El Gobierno aumentó el recargo en las tarifas de gas para financiar subsidios en las zonas más frías del país

El Ministerio de Economía aumentó del 5,44% al 6% el recargo que se cobra a los usuarios de gas natural para financiar un subsidio en las facturas de las regiones más frías de la Argentina, a través de la resolución 356/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial. Ese adicional se aplica sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist), uno de los componentes de la tarifa, y nutre el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

La normativa comenzó a regir este 1° de abril y alcanza tanto a los volúmenes comercializados como al autoconsumo. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) quedó a cargo de ajustar los procedimientos de facturación para que las distribuidoras trasladen correctamente ese recargo a las tarifas finales de los consumidores.

El Fondo Fiduciario, creado por la ley 25.565 y luego ampliado por las leyes 25.725 y 27.637, permite aplicar un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el PIST. A partir de 2024, el Fondo dejó de estar bajo la órbita de la Secretaría de Energía y pasó a depender del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. Este cambio administrativo provocó demoras en los pagos a las distribuidoras, que reciben transferencias para cubrir la diferencia entre el valor que abonan los usuarios beneficiarios del subsidio y el costo real del gas.

El reintegro que reciben los usuarios de zonas frías no se financia con aportes del Tesoro Nacional, a pesar del nombre del fondo, sino con el recargo que pagan los usuarios de regiones no beneficiadas. Esos hogares, pequeños comercios e industrias que no acceden al beneficio subsidiado, sostienen el fondo con un porcentaje aplicado directamente en su factura.

Desde 2002, unos 800.000 usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza) recibieron un descuento del 50% en el precio del gas en el PIST. En 2021, a través de una ley sancionada por el Congreso, el Gobierno amplió ese beneficio a múltiples zonas del país. Se incorporaron localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Tucumán y Catamarca, así como a cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires, con un descuento del 30%.

Actualmente, el subsidio alcanza a 4,3 millones de hogares, sobre un total de 9,5 millones de usuarios que tienen acceso al gas natural. Estos hogares acceden a tarifas reducidas, mientras el Estado compensa a las distribuidoras con los recursos recaudados por el Fondo Fiduciario.

Durante 2023, el fondo tuvo ingresos por $322.210,2 millones y gastos por $377.021,0 millones, lo que dejó un déficit de $54.810,8 millones. En contraste, en 2022, el fondo había cerrado con un superávit de $39.213,3 millones. La Secretaría de Energía no informó si ese cambio de signo en el resultado financiero motivó el aumento del recargo a 6%.

La resolución también instruyó a las comercializadoras a aplicar y trasladar el recargo en su exacta incidencia sobre el precio de compra del gas en el PIST. Para el caso del autoconsumo, el monto a ingresar deberá calcularse según el volumen consumido, el precio promedio ponderado de ventas de la empresa y la alícuota del 6%.

La normativa fue firmada por Luis Caputo y se enmarca en la política del Gobierno nacional de avanzar hacia un esquema de subsidios energéticos focalizados, en reemplazo del modelo generalizado financiado históricamente por el Tesoro Nacional. Este proceso forma parte de las medidas adoptadas bajo los decretos de emergencia energética y económica 55/23, 70/23 y 1023/24.

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas fue uno de los instrumentos incluidos por el Poder Ejecutivo en el proyecto original de Ley Bases para su eliminación. Sin embargo, la presión de gobernadores de provincias beneficiadas por el régimen hizo que el Gobierno diera marcha atrás con esa iniciativa, al menos por el momento.

La continuidad de este fondo representa un mecanismo de transferencia de ingresos entre regiones, ya que los usuarios de zonas templadas o cálidas financian los descuentos otorgados a quienes residen en áreas con temperaturas más extremas. No obstante, el aumento en el recargo también impacta en las facturas de millones de hogares que no acceden al beneficio.