, al comunicar los resultados del informe. En ese sentido, el recorte en la estructura del Estado se presenta como uno de los pilares centrales de la estrategia económica que impulsa la actual administración.

El proceso de desvinculación ha generado reacciones diversas. Desde sectores afines al oficialismo se lo celebra como un paso clave hacia la modernización del aparato estatal. Por el contrario, desde la oposición y los gremios estatales se ha cuestionado la metodología, el impacto social y el posible deterioro en la capacidad operativa de ciertas áreas sensibles de la administración pública.

Organizaciones sindicales advirtieron que muchas de las personas afectadas cumplían funciones clave en áreas sociales, de salud, educación o ciencia y técnica, lo que, según sostienen, podría afectar la calidad y continuidad de servicios públicos esenciales. A su vez, denuncian que en algunos casos las desvinculaciones se realizaron sin mediar evaluaciones de desempeño ni procesos de revisión adecuados.

Avance hacia una segunda etapa

Frente a estas críticas, el Gobierno reafirmó que el proceso de reducción fue planificado y que continuará durante este año. La cartera de Desregulación anticipó que se avanzará con una segunda etapa que incluirá la eliminación de áreas estatales consideradas no esenciales, así como una revisión integral de estructuras organizativas con el objetivo de evitar duplicaciones, superposiciones de funciones y mantener sólo las dependencias con impacto real en la gestión pública.

En paralelo, el ajuste del empleo estatal se enmarca dentro de una política más amplia de recorte del gasto público. El mismo informe oficial menciona que la mejora del resultado fiscal durante los primeros meses de 2025 se explica, en gran parte, por la fuerte contracción del gasto primario. Las transferencias a las provincias, la obra pública y los subsidios son otras de las partidas que también sufrieron importantes reducciones nominales y reales.

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