El Gobierno lanzará en las próximas semanas una serie de licitaciones internacionales para ejecutar obras de alta tensión destinadas a reforzar el sistema eléctrico nacional, cuya fragilidad quedó expuesta tras los cortes de luz del verano y los apagones registrados a principios de marzo durante la ola de calor. Las obras no se limitarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino que también incluirán provincias del NEA, NOA y la Patagonia, según anticiparon fuentes del sector a Infobae.
La Secretaría de Energía, que encabeza María Tettamanti, mantiene la línea de que el financiamiento —por montos millonarios en dólares— deberá provenir del sector privado, en sintonía con la consigna oficial de que “se terminó la obra pública”. El organismo analiza alternativas para evitar que estas inversiones sean prefinanciadas mediante tarifas, aunque de todas formas el costo se trasladará a los usuarios finales de algún modo.
El AMBA es la zona de mayor riesgo durante los picos de consumo, ya que concentra el 40% de la demanda eléctrica nacional. Tettamanti ya había anunciado a fines del año pasado la licitación del proyecto “AMBA I”, que contempla una línea de alta tensión entre Vivoratá y Plomer, con una estación transformadora en esta última localidad. También se proyectan líneas entre Ezeiza y Plomer, y entre Atucha y Plomer. La inversión estimada es de USD 1.000 millones, con un plazo de ejecución de hasta 36 meses, según datos oficiales.
El llamado a licitación se postergó debido a la falta de consenso interno sobre el esquema de financiamiento. Inicialmente, Tettamanti había propuesto aplicar un cargo adicional en las boletas de todos los usuarios del país, pero la Casa Rosada descartó rápidamente esa opción.
En este contexto, se intensificaron los pedidos de gobernadores para incluir obras en el interior del país. “Los cortes en las provincias tienen menos repercusión, pero si mejoramos la red se beneficia todo el país”, argumentaron cerca de un mandatario provincial.
Desde el sector energético, advierten que la falta de mantenimiento es una de las principales causas de los cortes masivos. En los últimos años, las inversiones en infraestructura eléctrica han sido insuficientes debido a un esquema tarifario que no permitió cubrir costos. Aunque el Gobierno de Milei avanzó en la recomposición de tarifas, el impacto en la calidad del servicio aún no se percibe y las obras necesarias requieren.
“El sistema eléctrico está al borde del colapso. Hoy, ante una mínima falla en el sistema de transporte, se producen cortes”, advertía en enero de 2024 el entonces secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Esa advertencia se materializó poco después: en febrero, el sistema colapsó ante un pico de demanda por la ola de calor. A finales de marzo, fallas en cables de alta tensión de Edesur provocaron dos apagones en el AMBA, especialmente en el centro porteño, afectando a 740.000 usuarios en una jornada con una sensación térmica superior a los 44 grados.
Más de 50 personas quedaron atrapadas en ascensores y fueron rescatadas por bomberos en la Ciudad. Además, se brindó asistencia a pacientes electrodependientes. El apagón también generó caos vehicular por semáforos fuera de servicio, cortes en el subte, trenes detenidos y colectivos saturados.
Como respuesta, la Secretaría de Energía lanzó la convocatoria “Almacenamiento GBA - AlmaGBA” para contratar 500 MW de capacidad en nodos críticos del AMBA. Este plan, inédito en el país, requiere una inversión de USD 500 millones y un plazo estimado de entre 12 y 18 meses. El objetivo es mejorar la confiabilidad del suministro durante los picos de demanda.
Los sistemas de baterías permitirán inyectar energía al sistema en momentos de déficit, funcionando como una solución temporal mientras se expande el parque generador. Aunque costosa, esta tecnología ya se utiliza a nivel global como respuesta rápida ante crisis energéticas.
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